POLÉMICA. Ayer salieron en un vuelo desde Iquique. La mayoría de los expulsados habían ingresado por pasos clandestinos, pero buscaban regularizar su situación.

«La PDI entró en la residencia que habito en Antofagasta, gritando, golpeando ventanas y partiendo puertas. Todo porque estaban buscando a mi hermana con una orden de expulsión. Mi hermana salió y se la llevan detenida a las 2:30 de la madrugada de ayer (el sábado). Aún nosotros no sabemos si ha comido, si tiene agua. Ella se fue con una sola ropa, ya no tiene familia en Venezuela. Ya apelamos su caso, pero por motivo de tribunales no atienden los domingos y no pueden dar respuesta, pero aun así la PDI se la llevó para Iquique, ayer a las 10 PM», relata Michael, uno de los tantos venezolanos que entraron durante febrero al país y que hoy sufre la incertidumbre de no saber que pasara con su familia y sobre todo con su hermana.

«No hemos podido tener contacto con ella ya que igual estamos irregulares acá en el país, pero mi familia y todos estamos acá, no tenemos nada allá en Venezuela, huimos (…) sabemos que entramos de una manera inadecuada pero no lo hacemos porque no queremos, lo hacemos porque nos vimos obligados», relató. Este domingo, la hermana de Michael junto a otros 54 extranjeros, fueron expulsados del país desde el aeropuerto de Iquique. Se trataba principalmente de personas de origen venezolano, quienes habían entrado de manera irregular a Chile. El operativo estuvo encabezado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien explicó que fue «un grupo de 55 personas (las expulsadas), está compuesto por 15 personas que han sido expulsados en virtud de una orden judicial, el Poder Judicial ha decidido sustituir sus penas privativas de libertad por la expulsión con la prohibición de volver a Chile en un periodo determinado. Asimismo, se suman 40 ciudadanos extranjeros que están siendo expulsados administrativamente como consecuencia de haber incumplido gravemente nuestra normativa migratoria. La gran mayoría de ellos ciudadanos extranjeros que entraron clandestinamente a nuestro país». El subsecretario añadió que podrían volver a hacer ingreso a nuestro país una vez hayan regularizado su situación migratoria, según lo que dicta la nueva ley.

CRÍTICAS

La acción no estuvo exenta de polémicas, ya que diversas organizaciones migrantes y de derechos humanos, la catalogaron como ilegal y arbitraria, de acuerdo a lo que dicta la misma nueva Ley de Migración y Extranjería, actualizada el pasado 20 de abril. Asimismo, se cuestionó la forma con la que se están llevando a cabo este tipo de operativos en el norte del país. La presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas, comentó que una parte de los venezolanos deportados ayer fueron detenidos al ir a autodenunciarse en la PDI, con el fin de regularizar su situación migratoria. Sin embargo, al acudir al lugar no solo quedaron privados de libertad, sino que también «se les privó del derecho a la defensa, al principio de no devolución (que se encuentra consagrado en el Derecho Internacional) y no se cumplió con la prohibición de expulsiones colectivas de personas extranjeras».

El director de la organización Migra Chile, Diego Persico, catalogó como ilegal la expulsión. «Éstas personas fueron detenidas una vez que estaban cumpliendo con sus firmas semanales, en virtud de la autodenuncia que llevaron a cabo, también tenemos conocimiento de personas que fueron detenidas en sus domicilios a partir de allanamientos, otras en residencias sanitarias (…) Sin embargo el gobierno a través de su plan Colchane decide expulsarlas de manera ilegal», dijo. Persico también sostuvo que «para poder expulsar a un extranjero de este país se debe someter a un procedimiento penal, procedimiento que por supuesto no se ha realizado. Lo que es arbitrario e ilegal, y se llevó por vía administrativa, la cual transgrede nuestra normativa vigente en el decreto de ley 1.094, y así las disposiciones transitorias de la nueva Ley 21.325, que les da un plazo holgado a las personas para que pudieran salir del país y regresar de manera regular».

RECURSOS DE AMPARO

Por su parte, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio jesuita Migrante, comentó que «nosotros vamos a seguir trabajando por la protección y los derechos de las personas, ayer la Corte de Iquique acogió la orden de no innovar, a partir de los recursos de amparo que presentamos en conjunto con las clínicas jurídicas de la Universidad Alberto hurtado y la Universidad Diego Portales, más de 25 personas pudieron salir liberadas de esa expulsión, en tanto se analizan los recursos de amparo».

«Queremos recordar que la nueva ley de migración tiene un proceso ya abierto de regularización extraordinaria y también un procedimiento para que las personas que hicieron acceso (al país) por paso no habilitado, tengan un plazo de 180 días para abandonar Chile sin ser sancionados. Entonces en ese sentido, tampoco entendemos porque eso no se está respetando», añade Ureta.

EN LA REGIÓN

A nivel regional, Hugo León, defensor migrante de la Defensoría Regional Pública, comentó que les tocó ver uno de los 12 casos de inmigrantes expulsados de Antofagasta y Calama. «A ella le había llegado el decreto de expulsión, nosotros como Defensoría acogidos a la nueva ley de migración, revisamos el decreto y presentamos un recurso de amparo. Desde la Defensoría mantenemos la tesis de que fue expulsada de manera arbitraria, ya que la causal por la que ella fue expulsada -y me imagino que lo mismo sucede con los demás extranjeros expulsados- era que había ingresado de manera irregular por paso no habilitado.

Resulta que eso hasta el 20 de abril dejo de ser delito, entiéndase el ingreso clandestino por paso no habilitado. Resulta que el delito que cometió dejo de ser un delito, por la nueva ley», argumenta León. A su vez, el defensor comenta que «lamentablemente esto no es nuevo, son procesos que se llevan a cabo de manera escondida, arbitraria, engañando la gente, los días viernes a última hora, se les va a buscar a la casa, se les embarca en un avión. Porque como sabemos, las instituciones los fines de semana están cerrados y tienen poca capacidad de reacción. Entonces es complejo actuar frente a este escenario».

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

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