Por mientras, Gobierno prepara un despliegue militar para tratar de ayudar en la frontera norte y en la situación humanitaria.

Un despliegue de personal militar en la frontera norte del país se espera en los próximos días para tratar de ayudar con la crisis migratoria y eventualmente inhibir el tráfico ilícito de personas, luego de que ayer la Contraloría tomara razón del decreto que amplía la colaboración de las Fuerzas Armadas para prestar apoyo logístico, tecnológico y de transporte en el control de las fronteras.

Si bien se espera que el personal uniformado también ayude con la difícil situación humanitaria -especialmente en Colchane, donde han ingresado cerca de 1.800 personas desde el lunes-, es claro que el tema de fondo está lejos de solucionarse, más aún cuando el Gobierno carece de un cuerpo legal que le permita enfrentar la situación. Menos aún servirían iniciativas como la construcción de ‘zanjas’ en el límite norte, tal como lo planteó el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Aparentemente el tema de fondo pasa por establecer una coordinación y una colaboración efectiva con países como Perú y Bolivia para que tomen medidas en contra de traficantes de personas y también para que no presionen a migrantes venezolanos a abandonar sus territorios.

A juicio del abogado y exministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera (RN), la solución pasa por un acuerdo político. ‘Pensar en instalar puestos militares o policiales puede paliar en algo esta situación, pero en los hechos la distancia en la frontera es tan larga que se requiere llegar a una colaboración, a un modus vivendi, con el gobierno boliviano’, señaló, por ejemplo.

Ribera agregó que ‘así como la Unión Europea negocia con las autoridades de Libia y Marruecos, nosotros tenemos necesariamente que tener un diálogo constructivo con Bolivia para ejercer controles previos que nos permitan disminuir la presión en nuestras fronteras’.

‘Hay que trabajar con las autoridades bolivianas’, dijo también el también excanciller y actual precandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, en declaraciones Chilevisión, donde también agregó que ‘la raíz’ del problema es la crisis de Venezuela.

La exdirectora del Instituto de DD.HH., Lorena Fries (ex PS y hoy dirigenta de Unir), señaló que ‘una de las cosas que plantea el Acuerdo de Marrakesh, que Chile impulsó, pero no suscribió, es que los fenómenos migratorios actuales requieren acuerdos multilaterales de cooperación. No se pueden enfrentar de manera aislada, requieren coordinaciones, políticas comunes’.

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, dijo que hace tiempo vienen planteado que ‘esta crisis es de carácter humanitario y no sólo debe resolverse con control de fronteras, que es lo que le corresponde al Estado. Hay que ir más allá del enfoque securitista y establecer coordinación entre los organismos a nivel local, comunal y entre nuestras regiones; y también con los países vecinos para coordinar ayuda humanitaria’.

¿Ayuda la nueva ley?

Aunque el Gobierno puede comenzar a desarrollar un plan de emergencia, gracias al decreto que amplió el margen de colaboración de las FF.AA., uno de los problemas es que mientras más se dilate la publicación de la nueva Ley de Migración, se retrasan también las medidas que podrían restringir el ingreso irregular de extranjeros.

No obstante, también hay dudas de que un cuerpo legal sea suficiente para frenar el flujo migratorio.

Según la abogada y académica de la U. Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, la nueva ley no soluciona la crisis migratoria. ‘Lo que la nueva ley hace es la «devolución en caliente». Permite que la autoridad sin ningún procedimiento, devuelva a las personas, que se encuentren en la frontera, a su país de origen. Si bien le da una herramienta importante, la devolución inmediata, no soluciona el problema de fondo’.

En esa línea, la jurista coincide en que ‘esta es una crisis a nivel de continente’ y la forma de enfrentarla es de manera coordinada con otros países.

En todo caso, con la nueva legislación, el Gobierno podrá exigir, en ciertas situaciones excepcionales, una visa extendida previamente a ciudadanos de ciertos países, por ejemplo a quienes provengan de Venezuela.

Sin embargo, la nueva norma, que aún depende del fallo que está redactado el Tribunal Constitucional, establece un período de gracia de 180 días, para que los migrantes irregulares resuelvan su situación.

Por ello, mientras no se publique la nueva ley, todo extranjero que ingrese al país por estos días, puede acogerse a ese período de gracia.

-«Puestos militares pueden paliar en algo la situación, pero la frontera es tan larga que se requiere colaboración con el gobierno boliviano», Teodoro Ribera, abogado RN y excanciller.

-«Esta crisis no solo debe resolverse con control de fronteras. Hay que establecer coordinación también con países vecinos», Waleska Ureta, Dir. del Servicio Jesuita a Migrantes

Fuente: La Segunda

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *