A raíz de la crisis humanitaria en el norte del país, Waleska Ureta conversó con The Clinic con respecto al rol del Gobierno en esta materia y el discurso que ha tomado frente a la migración. “Esto no es una migración que sea por gusto de las personas, que es turística, ni nada por el estilo. Es una migración forzada”, señala.

Ropas, colchones, incluso coches de guaguas migrantes fueron lanzados a las llamas. Lo ocurrido el pasado viernes, en el marco de la manifestación llamada “No + migrantes” en la ciudad de Iquique, desató una serie de reacciones y críticas de organismos de DD.HH. nacionales e internacionales.

En entrevista con The Clinic, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, se refirió a estos hechos de violencia, la falta de políticas adecuadas frente a la crisis humanitaria y los discursos que influyen en la estigmatización de los migrantes y la xenofobia. Y advierte: lo ocurrido en Iquique era algo que se veía venir.

-Con respecto a la crisis humanitaria que se ha evidenciado en las últimas semanas, ¿era esto algo que se veía venir? ¿Por qué?

-Sí. Esto se veía venir hace un tiempo ya. Tenemos un alto flujo migratorio por las crisis regionales en el año 2016 y 2017 y hoy estamos frente a un flujo que se relaciona con el ingreso por pasos no habilitados por el cierre de fronteras por la crisis sanitaria. La migración no ha cesado. Todo eso hace que la migración se precarice, donde las personas tienen que recorrer de manera muy riesgosa varios países para llegar hasta acá. Y está la situación irregular hoy, lo cual en Chile es finalmente no existir. Si no tienes RUT no puedes acceder a un trabajo formal, a un contrato de arriendo. Por lo tanto, están a merced de estas personas que tienen que ver con la trata, con los abusos. Por ejemplo, si trabajan formalmente en algún lugar, no les pagan el sueldo y la persona queda desprovista de todo tipo de derechos. No pueden optar a contratos de arriendo, están pagando muchísimo dinero por un espacio indigno con hacinamiento. Entonces, es una situación bastante compleja la que estamos viviendo y que radica en las causas de las crisis humanitarias que se están viviendo, sobre todo en Venezuela y Haití, que obviamente hace que las personas tengan que salir en una migración forzada. Esto no es una migración que sea por gusto de las personas, que es turística, ni nada por el estilo. Es una migración forzada, en donde las personas dejan sus vidas, sus casas, los niños los colegios, sus amigos, familiares para poder buscar subsistencia y seguridad en otros lugares. Es una situación bastante urgente la que estamos viviendo hoy. 

-¿Cómo evalúan la acción de las autoridades frente a la crisis y los hechos de violencia más recientes en contra de los migrantes en el norte del país?

-Nosotros hace mucho tiempo, no solamente ahora, venimos diciendo que la política que se ha implementado ha estado basada en la militarización, que no aporta en nada para esta crisis humanitaria. Las expulsiones colectivas, que no solamente para nosotros, sino que para otras organizaciones, los organismos internacionales, la Corte Suprema, son expulsiones ilegales porque son expulsiones colectivas, en donde las personas no han tenido la posibilidad de tener un debido proceso. Son sanciones administrativas, lo que no quiere decir que su proceso se haya revisado de manera individual y que hayan tenido la posibilidad de defenderse. Esas expulsiones colectivas también han llevado a que, frente a la ciudadanía y por toda la puesta en escena mediática también que se ha llevado a cabo con esos procedimientos, se contribuya a la criminalización y estigmatización de las personas migrantes y que se vaya generando un clima de odio y xenofobia que no le aporta en nada al país. Además, las políticas no están orientadas a lo humanitario, para poder acoger la situación que están viviendo estas personas con políticas que se basan en el respeto de los derechos humanos y de atender, finalmente, esta migración forzada, nos llevan a situaciones que tenemos que lamentar, como el desalojo del día viernes, que fueron hecho bastante violentos, donde habían niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. 

-¿Cómo este tipo de respuesta de parte del Gobierno puede influir en una mirada negativa y estigmatizante de la migración?

