El experto en Derecho Internacional de Derechos Humanos afirma que la crisis migratoria “no se va a resolver con medidas como la militarización o un enfoque inclinado de manera desmesurado hacia la seguridad en perjuicio de los Derechos Humanos”

Apenas contesta el teléfono, Felipe González (chileno, 60 años) comenta: “Espero que el gobierno recapacite sobre las deportaciones de migrantes”. Se refiere a la expulsión de 56 personas migrantes la semana pasada, algunos acusados de haber ingresado de forma irregular al país y otros de haber cometido delitos. La acción fue cuestionada por organismos de Derechos Humanos, por producirse un fin de semana -cuando las cortes están cerradas- y por no realizarse una evaluación personal de sus casos. A fines de abril, el gobierno ya había deportado a otros 55 migrantes.

Se trata de un tema que González ha visto de cerca y que le preocupa en particular, en su rol de relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, cargo que ocupa desde 2017.

“El gobierno había dicho en abril que las deportaciones iban a ser todos los fines de semana. Vinieron las elecciones y yo pensé que como ya había una serie de organizaciones internacionales cuestionando las iniciativas, el gobierno había retrocedido, pero se ve que no”, dice el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Diego Portales, donde también dirige la Maestría en Derecho Internacional de DD.HH.

La nueva ley de migraciones, que comenzó a regir el 20 de abril pasado, sólo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, cuando Chile cerró por primera vez las fronteras producto de la pandemia. Quienes entraron de manera clandestina, tienen un plazo de 180 días para abandonar el país.

González, quien entre 2008 y 2015 se desempeñó como Comisionado y Relator sobre Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que fue presidente entre 2010 y 2011, comenta en conversación con The Clinic que el endurecimiento de las medidas no es la respuesta a la crisis migratoria a la que se enfrenta -y seguirá enfrentándose- el país. De acuerdo con datos del Servicio Jesuita a Migrantes, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración de Chile, los extranjeros aumentaron de 305.000 en 2010, a casi 1.500.000 personas en 2020.

-El gobierno ha insistido que ha cumplido con el Derecho Internacional al momento de deportar a los migrantes. Pero la migración involucra una serie de derechos, incluyendo el de asilo, el de los niños, entre otros. ¿Qué es lo que debería cumplir el Estado chileno en un marco de Derecho Internacional de DD.HH.?

-Lo primero que hay que señalar es que las deportaciones deben ser una medida de último recurso y no un aspecto central de una política migratoria. El componente de seguridad es legítimo, el problema es cuando se exacerba y cuando se lo utiliza en detrimento de los DD.HH. Y eso en materia de migración ocurre mucho. A menudo se habla del ejercicio de la soberanía del Estado como si los migrantes estuvieran realizando una suerte de ataque militar al Estado y no lo están. A la hora de decidir si deportar o no, hay una serie de consideraciones que se tiene que hacer persona por persona, individualmente. Ver si esa persona merece refugio internacional, por ejemplo. Hay que hacer una determinación individual. Si no se hace, la deportación será colectiva. Se les mete a las personas en un mismo paquete y se las echa. Entonces el Estado no puede deportar a las personas siempre que quiera.

-El ingreso irregular tampoco confiere automáticamente el derecho a deportarlos…

-Exacto. Además, el ingreso irregular, de acuerdo con el Derecho Internacional, no es un delito. No puede ser un delito y no debiera serlo. Cuando el gobierno chileno pone en un mismo paquete o en un mismo avión, a personas que lo que han hecho es, a lo sumo, incurrir en una falta administrativa por ingresar irregularmente a Chile, con una persona que ha cometido delitos en Chile, en el fondo está arrojando un manto de sospecha sobre todos. Ahí hay un elemento de criminalización que es muy serio.

-Y esos grandes aparatajes, además de estigmatizar a los migrantes, parecieran exacerbar posiciones políticas…

-Sí, ése es el problema. Una deportación, incluso cuando es justificada, la manera como se la conduce, si se estigmatiza, también viola el derecho internacional.

“Cuando el gobierno chileno pone en un mismo paquete o en un mismo avión, a personas que lo que han hecho es, a lo sumo, incurrir en una falta administrativa por ingresar irregularmente a Chile, con una persona que ha cometido delitos en Chile, en el fondo está arrojando un manto de sospecha sobre todos”.

