Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes hizo una radiografía sobre la situación de movilidad fronteriza. Señalaron que solo un 17% de extranjeros que ingresó por paso no habilitado se autodenunció ante las policías.

El pasado viernes el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publicó el informe «Dinámicas Fronterizas en el norte de Chile año 2020: Pandemia, medidas administrativas y vulnerabilidad migratoria». Material que se presentó a través de un seminario online, donde Pablo Roessler, coordinador del estudio, explicó que el objetivo del documento fue exponer las movilidades fronterizas que se han generado en el extremo norte del país durante este año, centrándose en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

En ese orden de ideas, hicieron una radiografía de la actual situación migratoria que vive la región, donde indicaron que la mayoría de los ingresos corresponden a venezolanos entre 18 y 30 años, los que están en situación de movilidad por tres razones: la situación económica que están atravesando países como Perú, Bolivia, Ecuador; el mayor control en la frontera Tacna-Arica, impulsado por ambos países; y motivados por el apoyo que le ofrecen familiares, que ya están radicados en Chile.

En el informe, elaborado en base a datos de la Policía de Investigaciones y entrevistas a distintos actores regionales, precisaron que se empezó a formar una «infraestructura» de movilidad ilegal por parte de terceros, que ayuda a ingresar de forma irregular a Chile, haciendo ruta por Perú, luego pasando la frontera con Bolivia en Desaguadero, luego Oruro, y después a pie a Colchane y Huara. Solo un 17% de indocumentados se autodenunció una vez llegados a territorio nacional.

«Es frecuente que no se cumpla lo acordado y los transportistas los abandonen en distintos puntos del desierto (…) las y los entrevistados señalan que son testigos de cientos de caminantes que llegan a pie a Huara, muchos de ellos con altos niveles de deshidratación y en estado de shock», detalló el estudio dado a conocer el viernes.

CRÍTICA

Desde el Servicio Jesuita aseguraron que las respuestas de las autoridades regionales frente a esta situación «han sido débiles» en soluciones de mediano y largo plazo. No así la de los jefes comunales.

«El Gobierno ha mantenido un enfoque securitista y criminalizador de los ingresos irregulares, sin comprender que se trata de una situación de crisis humanitaria, donde se juegan elementos de DD.HH», acusaron. Emplazaron al Gobierno a apuntar a un trabajo colaborativo entre países de la región, expresaron la posibilidad de otorgar refugio o generar visas humanitarias para residir de manera regular de estas personas, hicieron un llamado a trabajar con la comunidad «respuestas solidarias», ya que afirmaron que vieron expresiones de rechazo hacia la migración en ciudades como Iquique, La Paz y Lima. Por último, instaron al Gobierno a que refuercen iniciativas de cooperación intersectorial, ya que para ellos «un municipio no puede responder por sí solo a una política de Estado». En referencia a las situación a la que han estado expuestos los gobiernos comunales de la capital regional y Huara.

El alcalde de Colchane, Javier García, comuna donde estos extranjeros hacen el primer ingreso a nuestro país, criticó que hasta el momento no ve ninguna medida concreta del Gobierno en la frontera. «Hemos visto más bien una campaña comunicacional más bien adversa a la realidad, sin visualizar a la fecha ningún efecto, o ninguna medida que tienda a controlar el ingreso de extranjeros por el costado del Complejo Fronterizo de Colchane, estando aún cerrado, para el tráfico de personas. A la fecha solo he visto en los medios de comunicación anuncios por parte del Gobierno, sin que a la fecha haya información o comunicación de alguna medida hacia este gobierno comunal», declaró.

El intendente regional, Miguel Ángel Quezada, no desconoció que la situación de migración en la región ha sido compleja, pero garantizó que durante la pandemia el Gobierno ha redoblado los esfuerzos para lograr llevar a los migrantes a residencias transitorias y así -según él, resguardar la salud de ellos y la salud de los residentes.

«Ha sido muy importante en este tiempo la participación de las distintas instituciones y organismos (…) nos reunimos con ONU Migrantes, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, que ha estado coordinando distintas acciones con el Gobierno, a través de sus representantes en nuestro país», remarcó.

Desde esta organización indicaron que han estado realizando acciones de asistencia humanitaria, como entregar alimentación en Colchane y alojamiento temporal en Huara.

Fuente: La Estrella de Iquique.

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