-Son situaciones en que se va complejizando la convivencia. La cohesión social se ve, de alguna manera, afectada por la falta de política que contribuya a la cohesión, que implique en que esta migración sea más armónica y que está generando estos climas de odiosidad y xenofobia que no queremos volver a vivir. Esperamos que no vuelva a suceder, porque tuvo consecuencias bastante lamentables. Entendemos también, no vamos nunca a justificar los hechos de violencia desde ningún tipo de vista, pero entendemos que cuando no hay políticas idóneas, tanto la población migrante se ve precarizada y vulnerada y también la comunidad local se ve trastocada con esto. 

-¿Qué esperan que se haga de aquí en adelante frente a la crisis? 

-Nosotros creemos que hay puntos que son importantes de considerar para poder resolver este tema. Uno tiene que ver con las relaciones diplomáticas internacionales, donde los países de la región debiesen articularse desde el punto de vista humanitario en cómo acuerdan un plan de trabajo mancomunado que permita enfrentar a nivel regional la crisis que viven algunos países, de manera que esto sea armónico para todos estos países y que, en el fondo, esto pueda hacerse cargo de lo que están viviendo las personas. Lo segundo, tiene que ver con la utilización de los instrumentos jurídicos y diplomáticos que Chile tiene para hacerse cargo de situaciones como esta. Y ahí, nosotros creemos que la Ley de Refugio debiese aplicarse en este contexto. El artículo 42 de la ley plantea que en situaciones como esta, de grupos migratorios, se puede aplicar esta ley que le da la posibilidad a las personas de estar en proceso de análisis de su situación como refugiados y eso les da protección internacional. Lo tercero, tiene que ver con la coordinación que el gobierno central debiese hacer con los gobiernos subnacionales. El Ejecutivo debiera hacer articulación y coordinación con las municipalidades, convocando a otros actores de la sociedad civil como las ONG, la academia, para que juntos podamos resolver estas situaciones, pero tiene que haber una articulación del gobierno central. Todos queremos una migración segura, ordenada y regular, entonces desde ahí es importante que las políticas sean idóneas, si no, vamos a seguir perpetuando el círculo de la irregularidad y la exclusión de las personas migrantes. 

-En ese sentido, ¿la política migratoria actual es suficiente?

-Para esta situación no hay política. A nuestro parecer, la política ha sido la expulsiónEl Plan Colchane, para nosotros, es sinónimo de las expulsiones colectivas. Nosotros creemos que no ha habido una real política por parte de la autoridad central frente a esta situación migratoria. Ha habido un abandono de las gobernaciones, desde los municipios, que han tenido que enfrentar de manera atomizada y muy solos esta situación, acompañados por la sociedad civil, pero nosotros como sociedad civil tenemos recursos escasos. Esta es una situación que desborda a cualquier municipio, a cualquier organización. Por eso es importante una articulación a nivel central.

-¿Cómo se puede combatir la xenofobia y avanzar para promover el proceso de inclusión de las y los migrantes en Chile?

Los procesos de inclusión tienen directa relación con los procesos de regularización de las personas migrantes. Y eso, en la situación que estamos ahora, porque la autorización de visas es muy escasa, el Estado no está otorgando una cantidad de visas o de reconocimientos de refugio que estén a la altura de las situaciones graves que estamos viviendo a nivel regional. Desde ahí, el primer paso es enfrentar esto desde lo humanitario. Y en paralelo, estar mirando cómo con los instrumentos jurídicos Chile puede hacer procesos de regularización para que las personas puedan insertarse en el país, sobre todo para poder trabajar y tener un reconocimiento en el país. 

-Por último, ¿debería pensarse esta problemática como una crisis humanitaria en lugar de una crisis migratoria?

Es una crisis humanitaria para nosotros. Aquí hay personas que están migrando forzadamente de sus países porque están enfrentando una crisis humanitaria, que tiene que ver con una crisis política, económica, social, de todo tipo. Va vulnerando derechos. No estamos hablando de personas que vienen a buscar una mejora en la calidad de vida, aquí son personas que vienen a poder vivir, subsistir, acá donde sus países de origen no están pudiendo. Es una crisis humanitaria desde ese punto de vista, donde no hay garantía de derechos básicos y fundamentales de las personas.

Fuente: The Clinic

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