Cada año, estudiantes y comunidades migrantes se ven expuestas a una serie de obstáculos y falta de información clara a la hora de buscar opciones para continuar con sus estudios. El principal problema radica en las escasas posibilidades de financiamiento que el Estado ofrece al estudiantado migrante a la hora de ejercer su derecho a la educación.

La migración en Chile ha experimentado cambios significativos que se han traducido en el ingreso de numerosas familias a la demografía local. Especialmente desde 2014, estas transformaciones han propiciado el ingreso de estudiantes de diversos orígenes a las escuelas públicas de todo el país, alcanzando un 19% de la matrícula hace un año, según datos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

“Antes la migración era principalmente femenina, pero eso empieza a cambiar con mucha fuerza en los últimos cinco años, aumentando la matrícula de estudiantes migrantes en las escuelas, sobre todo básicas. Se ha ido visibilizando muy de a poco”, explica Trinidad del Río, directora de Educación e Interculturalidad del SJM.

Sin embargo, la inserción del estudiantado migrante a la vida estudiantil en Chile no ha sido fácil. Especialmente, por las barreras que enfrentan a la hora de acceder a beneficios y ayudas estatales que garanticen su derecho a la educación. El panorama es especialmente complejo en materia de acceso a la Educación Superior a partir de este año, cuando se comenzó a exigir  haber cursado la enseñanza media completa en el país para poder obtener la gratuidad, además de la residencia definitiva en el país.

En la sección “¿Quiénes tendrán derecho a gratuidad en 2021?”, la Subsecretaría de Educación Superior sostiene que uno de los requisitos para acceder al beneficio -el más importante para el estudiantado desde su incorporación durante el gobierno de Michelle Bachelet 2017- es “tener nacionalidad chilena, o bien ser extranjero con permanencia definitiva o residencia. En caso de tener residencia, el estudiante debe además contar con enseñanza media completa cursada en Chile”.

Según denunció el SJM, en 2017, el segundo año desde que comenzó a regir la gratuidad universitaria, 224 estudiantes extranjeros/as no pudieron estudiar con dicho beneficio, pese a tener visa de estudios y pertenecer al 50% de la población con menores ingresos. Meses más tarde, la misma entidad presentó un recurso de protección contra el MINEDUC por el derecho de igualdad ante la ley, representando a siete estudiantes migrantes a las cuales se les negó el beneficio por no contar con la permanencia definitiva vigente. Desde entonces las cosas no han cambiado.

Trinidad del Río argumenta que la regularización migratoria y la actual legislación de Chile en la materia tiene directa relación con los obstáculos que deben sortear les estudiantes: “Se les pide en este momento la residencia definitiva y eso es algo que es muy difícil de obtener y que además pone al estudiantado en una situación de mucha dependencia de sus padres, madres o tutores/as: en la medida que esas personas no tengan regularizada su situación, no pueden hacer nada para llegar a cuarto medio con su residencia definitiva”.

Nicole Ojeda, Coordinadora del área de Inclusión del Programa PACE de la Universidad Católica Silva Henríquez, enfatiza que la migración no funciona de acuerdo a los planes de estudio. “Muchas veces no se planifica en función de los ciclos de los años lectivos. No es que las familias migran para que sus hijes entren a primero medio en el nuevo país, ni siquiera la hacen planificando que lleguen a Chile antes de marzo. Se llega cuando se llega, entonces muchas veces el estudiantado que egresa se incorporan a la educación chilena en tercero medio, en segundo medio o a la mitad de primero medio”.

El escenario es más complejo si se considera que la gratuidad universitaria, junto a la Beca Juan Gómez Millas y el Crédito con Aval del Estado (CAE) -que también exige residencia definitiva- son los únicos requisitos que contemplan a estudiantes migrantes.

“No pueden optar a ninguna beca porque todas tienen como requisito ‘ser chileno’. La gratuidad es la única que no discrimina por nacionalidad, aunque sí lo hace por estatus migratorio, dejando fuera a niñas, niños y adolescentes que tienen visa temporaria y no cumplieron con los 4 años de enseñanza media en Chile”, complementa Nicole.

