Manifestamos nuestra preocupación por la situación que se está viviendo desde el día de ayer en la macrozona norte, donde se ha detenido y retenido a un grupo de personas migrantes para su expulsión mañana domingo 25 de abril. En este escenario, hemos presentado recursos de amparo, por personas que se encuentran en Arica y en Iquique, todas de nacionalidad venezolana.

La detención de estas personas se encuentra plagada de irregularidades: se han efectuado revisiones corporales indebidas, se ha impedido el ingreso de abogados del Servicio Jesuita a Migrantes al cuartel de la Policía de Investigaciones, se está reteniendo a personas que requieren protección internacional y a otras que están acompañadas de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, ambas situaciones impiden que se las expulse; la detención se extiende por más de 24 horas, por sobre el límite legal, fundado en una aparente e ilegal decisión de la autoridad.

La nueva Ley de Migraciones y Extranjería abrió, con su publicación esta semana, un proceso extraordinario de regularización migratoria que permite que quienes hicieron ingreso irregular al país puedan salir de él y pedir una visa en el exterior, sin ser sancionadas. No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas de este modo, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso.

Hace sólo unos días, el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas (CMW) manifestó su preocupación porque en Chile se están efectuando expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional y llamó a que se haga un análisis individual de la situaciones y que se les permita el acceso a la justicia, precisamente lo que no está ocurriendo en este caso.
Hacemos un llamado claro y directo a la autoridad a respetar y cumplir el marco legal de debido proceso que debe existir antes de expulsar a una persona del país, así como aplicar los principios de unidad familiar y de interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema debe respetarse el principio de no devolución de personas cuya vida e integridad corre peligro si son expulsadas, como hoy ocurre con muchas personas venezolanas, que deben huir de su país para salvar sus vidas y las de sus familias, y cuya situación se complejiza aún más en un escenario global de pandemia.

Nos mantendremos comprometidos con la defensa irrestricta de las personas, continuaremos trabajando porque sus derechos sean respetados, y seguiremos reiterando nuestra disposición a colaborar para que como país, seamos una comunidad de acogida efectiva y para que la migración sea realmente segura, regular y ordenada.

Macarena Rodríguez Atero, Directora Clínica Jurídica Universidad Alberto Hurtado.

Waleska Ureta Cañas, Directora Nacional Servicio Jesuita a Migrantes.

Francisca Vargas Rivas, Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados Universidad Diego Portales.

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