-Pero a la vez los Estados que deportan insisten en que se trata de un tema de soberanía…

-Pero eso tiene limitaciones. La situación especial de niños y niñas, que requiere de una forma de protección especial, sus vínculos familiares, etc. Está el tema del acceso a la justicia, que también está en controversia a propósito del tema de las deportaciones en Chile porque la forma en que se están realizando, de manera exprés y los fines de semana, en los hechos, lo que ha hecho es obstaculizar el acceso a la Justicia. Hay una serie de procesos que el Estado chileno no está respetando.

-En ese sentido, ¿hay negociaciones por parte de los organismos internacionales para que el Estado chileno detenga esas deportaciones?

-Yo como relator no entro en negociaciones. Pero lo puede hacer alguna de las agencias de la ONU. Yo como relator, lo que hice fue enviar una acción urgente al Estado requiriéndole que terminara con las deportaciones colectivas y que informara sobre todo lo que ha ocurrido este año respecto de las deportaciones.

-¿El Estado chileno le entregó esa información?

-No. El Estado no ha respondido todavía, pero está dentro del plazo para hacerlo.

-¿Cuándo vence el plazo?

-Faltan varias semanas. Pero lo que uno esperaría es que el Estado descontinúe su práctica sobre la cual ya se le ha llamado la atención.

-Y hasta ahora, ¿el Estado chileno le ha dado argumentos para realizar esas prácticas en un contexto tan adverso como lo es la pandemia?

-No. Me he enterado por la prensa que su gran argumento es ‘ordenar la casa’. Pero, si uno se fija bien, y hay una serie de datos que lo comprueban, la tasa de delitos cometidos por las personas extranjeras es menor que la de los chilenos. Entonces ese argumento de ‘ordenar la casa’ es completamente falaz. El otro tema es tapar el sol con un dedo, porque la situación humanitaria en Venezuela, o en otros países latinoamericanos, hace que siga llegando gente. Entonces se fortalece el tráfico de migrantes en lugar de una migración regular. Pero todo eso ha sido un tema anunciado: si se incrementan las barreras de ingreso regular o los procesos de regularización, lo que se produce es un incremento del tráfico de migrantes. Cuando se estableció el Proceso de Quito (para dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela), hace tres años, varios países, entre ellos Chile, acordaron que la crisis migratoria en Venezuela requería una respuesta multilateral. Lo que pasó, sin embargo, fue que los Estados fueron incrementando las barreras de ingreso y no fueron incrementando la regularización. En cambio, empezaron a incrementar las deportaciones, la militarización, etc.

“Hay una serie de datos que lo comprueban, la tasa de delitos cometidos por las personas extranjeras es menor que la de los chilenos. Entonces ese argumento de ‘ordenar la casa’ es completamente falaz”.

-Varios analistas internacionales y politólogos han planteado que, en general, cuando un gobierno se enfrenta a una crisis interna en su país, tiende a tratar de desviar la atención haciendo algo en el ámbito internacional, ya sea apuntando a un tercer país o realizando medidas como ésta en materia migratoria. ¿Usted diría que este es el caso?

-No puedo yo como relator atribuir intenciones al gobierno chileno en particular, pero visto de manera general, efectivamente creo que los Estados recurren a ese tipo de medidas. Como se dice, el hilo se corta por lo más delgado. Entonces como los migrantes están en una situación especialmente vulnerable, desprotegida, son un grupo que puede servir de carne de cañón. También un cambio de sentido en lo que ha sido la política migratoria internacional del Estado chileno, porque desde el año 1990 hasta fines de 2018, o sea, incluyendo el primer gobierno de Sebastián Piñera, hubo una política consistente de jugar un papel de líder en el tema migratorio, de auspiciar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Y el momento de cambio, que fue muy brusco, fue el Pacto Mundial sobre Migración. Tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera habían, antes, jugado un papel de promotores del Pacto Mundial de Migración. Chile se iba a suscribir. Y a último momento vino una orden contraria desde Santiago y Chile no suscribió. Y ahí empezó a retraerse en el tema migratorio, ha tratado de encapsularse. Cuando precisamente se trata, más que nunca en la actualidad, de que haya esfuerzos multilaterales para abordar la migración.

