Colchane, con 1.300 habitantes, llegó a albergar en enero a 2.000 migrantes por el «embotellamiento» debido a las restricciones frente a la pandemia.

Daniel huyó de Venezuela con su mujer hace tres años, dejando atrás a sus cinco hijos. Hasta hace tres semanas estuvieron en Perú, donde nació el sexto. Pero la crisis causada por la pandemia los empujó a cruzar a Bolivia, con destino Chile. Como otros muchos compatriotas en los últimos años, llegaron en bus y taxis colectivos hasta uno de los últimos pueblos bolivianos antes de la frontera, e hicieron unos 30 kilómetros a pie por un paso no habilitado. En plena zona desértica de alta montaña de los Andes, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, «tuvimos problemas porque no podíamos respirar bien». 

Muchos venezolanos creen que en Chile encontrarán un mejor nivel de vida, y se dirigen allí directamente o después de pasar temporadas en países intermedios para ganar dinero para la siguiente etapa. En la zona hay principalmente dos pasos fronterizos: Arica, en la frontera con Perú, y Colchane, con Bolivia. Este segundo es el más difícil, por la altura, las temperaturas (ahora, en el verano austral, bajan de cero por la noche) y la lluvia o la radiación solar extrema de día. Dos migrantes han fallecido en lo que va de año por problemas respiratorios poco después de llegar a su destino.

Un pueblo desbordado

Brayan hizo el mismo camino en noviembre con su mujer y sus tres hijos pequeños y aunque la altura no les molestó («habíamos estado un tiempo en Potosí, Bolivia, a 4.000 metros»), a medio camino «tuve que juntar lo imprescindible en una mochila y dejar las otras dos y la maleta que llevábamos». Tanto él como Daniel aseguran que cruzaron solos. Patricia Rojas, presidenta de la asociación de venezolanos en Chile ASOVEN, explica que la mayoría lo hacen con ayuda de organizaciones de tráfico de personas, que cobran unos 650 euros por cabeza. 

Cuando la familia de Brayan llegó a Colchane, no les fue difícil trasladarse hasta una localidad costera. Allí solicitaron asilo porque salió de Venezuela tras recibir amenazas por participar en manifestaciones contra el Gobierno. «Me han dicho que es un proceso de cuatro o cinco años y hasta entonces no me dan ningún papel porque las oficinas para conseguirlo están cerradas». Por ello, vive de forma clandestina, «jugando al ratón y al gato con la Policía» por miedo a que le deporten. 

El Colchane que recibió a Daniel era bien distinto. En enero, esta pequeña localidad de 1.300 habitantes ha llegado a albergar a 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos. Todo estaba desbordado. Rojas explica que después de años de un flujo constante de personas solo de paso, ahora se ha producido un «embotellamiento» porque la zona es una de las áreas del país más afectadas por la COVID-19 y está cerrada. Antes «podían autodenunciarse ante la Policía en cualquier parte» e iniciar así los trámites para obtener alguna documentación. Muchos optaban por hacerlo en su destino final. «Ahora les obligan a hacerlo aquí». 

Foto: AF / Ignacio Muñoz

«Los canales legales se han ido cerrando»

Por eso los recién llegados empezaron a acumularse en las calles. Hasta el 5 de febrero estuvieron a la intemperie, y se empezó a generar malestar entre la población local. Luego la Organización Internacional para las Migraciones instaló carpas y tiendas, y se inició el traslado a albergues de otras localidades cercanas para hacer cuarentena. Es el caso de Daniel y su mujer, después de pasar más de una semana «durmiendo en cualquier rincón». 

Ellos han tenido suerte. La semana pasada, el Gobierno chileno deportó en aviones y buses a 138 migrantes, a los que devolvió a Colombia y a la misma Venezuela. «Eso contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones masivas» y estipula que, «si hay una expulsión, esta no se produzca a un país donde la vida de la persona corre peligro», denuncia Rojas. Entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes también han criticado duramente esta decisión. 

El Ejecutivo se escuda en que son personas que han entrado ilegalmente en el país. «Es que los canales regulares se han ido cerrando», responde Rojas. Para entrar con un visado de turista, se necesita pasaporte. Algo «prácticamente imposible» de lograr en Venezuela. En 2018, se implementaron además los visados de responsabilidad democrática, creados especialmente para acoger a los venezolanos. Pero el SJM denuncia que solo «pudieron ser efectivamente utilizados» en el 5 % de los casos. Y en noviembre, añade Rojas, «todas las solicitudes se cerraron de manera arbitraria e ilegal». 

«Existen herramientas»

A pesar de haber entrado ilegalmente en el país, los venezolanos podrían pedir asilo. En este caso, legalmente no pueden ser castigados. La presidenta de ASOVEN explica que bastantes no lo hacen por desconocimiento, y porque «en la frontera, los funcionarios no mencionan» esta posibilidad; «solo les dicen que se autodenuncien para intentar una regularización». De hecho, se han dado casos de funcionarios que cuando, a pesar de todo, los migrantes solicitaban asilo, intentaban disuadirlos. Tras una denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Contraloría General de la República, se puso fin a esta práctica.

«Solicitamos al Gobierno que cumpla con los debidos procesos y ponga el foco en los derechos humanos de estas personas», no en la política migratoria, exhortan desde ASOVEN. «Tenemos un escenario complejo, pero existen herramientas» para poner a disposición de estas personas todos los recursos legales a los que tienen derecho al tiempo que se cumplen los protocolos sanitarios. 

Fuente: Alfa & Omega España

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