‘Quisimos aportar evidencia en un tema que muchas veces se trata desde el prejuicio y el estigma. Es necesario ver datos y no solo percepciones’, afirma Pablo Roessler, responsable de Estudios del SJM.

‘Según El Polígrafo de ‘El Mercurio’ La migración ha sido uno de los temas con más noticias falsas en los últimos dos años, muchas de ellas vinculadas a hechos de delincuencia. Quisimos aportar evidencia en un tema que muchas veces se trata desde el prejuicio y el estigma. Es necesario ver datos y no quedarnos solo en las percepciones’, afirma Pablo Roessler, responsable de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Por ello, la organización levantó y analizó datos de Carabineros, Gendarmería y la Subsecretaría de Prevención del Delito para dilucidar si existe vínculo entre el aumento de la migración y el alza de la delincuencia. ¿La conclusión? No.

Según los datos recabados (ver gráficos), el informe asegura que ‘el considerable aumento de población migrante residente no ha traído un aumento porcentual de personas extranjeras en calidad de victimarias, ni tampoco de recluidas, disminuyendo incluso el porcentaje de extranjeros bajo dichas condiciones en los últimos años’.

Dos dimensiones
A juicio de Roessler, la idea que descarta el estudio de un nexo entre migración y delitos se ve alimentada por dos factores: ‘El primero es que algunos delitos de mayor connotación social fueron cometidos por personas extranjeras aisladas y los medios resaltan la nacionalidad como algo principal en el delito. El segundo es que constantemente autoridades públicas han tenido aseveraciones que vinculan población migrante con delincuencia’. En ese sentido, se muestra preocupado por el hecho de que en un escenario de muchas elecciones y alto desempleo, ‘el vínculo migración-delincuencia se exacerbe, llegando al electorado con mensajes fáciles, sin basarse en ninguna evidencia’.

El estudio -disponible en www.migracionenchile.cl- también plantea una distinción que no suele tomarse en cuenta: no todo extranjero es migrante. ‘La población migrante es aquella que tiene intención o demuestra querer radicarse en el país. En el mundo, y Chile no es la excepción, los denominados ‘burreros’ no tienen intención de quedarse en el país, y ninguna relación existe entre ellos y el proceso migratorio actual’, detalla Roessler.

Lo anterior explicaría el considerable porcentaje (casi 50% en 2020) de la población penal extranjera que se encuentra en calidad de imputada, que abarca un alto número de ‘burreros’.

El texto también entrega una serie de propuestas para abordar el reto de la vulnerabilidad de la población migrante, marcada por la informalidad laboral, que muchas veces se correlaciona con detenciones.

Roessler subraya que la ‘principal causa de detención por delitos vinculados a población migrante no son delitos de alta connotación social o hechos delictuales gravísimos. Las mayores causas se asociaron con comercio ambulante, y en 2020, en el marco de una crisis sanitaria, con el hecho de tener que salir a trabajar de igual modo, como ha sucedido con muchos otros grupos vulnerables de la sociedad chilena. Las personas migrantes que no logran regularizar su situación deben conseguir trabajos informales para subsistir y ello conlleva una posterior detención. Es un círculo vicioso que debe abordarse atendiendo las causas y no solo quedarse en los síntomas’.

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