-Además de acciones multilaterales, se requieren programas para romper con los estereotipos negativos sobre los migrantes. Como la idea de que “vienen a robar trabajo”…

-Sí, es muy importante llevar a cabo iniciativas de difusión, de capacitación, de educación de la población para que se valore a la población migrante, para que se respeten sus derechos, para que se vean cuáles son las contribuciones que los migrantes hacen en Chile. Pero no hay que generalizar, hay manifestaciones de xenofobia, pero también hay de solidaridad. Afortunadamente, no hay un rechazo masivo a los migrantes. Pero es muy fácil que prenda la mecha por cualquier cosa y ahí empiezan las reacciones xenófobas.

LA SALUD Y OTROS DERECHOS

-Un reciente informe de la ex Posta Central reveló un aumento de la tasa de intentos de suicidio, en particular entre los migrantes. ¿A qué responde eso?  

-Desde luego que la salud mental de las personas migrantes es un tema. Muchas veces la situación de las cuales están escapando, las formas como han tenido que llegar al país de destino, muchas veces dramática, y luego la integración en el país de destino… Todos esos son aspectos muy delicados y que en contextos de pandemia se vuelven particularmente serios.

-Con relación a la pandemia: Servicios de DD.HH. han denunciado que a muchos migrantes no le les ha permitido el acceso a las vacunas pese a que el Minsal ya aclaró que la vacunación es de carácter universal. ¿Por qué puede estar pasando eso?

-Se trata de un tema importante y que venimos abordando desde enero. Es algo que tiene que estar bien establecido en los protocolos. Tienen que existir protocolos claros de atención de salud universal. Se ha dicho que sí los migrantes tienen el derecho a la vacuna, como desde luego tiene que ser, sino sería una violación de derechos muy grave y además con un impacto directo sobre la salud de la población chilena. Pero el problema también se ha dado, por ejemplo, porque el migrante irregular tiene temor de ir a un centro de salud y que se notifique a la autoridad de una situación irregular. Lo que se tiene que hacer son barreras cortafuegos: un corte total entre los servicios públicos, educacionales, de salud, etc., y la agencia migratoria. Que de ninguna manera se ponga sobre aviso a la autoridad migratoria, porque eso tiene un efecto brutal. La persona no se va a vacunar, no manda el niño al colegio, etc., con temor de ser deportado.

-¿De qué otras formas los derechos de los migrantes se han visto afectado durante la pandemia? Vemos, por ejemplo, que varios países tienen las fronteras cerradas, lo que pone trabas al derecho a migrar.

-Claramente se hace mucho más difícil el desplazamiento. Pero el hecho que aun así se produzca el movimiento de personas, demuestra que no es caprichosa las razones de movilidad. Estas responden a cuestiones muy serias, de lo contrario la gente no se arriesgaría miles de kilómetros para llegar a otro país en un contexto de pandemia, de militarización. Creo que eso debería llamar la atención del gobierno. Eso es un factor que debe ser considerado por el Estado. En ese contexto, con mayor razón, debería limitarse la deportación de personas. Otro tema es el de las personas que quieren volver a su país. Eso no exime de responsabilidad al país de destino. Si alguien quiere volver, es porque las condiciones que se están dando en el país de destino no son las adecuadas. Si no, ¿para qué van a volver? Si hay integración social, si estuvieran dados los servicios, etc., el 90% de las personas no intentarían devolverse a su país en el momento sanitario más grave.

-Finalmente, entendiendo que la pandemia ha supuesto una crisis importante en los países de la región y que siempre después de las crisis se incrementa la migración, ¿qué consejos le daría usted a los Estados para recibir a los migrantes?

-Por una parte, le daría consejos de actuar de forma coordinada. Asumir que la migración y la característica que tiene actualmente, su masividad, no va a terminar con medidas de carácter militar. Los Estados tienen que buscar otra forma de acuerdos. Y no pensar que la crisis migratoria esto simplemente es algo que se va a resolver de forma aislada y con medidas como la militarización o un enfoque inclinado de manera desmesurado hacia la seguridad en perjuicio de los derechos humanos. Luego está todo el tema de la integración social de las personas migrantes. Creo que cuando concluya la pandemia, los efectos van a persistir durante largo tiempo y ahí es imprescindible que los Estados tomen medidas de protección social de la población migrante que contribuya a su integración económica y social y que se tome seriamente aquellos casos que requieren refugio o protección internacional, que son muchos en Chile.

“Los migrantes tienen el derecho a la vacuna, como desde luego tiene que ser, sino sería una violación de derechos muy grave y además con un impacto directo sobre la salud de la población chilena”.

Fuente: The Clinic

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