Actualmente y a la espera del proyecto de ley que renueva la Ley de Migraciones, el país cuenta con una de las normativas más antiguas del continente, adoptada por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet y criticada por diversos organismos de DDHH y agrupaciones migrantes. Sin embargo, la propuesta emanada del gobierno de Sebastián Piñera tampoco convence a los colectivos que trabajan el tema.

“El actual proyecto impulsado por el Gobierno empeora la situación, porque consolida el proceso en la regularización de la visa, que puede tardar hasta dos años. Muchos estudiantes están solos intentando resolver esto. Es absurdo”, explica Héctor Pujols, ex presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes.

A su juicio, la situación compleja que enfrenta el estudiantado migrante en Chile no ha sido prioridad para los últimos gobiernos ni para las instituciones. “Al Estado chileno parece no interesarle la educación del estudiantado migrante, mucho menos a la Educación Superior, que la ve como un negocio y por ende el ingreso de este estudiantado es más una carga para ellos”, sentencia.

La negativa del proyecto del gobierno al cambio de estatus migratorio es uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley. Así lo recuerda Trinidad del Río: “No quieren permitir que si una persona ingresa con un tipo de visa pueda cambiarla con el tiempo, por ejemplo, de turista a residencia. Esto va a tener muchos efectos luego en el ejercicio de derechos e todas las personas en general y por supuesto de jóvenes y su acceso a la Educación Superior”.

A la vez, complementa Caru Garzón, docente y activista de la Brigada Migrante Feminista, la propuesta del Ejecutivo sigue criminalizando las corporalidades migrantes. “Si te fijas la zancadilla es la misma: sin documentos, sin RUT no existes y sin permanencia definitiva no logras una ciudadanía ‘plena’. La regularización ya es una completa farsa, ese proceso está colapsado desde hace años negando, entre otros, un derecho fundamental, como es el derecho a la identificación. Y ahora se está convirtiendo en un completo desbarrancadero, pues si eres migrante, regularizarte implica acreditar un contrato laboral con un mínimo de 8 cotizaciones, ¿quién en este contexto y en adelante puede ahora acreditar eso?”.

En marzo de este año, la Mesa Migrante que reúne a diversas instituciones PACE de la Región Metropolitana envió una carta a Extranjería informando las complejidades del nuevo escenario de financiamiento y pidiendo colaboración entre estamentos del Estado para mejorar las condiciones de acceso al estudiantado. Hasta ahora no han obtenido respuesta.

“Hay muchos estudiantes que no lo intentan”

A inicios de noviembre, durante cada año, les jóvenes son llamados a completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) que permite postular a diversos beneficios como gratuidad, becas y créditos. Sin embargo, el estudiantado migrante enfrenta obstáculos desde el momento de la postulación, ya que el sistema sólo permite ingresar a personas con RUN de dos dígitos y el Identificador Provisorio Escolar (IPE) que se les asigna no es compatible con dicha plataforma. De este modo, les resulta imposible acreditar su situación familiar y ser calificados en el quintil que corresponde.

Los obstáculos se duplican para quienes no manejan el idioma o utilizan una lengua que no es considerada en los procesos de postulación, como ocurre con la población sorda.

Dean Durán, joven oriundo de Bolivia, postuló a la gratuidad para financiar sus estudios como contador auditor público en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y enfrentó el mismo problema. “No hice el correcto llenado del FUAS, el cual no reflejaba mi verdadera situación económica”, se lamenta. Tras recibir la mala noticia, lo primero que pensó fue en apelar, proceso que inició junto a su institución. Pero también ideó un plan en caso de no lograr un resultado favorable: “Pensé en negociar para pagar el semestre con un ahorro familiar que tenemos, devolvernos a nuestro país después de la pandemia y ver cómo convalidar el semestre estudiado, terminar mis estudios allá”.

Dean lamenta que no se considere la diversidad del estudiantado a la hora de crear las plataformas de postulación a beneficios estudiantiles: “No me parece correcto que la única forma de poder acceder a la gratuidad sea online mediante formularios sin tener comunicación o manera de expresar correctamente la situación que uno vive”, reclama.

Florence Gonasma, estudiante PACE UCSH, vivió una historia similar. Desde su llegada a Chile desde Haití y, con la ayuda de PACE, no dudó en postular al beneficio de gratuidad para acceder a la Educación Superior. Había cursado tercero y cuarto medio en territorio nacional y tenía su visa definitiva en trámite, luego de casi dos años de burocracia. A la joven le preasignaron el beneficio y decidió matricularse en la UCSH, pero tiempo después le informaron que no tendría gratuidad.

