Ministerio Público informa que investigaron 45 casos en 2020, donde hubo 277 víctimas, entre ellas 63 menores que cruzaron el desierto para llegar a Chile. Algunos fueron abandonados por los ‘coyotes’ a mitad de camino. Exhaustos, deshidratados y desorientados. Resignados a morir. Así describió un grupo de motociclistas a una veintena de migrantes venezolanos, incluyendo niños, intentando entrar a Chile, en septiembre pasado, en la Región de Arica y Parinacota. Los vieron mientras realizaban un recorrido por el desierto. La situación es investigada por la fiscalía local y da cuenta de la cruda realidad del tráfico de migrantes, fenómeno que, según cifras del Ministerio Público y el Servicio Jesuita a Migrantes, aumentó durante la pandemia el año recién pasado.
Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá concentraron los casos de tráfico, delito en el cual bandas organizadas cobran a los extranjeros para cruzar la frontera por distintos pasos no habilitados en el norte del país.
La Fiscalía de Arica informó que en 2020 hubo 45 casos investigados, donde se contabilizaron 277 víctimas de tráfico, entre ellas 63 menores de edad. En 2019 fueron 38 investigaciones formalizadas (no se informó la cantidad de víctimas). En total, el año que pasó la fiscalía formalizó a 30 personas por el delito de tráfico y asociación ilícita. De ellos, 27 se encuentran en prisión preventiva.
La fiscal regional de Arica, Javiera López, explica que ‘con la pandemia se observa gran cantidad de mujeres viajando con sus hijos buscando la reunificación familiar, porque sus parejas están en Chile trabajando’.
De acuerdo a las investigaciones, se ha determinado que deben pagar por el transporte, a los ‘coyotes’ que los trasladan y el hospedaje. Desde Tacna, en Perú, hasta Arica, el traslado tiene un valor de entre US$ 150 y US$ 300, y las bandas cobran un monto mayor por los menores de edad.
Una situación recurrente que se presentó en 2020, según relatos de las víctimas ante la justicia, es que las personas eran abandonadas a medio camino por los ‘coyotes’, con el fin de no ser detectados. Esto llevaba a que quedaran desorientadas en plena ruta, sin saber cómo llegar.
Tarapacá
En Tarapacá se identificaron alrededor de 40 víctimas de tráfico, todas haitianas, en 2020.
Camila Albarracín, fiscal de la región especializada en esos delitos, formalizó a siete personas por ese ilícito el año pasado. Al igual que en el caso de los venezolanos, se trataba de migrantes que buscaban reunirse con sus familias. La persecutora explica que las personas debieron pasar por varios países para poder llegar a Chile.
En los casos donde hubo formalizados se pudo constatar que los ciudadanos haitianos viajaron primero a República Dominicana, posteriormente a Guyana y finalmente ingresaron a Brasil, de manera legal. En Campo Grande (Brasil) entraron por un paso no habilitado a Bolivia. Según las investigaciones, tras ello los migrantes toman contacto con personas que facilitan el traslado, pagando entre 300 y 500 mil pesos por persona, para acceder a la zona de Alto Hospicio, en Iquique, para luego dirigirse a Santiago.
También se presentó la situación de venezolanos que entraron por Perú. En buses, rodearon la frontera de Arica y llegan a Tarapacá. ‘Se pone en peligro la vida de las personas’, dice la fiscal Albarracín, pues relató que entran caminando por el sector de Colchane.
Es el caso de Yucelys Inostroza (45), quien en noviembre falleció intentando llegar a Chile a pie por esa localidad. Las bajas temperaturas y una extensa caminata -a 3.700 metros de altura-, llevaron a que la mujer no resistiera y falleciera. Su familia relató que quería unirse a sus hijos que estaban en Santiago.
El Servicio Jesuita a Migrantes mira con preocupación estos hechos, lo que fue consignado en el informe ‘Dinámicas fronterizas’.
Según información solicitada a la Fiscalía de Arica, entre junio de 2019 y septiembre de 2020, la institución registró 390 víctimas de tráfico, de acuerdo a las formalizaciones por ese delito.
La mayoría son mujeres (57,4%) y el 89% proviene de Venezuela. En cuanto a trata de personas, es decir, la explotación de extranjeros, se identificaron entre 2011 y 2019, 267 víctimas de ese delito.
Javiera Cerda, jefa de la Oficina de Arica del Servicio Jesuita a Migrantes, explicó que quienes son traficados ‘llevan días de viajes y un anhelo por ingresar al país para reencontrarse con su familia. Por ello, y ante los endurecimientos de las medidas al ingresar a Chile, los traficantes ven la ocasión perfecta para cometer este ilícito y aprovecharse de la necesidad y vulnerabilidad de los migrantes’. Por ello, en el SJM -señalan- apoyan a las víctimas para que puedan acceder a atención social, jurídica, acompañamiento y contención.
Ocho mil ingresos ilegales
Pilar Giannini, jefa de la división de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, señaló que, de acuerdo a la información de la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte de la cartera, desde enero hasta el 21 de diciembre de 2020 se registraron 8 mil ingresos irregulares (la PDI informó 13 mil) por la frontera de Arica y Parinacota y Tarapacá, ‘lo que no se relaciona necesariamente a un tráfico ilícito de migrantes’.
Añadió que la mesa sobre trata de personas, donde participan 22 instituciones del Estado, sociedad civil y organismos internacionales, durante el año de pandemia se enfocó ‘en mejorar las capacidades de detección, protección de víctimas y persecución del delito, ya que las personas que son traídas de manera ilegal al país terminan siendo explotadas laboral y sexualmente’. Relató que ya van tres formalizados por ese delito este año
Fuente: La Tercera
