Este jueves, el gobierno ejecutó una nueva expulsión colectiva de personas migrantes en el país, coincidente con una sesión especial en el Senado para repasar las políticas migratorias del Ejecutivo y las múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos que estas contemplan, según han relevado organizaciones expertas en la materia. En conversación con El Desconcierto, el Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Carlos Figueroa, repasó esta acción que “no solamente contraviene los principios básicos de los derechos humanos, sino que también contribuye en la criminalización de muchas de las personas que están siendo expulsadas”.

72 personas migrantes fueron expulsadas del país este jueves, según alertó ayer el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), información posteriormente confirmada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desde donde aseguraron que el proceso se debió a “irregularidades administrativas y causas judiciales”. Por su parte, el SJM ha sido enfático en relevar el carácter ilegal de estas expulsiones colectivas, hecho secundado por los reiterados fallos de la Corte Suprema.

Coincidentemente, durante esta jornada se desarrolló en la Cámara Alta una Sesión Especial de Sala, en la que se abordó la política del gobierno frente a las recientes expulsiones masivas de personas migrantes y el respeto a sus DD.HH., repasando la actual ley migratoria del país, con la intervención de senadoras y senadoras, además de diversas agrupaciones expertas en la materia.

Ante el Senado expuso el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, quien en representación del Ejecutivo enfatizó que “la voluntad del gobierno es hacer cumplir la ley”, asegurando que se atienen a ella al expulsar a las personas migrantes, en defensa del principio de la no criminalización de la migración. Según Galli, los extranjeros debían, por ley, haber “cumplido penas privativas de libertad en Chile”, por tanto sustituir dichas penas por la expulsión del país resultó “muy beneficioso” para ellos.

En la cita también intervino el Servicio Jesuita a Migrantes, a través del Director de Incidencia Pública y Estudios, Carlos Figueroa, quien reiteró que la mayoría de las expulsiones dictadas y ejecutadas durante este año por el gobierno, calificadas como “vuelos del terror”, son ilegales, colectivas y no han respetado estándares mínimos de debido proceso.

“Lo que buscamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil es no repetir la historia reciente que hemos visto con las expulsiones. Tres vuelos, con cerca de 55 pasajeros cada uno, en los que se expulsó a migrantes fuera de Chile. El gobierno tiene razón al decir que algunas de esas expulsiones están apegadas al debido proceso, pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están”, manifestó ante el Congreso.

De acuerdo con Figueroa, el Ejecutivo falta a la verdad “porque no es lo mismo la expulsión de un ciudadano que conmuta una pena por microtráfico (u otro delito), que la de un ciudadano que es expulsado por medio de un acto administrativo, donde no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse”.

A juicio del vocero del SJM, “el gran y gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, es que ustedes (el gobierno) han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso a su obligación de investigar cada caso. Porque ya lo dijo la Corte Suprema hace poco: ingresar por un paso no habilitado no es causal suficiente para expulsar a alguien del país”.

“Le pedimos al gobierno que detenga las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Pero también queremos pedirle humanidad en estos procedimientos aun cuando estemos en desacuerdo con sus medidas. No es digno el trato que se les está dando a estas personas y eso también está en su poder revertirlo”, sentenció Figueroa.

“Señal política”

Mismo sentimiento expresó el representante del Servicio Jesuita a Migrantes en conversación con El Desconcierto, enfatizando en que “la única razón por la cual el gobierno insiste en ejecutar estas expulsiones colectivas es porque quiere dar una señal política. Una señal política para quienes están fuera de Chile, y también para quienes están dentro de Chile”.

“Lamentablemente, ocupar la dignidad de las personas para dar señales políticas es claramente contrario a los derechos humanos, y es muy difícil que nosotros podamos comprender las razones que llevan a un gobierno a tratar de esta manera a personas que no necesariamente han estado involucradas en actos delictuales”, indicó.

“Hay un error conceptual muy importante que ha confundido a la opinión pública: se ha metido en el mismo saco a personas que han cometido delitos y a personas que no han cometido ningún delito, y que ingresaron por un paso no habilitado”, explicó el Director de Incidencia Pública y Estudios del SJM a renglón seguido.

Para el especialista, “ocupar a personas migrantes para dar señales políticas no solamente contraviene los principios básicos de los derechos humanos, sino que también contribuye en la criminalización de muchas de las personas que están siendo expulsadas, que llegan honradamente a Chile escapando, muchas veces, de situaciones extremas en otros países que no les han permitido vivir con seguridad. Hoy en Chile estamos con las fronteras cerradas, y por lo tanto para personas que están buscando refugio, que están buscando una alternativa, la única forma que les está quedando, dado que no estamos dando otra alternativa, es cruzar por pasos no habilitados”.