Florence dejó de hacer sus tareas y de estudiar cuando recibió la noticia. Estaba en shock ante la posibilidad de perder la que considera su única oportunidad de continuar su formación profesional. “Tengo hermanos aquí, pero no les alcanzará para ayudarme”, explica. “Mi plan b sería pagar por mis estudios pero no tengo para eso”.

Junto al equipo PACE de la UCSH, la joven apeló una vez más y terminó por obtener la gratuidad. Tras sortear una serie de obstáculos, Florence reflexiona que las autoridades “no se dan cuenta que las personas migrantes van a hacer cosas útiles para todos y que somos seres humanos iguales pero de diferentes nacionalidades al azar. En cada país hay reglas pero deberían darnos oportunidades porque necesitamos educarnos para ser útiles en cualquier sociedad, para que no solamente vean a las personas extranjeras como perdedores sin futuro”.

Las asociaciones migrantes han sido enfáticas en señalar que los múltiples obstáculos que sortea el estudiantado migrante evidencian el racismo estructural en Chile. Sin asesoría y apoyo directo de las comunidades educativas, el acceso a sus nuevas opciones de futuro académico en nuestro país se ven definidas por la falta de alternativas, financiamiento e información clara y oportuna.

Caru Garzón, de la Brigada Migrante Feminista, sostiene que se trata de un problema invisibilizado en la actualidad: “Al ser migrantes la contingencia que sorteamos como comunidad es sobrevivir, y si bien logramos organizarnos, nos la pasamos a contratiempo para poder desarrollar, proponer e incidir sobre más cosas”. A la vez, recuerda la importancia de los derechos culturales para las infancias migrantes: “Por ejemplo, el derecho de mantener comunicación con su país de origen, algo tan fundamental y que habla de que somos culturas interdependientes; más el ejercicio de las fronteras está diseñado para seguir diseccionando la resistencia colectiva que somos, la historia que representamos”, se lamenta.

El escenario de un estudiantado diverso plantea desafíos para la institucionalidad y las comunidades educativas, donde cada persona cumple un rol fundamental. Por ello, la Mesa Migrante del Programa PACE en la Región Metropolitana se ha volcado a trabajar en la educación al respecto: “El programa nos ha permitido encontrarnos con casos de estudiantes que, teniendo todas las posibilidades, quedan fuera por un hecho que depende de su situación familiar”, apunta Trinidad del Río. “Hay muchos estudiantes que no rinden la Prueba de Selección Universitaria -hoy de Transición- y no lo intentan porque piensan que no tienen posibilidad”.

El trabajo de acompañamiento y capacitación en los establecimientos cobra importancia, pese a que la pandemia sumó nuevos obstáculos. “Cuando el objetivo está en construir una escuela intercultural, el acceso a los derechos es responsabilidad de todes. Es difícil porque la escuela tiene muchas tareas y funciones que cumplir, pero en este momento es la única alternativa que hay porque es una institución muy importante para la familia”, sostiene.

A la espera del reconocimiento del Estado del derecho a la educación para todes les niñes y adolescentes en territorio chileno, las organizaciones migrantes proponen el desarrollo de políticas de cuidado en las comunidades, además de la capacitación de docentes y educadores en una mirada antirracista.

“Hacen falta referentes y espacios que ocurran desde las historias de resistencia, resignificación y lucha activa de nuestros pueblos. Para el estudiantado es clave contar con la posibilidad de participar en espacios interculturales de acogida para entender el contexto del cual vienen y con el cual se van a conectar para continuar con su trayectoria educativa. Siempre en respeto y reconocimiento de su lenguaje, expresiones e identidad”, sostiene Caru Garzón.

Cada año, diversos organismos manifiestan su preocupación por los obstáculos que enfrenta el estudiantado migrante y que podrían agudizarse debido al aislamiento que ha causado la pandemia durante este 2020. Ad portas de un nuevo proceso de admisión -esta vez a distancia- y con la postulación a FUAS en curso hasta el próximo 17 de noviembre, la incertidumbre sobre sus opciones vuelve a instalarse.

Fuente: La Voz de los que sobran.

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