La Corte Suprema detectó que hay 31 niños y jóvenes extranjeros que llegaron solos y no tienen familiares en el país. Fueron derivados a centros Sename, pero solo uno permanece allí. El resto escapó. Por ello, el máximo tribunal está impulsando un trabajo intersectorial para abordar la compleja situación.

Solos, vulnerables y en situaciones de salud complejas, por la larga travesía realizada. En esas condiciones han llegado los 34 menores extranjeros que en los últimos seis meses ingresaron a la Región de Tarapacá sin padres, tutores ni acompañantes.

La mayoría utilizó pasos no habilitados de la comuna de Colchane, donde Carabineros registró sus nombres, edades y nacionalidades. Se trata principalmente de jóvenes venezolanos, bolivianos y peruanos, de entre 15 y 17 años.

De estos 34 niños, niñas y adolescentes, 21 fueron contactados con sus parientes, que ya residían en Chile. Pero, como medida cautelar, “quienes no pudieron ser reunificados, por no tener familia en nuestro país, fueron ingresados a residencias del Sename en Iquique”, explica la jueza de Familia Olga Troncoso, quien dio a conocer este caso.

La idea era que dicho tribunal continuara la investigación de sus casos, pero 12 menores escaparon de las residencias y actualmente están siendo buscados por personal de Carabineros y de la PDI a nivel nacional.

“Tenemos poca trazabilidad, porque los niños no tienen RUT y cuando se van de las residencias efectivamente nos está costando ver qué pasa con ellos”, explica la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato.

La directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, plantea que “estos jóvenes que ingresan solos hacen este trayecto, que es muy arriesgado, porque quieren mejorar su vida”. Por ello partieron, muchos en solitario, siguiendo los flujos migratorios que recorrían el continente y cuyo destino final era el Desierto de Atacama.

La jueza Troncoso expone otras aristas: “Hemos podido advertir que muchos de ellos han ingresado a nuestro país por motivos de reunificación familiar, pobreza extrema, situaciones de violencia, por encontrarse sin red familiar en sus países de origen o porque han fallecido sus progenitores. Es decir, en todos los casos que hemos conocido, la situación en su país de origen es de alta vulnerabilidad para ellos”.

Preocupa, además, el frágil estado en el que se encuentran. “Las condiciones físicas y psicológicas de estos menores se ha visto afectadas por la situación de tránsito, por permanecer largos periodos de tiempo bajo condiciones climáticas extremas y expuestos a situaciones de riesgo”, explica la jueza.

Mientras, Paula Pacheco, especialista en Políticas Sociales de Unicef, advierte que estos menores “están en una situación de máxima fragilidad y, de no adoptarse medidas que aseguren su debida protección, el riesgo es que sean víctimas de todo tipo de vulneraciones”.

Una realidad a nivel nacional

La situación de menores de edad que ingresan al país sin padres ni tutores ha ido en aumento y ya está siendo abordada.

De hecho, la Corte Suprema impulsó mesas de trabajo interinstitucionales para abordar los casos, donde se estableció que hay 31 menores migrantes sin acompañamiento a nivel nacional. Además, el análisis indicó que de estos, 30 niños, niñas y adolescentes abandonaron por sus propios medios las residencias del Sename en las que habían sido ubicados. Todos ellos cuentan con medidas cautelares por parte de Tribunales de Familia, que ordenan su búsqueda a las policías.

El máximo tribunal definió la creación de un protocolo para esta situación, basado en la experiencia que atravesó en 2020 la Corte de Apelaciones de Iquique. En esa oportunidad, dicho organismo ordenó “la implementación de una mesa regional sobre menores migrantes, a fin de abordar con todas las instituciones de protección de infancia, policías y organismos internacionales, un modelo de trabajo interinstitucional”, explica la magistrada Troncoso.

La Defensoría de la Niñez participó en esa mesa y su representante, Patricia Muñoz, recalca la importancia de que los órganos del Estado que interactúan con los menores “estén en condiciones de brindarles una atención acorde a sus necesidades y a su protección efectiva”.

En esto hace énfasis Loredo, pues considera que, “en general, estos niños tienen temor a ser expulsados y por eso deciden abandonar las residencias”.

Otras medidas

Para hacer frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes migrantes, tanto los que llegan con sus familias como los que están solos, la subsecretaria de la Niñez explica: “Vamos a fortalecer los territorios, entendiendo que es ahí donde están los niños y donde tienen que acceder a la oferta de programas para la niñez, es decir, fortalecer la institucionalidad que les permite el ejercicio adecuado de sus derechos”. Agregó que, a la par, se está viendo “cómo vamos adecuando el marco normativo que tiene Chile para abordar las distintas necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes migrantes”.

Por otro lado, Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrante, explica que esta organización está colaborando con la Subsecretaría de la Niñez desde hace tres semanas, “levantando un diagnóstico sobre la infancia migrante. Ahí salió el tema de los niños en situación irregular, pero también es importante evaluar la situación de los niños no acompañados”.

Mientras, en el marco normativo, hace una semana el Presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de Migraciones. La norma facilita la expulsión administrativa de migrantes irregulares, estandariza los procesos de regularización en todo el territorio nacional y controla el ingreso de extranjeros a través de un sistema flexible de visas. No obstante, los niños no pueden ser penados por ingresar al país a través de un paso no habilitado, pues existen acuerdos internacionales. “Chile ha contraído obligaciones internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño. Y los menores migrantes se encuentran en una doble vulnerabilidad”, dice Troncoso.

Fuente: La Tercera.

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