Sky Airlines

De todas formas, recalcó que para el SJM, “buscar una migración que sea segura para las personas que migran, que sea ordenada y que sea por la vía regular, es fundamental. Pero para que eso se pueda lograr, el gobierno tiene que avanzar en la vía de eliminar restricciones para las personas que vienen de países como Venezuela, y comprender que la situación en esos países es muy grave, y en segundo lugar dejar de hacer gestos políticos ocupando a personas migrantes para establecer señales comunicacionales hacia personas que están en el exterior”.

Así también, se refirió al contrato suscrito entre la aerolínea Sky Airlines y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, destinado a efectuar vuelos de expulsiones colectivas, con la empresa presidida y controlada por Holger Paulmann asegurándose vuelos por un plazo de 12 meses por un monto que asciende a $1.500 millones, o sea “cinco veces más caro que lo que había señalado Galli hace cuatro meses”, recalcó Figueroa.

Al respecto, el personero del Servicio Jesuita a Migrantes relevó que lo central, a su modo de ver, es la ilegalidad del acto de las expulsiones colectivas. “Que la ilegalidad de este acto sea más caro es secundario a la ilegalidad del acto que están realizando” desde el gobierno, consideró.

Sin perjuicio de lo anterior, Carlos Figueroa interpeló de todas formas a la empresa, instándola a tomar acciones en pos de las personas migrantes que han sido, y serán, expulsadas del país: “queremos hacerle un llamado a la aerolínea Sky Airline a que no sea copartícipe de este acto ilegal y arbitrario -porque así lo han llamado las Cortes- y que desista del contrato que firmó con el gobierno”.

El subsecretario Galli, en defensa de la posición del Ejecutivo frente a las políticas migratorias, ha asegurado que se han revisado las expulsiones de personas migrantes de manera individualizada, descartando así la “masividad” de las mismas. En ese sentido, Figueroa desmintió las aseveraciones del personero de gobierno, indicando que “basta con ver las resoluciones administrativas de expulsión que ellos hacen para cada una de las personas, que son todas iguales”.

“Cómo van a hacer una investigación caso a caso si es que todas las resoluciones de expulsión son iguales. Desisten de establecer lo que el proceso legal les requiere, que es iniciar una querella que permita investigar si a las personas les permitieron defenderse en un proceso que está establecido en la ley. De mala manera uno podría decir que existe una investigación, cuando son todas las órdenes de expulsión iguales, y cuando no existe, y nosotros lo hemos constatado en terreno, una revisión pormenorizada de las situaciones de las personas que están expulsando”, afirmó.

Continuó señalando que “nos han tocado situaciones puntuales de personas que, en otras expulsiones anteriores, han sido separadas de sus hijos sin investigación previa, personas que habían estado al cuidado de personas en situación de discapacidad, y nosotros hemos presentado muchos amparos que, si no se hubieran visto en las cortes, hubiéramos llegado tarde y probablemente hubieran expulsado a personas que tenían situaciones mucho más dramáticas. Es muy difícil que lo que dice el subsecretario sea correcto”.

Siete migrantes colombianos ‘abandonados’

Además, Figueroa se refirió a la situación de los siete ciudadanos colombianos que fueron abandonados por la Policía de Investigaciones en Chañaral, luego de que se acogieran recursos de amparo a su favor. Esta mañana, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto inspector José Ortiz, señaló que los oficiales se aseguraron “que tuviesen conectividad transversal, tanto en redes sociales como de transporte, y sin dejarlos abandonados”.

Sin embargo, el vocero del SJM desmintió esta información, entregando su versión de los hechos. Después de acogerse los recursos a favor de los migrantes, “la Policía de Investigaciones no encontró nada mejor que dejarlos abandonados en la carretera a la altura de Chañaral”, indicó.

“Esto, obviamente, provocó un grado de desesperación importante en ellas porque no tenían dinero para volver a Arica, el bus siguiente de vuelta salía este sábado, plata tenían muy poca y carga del celular muy poca, por lo tanto en redes de solidaridad de organizaciones sociales pudimos otorgarles algo de ayuda, pero el desamparo y la falta de humanidad que tuvo la Policía de Investigaciones y el procedimiento que están ocupando, es realmente lamentable”, cerró.

Fuente: El Desconcierto

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