La cifra representa la mitad de los registros de 2019, en un contexto de mayor flujo migratorio irregular, que aumentaría el riesgo de este tipo de hechos.

La crisis migratoria de la frontera norte, con un alza sostenida de ingresos por pasos no habilitados, surge como un factor que propicia el delito de trata de personas. Este hallaría un entorno favorable para expandir sus redes en la vulnerabilidad de grupos migrantes, advierten expertos.

Este tipo de transgresión a la ley, que abarca los delitos de trata sexual y laboral, durante 2020 registró tres formalizaciones, según datos del Ministerio Público. La cifra representa la mitad de los seis casos registrados en 2019, en un contexto de alta dificultad para avanzar en este tipo investigaciones, según sostiene Karen Guzmán Valenzuela, abogada asesora de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) del Ministerio Público.

«Creo que hubo un impacto importante de la pandemia en las formalizaciones, porque generó cuarentenas y esto hizo que prostíbulos que podían estar funcionando, y varios de los cuales estaban siendo investigados, dejaron de tener movimiento y muchas mujeres dejaron esos lugares (.) La pandemia afectó las diligencias en nuestro territorio y también las internacionales«, explicó.

Según describe Guzmán Valenzuela, entre las dificultades para avanzar en estas indagatorias figuran la baja cantidad de denuncias por amenazas, en el contexto de irregularidad migratoria de los afectados. Además de la necesidad de alojamientos y de intérpretes para atender a víctimas extranjeras o de pueblos originarios, como la urgencia de estas por retornar a sus países de origen luego de haber sido rescatadas y en medio de las investigaciones. «Son casos complejos y de largo aliento. La tramitación de una causa de trata de personas es de un año en la etapa desformalizada, en promedio, y otro año más cuando está formalizada la investigación», dice.

Para Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), resulta clave enfrentar la problemática de la trata de personas sin dejar de lado una perspectiva de género. «Hay una mayor proporción de mujeres que son víctimas de este negocio ilícito, y con ello quedan más expuestas a diferentes vejaciones. Todo por subsistir; muchas son de contextos vulnerados y excluidos«, dijo.

«Es importante igualmente conocer con más detalles la situación de la población venezolana que ha migrado en estos últimos meses. Ello pues, yendo al tema del tráfico de personas, con datos solicitados a la Policía de Investigaciones por el SJM, en 2020, casi la mitad (42%) de las víctimas registradas fueron de dicha nacionalidad. Por ello también es relevante conocer la situación de quienes son víctimas de trata», agregó.

Según registros del Ministerio Público, durante el año pasado hubo 29 investigaciones por trata sexual y 16 por trata laboral en el país.

Para la abogada Guzmán Valenzuela muchas de estas denuncias terminan finalmente desestimadas al no configurar este delito.

– «Subrayamos la importancia de avanzar en la mejora continua en la gestión de la información relacionada con trata y tráfico de personas migrantes en Chile«. Waleska Ureta. Directora Servicio Jesuita a Migrantes

– «A casi 10 años de la entrada en vigencia de la Ley N{+o} 20.507 que tipifica delito de trata, ha habido avances pero aún queda mucho trabajo por hacer». Karen Guzmán Valenzuela. Abogada asesora Uldecco

– TÉRMINO

Entre 2019 y 2020 se registran 62 causas por trata de personas; 35 finalizaron con archivo provisional.

Fuente: El Mercurio

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *