La resolución del tribunal de alzada considera casos de extranjeros deportados del país la semana pasada desde la Región de Tarapacá, en operativo del Gobierno.

Los representantes de colectivos extranjeros y de organizaciones promigrantes expresaron su conformidad con la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique, que acogió cinco recursos de amparo en favor de 102 venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados y ordenó dejar sin efecto sus órdenes de expulsión del territorio nacional. En fallos unánimes, el tribunal de alzada estableció que las resoluciones administrativas impugnadas, adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá, carecen de fundamento legal.

«Antes de aplicar la sanción de expulsión, la Intendencia Regional de Tarapacá debió, en respeto a las garantías constitucionales de los amparados, someterlos a una investigación y procedimiento previo legalmente tramitado, exigido para el juzgamiento de toda persona a quien se imputa la comisión de un delito», dice parte de la resolución.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la U. Alberto Hurtado (UHA) presentaron los amparos en favor de 52 venezolanos, gran parte de los cuales formaban parte de los 86 extranjeros deportados desde Iquique por el Gobierno, la semana pasada, vestidos con overoles blancos. «En lo que ocurrió en Iquique, en un plazo tan breve en que se notifica la expulsión a las dos de la mañana y a las cuatro de la mañana siguiente se les sube al bus para materializar la expulsión (.), no se les dio a las personas la oportunidad de presentar sus descargos ni explicar las razones que les llevaron a cruzar las fronteras. No tuvieron derecho a contar con un abogado o solicitar refugio», dijo Macarena Rodríguez, presidenta del directorio de SJM.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, espera que ante una eventual apelación de la Intendencia de Tarapacá la sentencia de la Corte Suprema resulte favorable. «De ninguna manera esto quiere decir que incentivemos el ingreso de personas por pasos no habilitados a Chile, pero a pesar de que hayan infringido la Ley de Migración, estas personas son sujetas a derecho. Estamos contentos con la decisión», dijo.

Según datos de la PDI, en enero pasado se registraron 4.271 denuncias por ingreso clandestino al país, mientras que a mediados de semana desde el Gobierno se informó que tras aumentar la vigilancia en la frontera norte, en el marco del Plan Colchane, entre el 9 y 16 de febrero pasados bajaron en 92% los ingresos clandestinos al poblado.

Ante los recursos de amparo que rechazaron las expulsiones administrativas debido a ingresos por pasos no habilitados, el intendente de la Región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, afirmó que consideran haber adoptado una línea correcta. «Defenderemos en todas las instancias pertinentes legales respecto de nuestra actuación administrativa», dijo ante una eventual apelación en la Corte Suprema.

En estado inconsciente


A su vez, como una nueva evidencia de la ola migratoria en el norte del país, desde el municipio de Colchane informaron ayer sobre el hallazgo de un migrante (23) de nacionalidad peruana en estado inconsciente, después de haber cruzado la frontera entre Chile y Bolivia por un sector próximo al poblado, con un destino final a la comuna de Puente Alto en la Región Metropolitana. Luego de ser atendido en el Centro Médico de Colchane se le trasladó al Hospital Regional de Iquique.

«Defenderemos en todas las instancias pertinentes legales respecto de nuestra actuación administrativa (ante eventual apelación en la Corte Suprema)».
MIGUEL ÁNGEL QUEZADA, INTENDENTE DE TARAPACÁ.

«Ya es momento de comenzar a tratar esta crisis humanitaria con altura de miras y con responsabilidad, humanizando el tema y no manipulándolo. Se trata de familias».
BENJAMÍN CRUZ, PRESIDENTE DE COLECTIVIDAD COLOMBIANOS RESIDENTES ANTOFAGASTA.

Fuente: El Mercurio

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