Con el objetivo de mostrar la relevancia de la participación de las y los personas migrantes en el proceso constituyente que vive Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes(SJM) expuso ante la Convención Constitucional con propuestas que la garanticen, atendiendo a las especiales condiciones y diversidad de la población que en Chile asciende a 1.462.103 de personas.

Esta mañana la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, junto al director de Incidencia Pública y Estudios, Carlos Figueroa, intervinieron en la Comisión de Participación Popular y Equidad territorial de la Convención Constitucional, exponiendo sobre la realidad de las personas migrantes y la necesidad de promover su inclusión y participación ciudadana. 

Según las cifras oficiales del Departamento de Extranjería y Migración a 2020 en Chile viven 1.462.103 personas migrantes. Es necesario escuchar estas voces, generando espacios e instrumentos especiales que atiendan las condiciones de exclusión, condición migratoria (con o sin permanencia definitiva en Chile), barreras idiomáticas en el caso de la población haitiana, entre otros aspectos, para hacer efectiva su inclusión. “Queremos ampliar el concepto de ciudadanía, que independiente del estatus migratorio, sus voces puedan ser escuchadas” dijo la directora del SJM.

Hay baja participación de la población migrante en las elecciones que ha enfrentado el país en los últimos años y una de las razones es la falta de inclusión de sus problemas en los discursos políticos, la falta de promoción de la participación por parte del Estado y un fuerte componente de temor al exponerse en cualquier espacio institucional que los registre. “Las madres no llevan a sus hijos a control sano (en los consultorios o Cesfam) por temor, menos van a ir a participar donde si les piden sus antecedentes, porque temen quedar fichados para una posterior expulsión colectiva del país. Expulsiones colectivas que son ilegales y arbitrarias”, dijo Waleska Ureta ante los y las convencionales de la Comisión de Participación Popular y Equidad territorial.

Asimismo desde el SJM reafirmaron el daño que causan en las personas migrantes las orquestadas expulsiones colectivas, que transgreden los derechos de un debido proceso y trato justo, aportando aún más a una fuerte campaña de estigmatización y criminalización de las autoridades que terminan por fracturar la cohesión social y la integración. En este sentido, Carlos Figueroa, invitó a los y las convencionales a ser parte, si así lo estiman, de una declaración de rechazo a estas expulsiones iniciadas por el Gobierno en febrero de este año. 

“No hay ciudadano de primera y segunda categoría, todos los y las que estamos en este territorio somos sujetos de derechos, tiene que ser explícito en esta Convención”, subrayó Ureta y a renglón seguido, explicó que en Chile hay personas que son invisibles frente al acceso a derechos, “si no tienes rut no existes. Estas personas están en nuestro país, existen y están invisibilizadas”. 

“Luchar por una sociedad más humana, acogedora e intercultural, en la que nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos”, es la inspiración de las acciones del Servicio Jesuita a Migrantes, por eso ponemos  genuina y profundamente todo nuestro trabajo y capacidad a disposición de la Convención”, dijo la directora de la institución.

Propuestas del SJM en la Convención Constituyente

Las propuestas entregadas son fruto del proceso «TodxsParticipamos» que SJM realizó el 2020 junto a otras organizaciones, donde se escucharon las voces de más de 150 personas migrantes en distintas partes del país. 

·      Generar mecanismo especial de participación para personas con o sin permanencia definitiva en Chile. No limitar la residencia el derecho a participar y ser escuchado en la convención.

·      Existe una gran cantidad de personas migrantes regulares e irregulares a las que no es fácil llegar por canales digitales.  La Convención debe asegurar que no habrán consecuencias por su participación en esta convención y que su estatus migratorio tampoco es un impedimento para hacerlo.

·      Incluir en la difusión de la participación en la convención a las organizaciones migrantes y pro migrantes, y entidades estatales más cercanas a las poblaciones más excluidas (municipios, colegios, CESFAM)

·      Cuestionar la noción restringida de la participación política y social derivada de la idea de nacionalidad, y radicalizar el principio de la residencia como fundamento para el ejercicio de los derechos políticos a todas las personas que residen en el territorio nacional independiente de su lugar de nacimiento.

·      Establecer mecanismos concretos de participación que se adapten a la realidad de las personas migrantes y refugiadas, especialmente en lo que respecta al idioma y la integridad de las personas bajo protección especial (Ej: la no publicación de sus datos).

·      Asegurar que esta Convención rechazará actitudes o dichos racistas por parte de cualquier organización o Convencional que puedan inhibir la participación legítima de las personas migrantes en este proceso.

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