Las protestas y violencia en el norte ante la proliferación de migrantes ilegales, sobre todo desde Venezuela, abre la interrogante. ¿Hay solución para este problema? Y si bien ha habido una modernización de la institucionalidad y ‘más orden’ a largo plazo, siguen siendo más las preguntas que las respuestas.

Fuente: El Mercurio.

‘Algún dato, algún trámite. Consulte por ayuda’. Es lo que vocean tres venezolanas en el centro de Santiago. Justo en la puerta del Servicio de Extranjería y Migraciones.

Pocos son los que se acercan. A los que sí lo hacen, los toman de la mano y los llevan a una oficina, antigua, donde en el vidrio se lee: ‘Pasaportes, visas, fotos, certificados’.

Minutos después, salen. Y es que casi ninguno de los trámites se hace ahí. Los migrantes, legales, entran, y después de recibir información, salen a buscar un computador.

Es un gran contraste con lo que pasaba hace cinco años, cuando las filas de extranjeros daban la vuelta a la manzana.

Pero también es un gran contraste con lo que ocurre hoy a pocas cuadras, más cerca de Ahumada. Ahí abundan los extranjeros vendiendo mercadería. Incluso se ven en los semáforos, donde caminan entre los autos, pidiendo ayuda. O en Tarapacá, donde acampan en las plazas y recorren cientos y hasta miles de kilómetros a pie.

¿La diferencia? Estos últimos son, en su mayoría, migrantes ilegales.

Representan hoy el gran desafío de este gobierno, y de los que vienen, en la materia. Esto, pues, si bien desde 2010 ha habido un proceso de modernización de la institucionalidad –con hitos destacados y otros polémicos–, hay una pregunta básica abierta: ¿Qué quiere hacer el país, la sociedad, con quienes ingresan desde otras naciones?

Es una interrogante que tiene carácter social, jurídico y hoy, incluso, electoral.

ORIGEN COMPLEJO

Por estos días, el director del Servicio de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, se prepara para, lo que se anticipa, será una pelea para aumentar el presupuesto del sector.

Todo esto bajo un lema común, casi una letanía: ‘Hay que ordenar la casa’.

La idea tiene más de diez años. De cuando el Presidente Piñera le encargó al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al comienzo de 2010, que creara una ley de migraciones que reemplazara la vigente –de 1974– y ‘ordenara’ el sistema. Un sistema que, dicen, consistía en una acumulación infinita de solicitudes y papeles que, muchas veces, terminaban extraviados o incluso, como recuerdan funcionarios, ‘comidos por ratones’.

Ese proceso llegaría a puerto 11 años después, en abril de este año, con la promulgación de la ley. ‘Una de las pocas leyes que estaban en el programa y que salió bajo nuestros términos’, dice Bellolio.

Pero, entremedio, pasó mucha agua bajo el puente. Todo un océano se podría decir.

La primera ola comenzó en 2017, cuando atraídos por el buen pasar económico de Chile y, de acuerdo al gobierno actual, por la ‘desidia’ de la administración anterior llegaron al país miles de haitianos.

Luego vendría la crisis venezolana. Y Chile no estaba preparado.

En concreto, entre 2017 y 2018 llegaron 130 mil haitianos y 300 mil venezolanos. El sistema colapsó.

Uno de los hitos en este período fue el famoso ‘Cucutazo’ en el que, de acuerdo a la oposición, al asistir y apoyar a la disidencia venezolana en la frontera con Colombia, el Presidente Piñera dio la señal de que las puertas estaban ‘abiertas de par en par’.

Hoy el Gobierno dice que eso no es cierto y que la mayor parte del flujo ya había llegado antes. Lo que sí consta, según cifras oficiales, es que en 2018, luego que se estableciera la Visa de Responsabilidad Democrática, esta se les otorgó a 70 mil migrantes venezolanos. Tras eso, han ingresado 80 mil más.

Hoy, en el Gobierno dicen que, dentro de todo, hay un poco más de orden. Por ejemplo, no se ingresa sin ellas, o con visa de turismo. Asimismo, cuando la ley comience a funcionar, los que hayan ingresado como turistas y estén trabajando deberán regularizarse o podrían ser expulsados.

En lo referente a los ilegales, el panorama es distinto.

‘CHILE DE ELEGIR’

Era diciembre de 2018 cuando surgió a gran escala la polémica por las diferencias entre los conceptos de migración. Ese mes, a última hora, el Gobierno decidió no firmar el Pacto de Migraciones de la ONU que inicialmente iba a aprobar con reparos.

La principal razón fue que la declaración no diferenciaba entre migrantes en regla de los que no.

De ahí en adelante, se transformó en un tema político, aún no resuelto.

Mientras, el tipo de migración cambió. Si antes los extranjeros que llegaban a Chile eran profesionales, buscando trabajo, hoy son gente pobre que busca sobrevivir.

‘La sociedad venezolana migra con la promesa de traducirse en oportunidades de trabajo, en remesas que pueden aliviar la precaria situación económica familiar, en posibilidad de comer tres veces al día y recibir alguna atención a la salud’, dice Mariela Ramírez, líder de la ONG venezolana Foro Cívico.

Al mismo tiempo, y más con la pandemia, los ingresos ilegales aumentaron, sobre todo de familias venezolanas que cruzan a diario por pasos no habilitados de Tarapacá y se instalan en las plazas de Huara, Colchane e Iquique. Una crisis humanitaria que, para muchos, no está bien resuelta.

Las políticas migratorias, las herramientas y los tipos de visados que ha implementado este gobierno son tan restrictivos que de una u otra manera fuerzan a las personas que salen por necesidad a optar por otras vías que son irregulares’, dice Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, quien además critica la tardanza en la entrega de visas que haría que miles de migrantes ‘trabajen de forma clandestina’.

‘Se requiere que las personas que han ingresado en estas situaciones vulnerables tengan acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, y que estos espacios sirvan para generar redes de apoyo. Dado que son personas que requieren protección internacional, es esencial que se inicie un proceso de regularización para ellas’, dicen desde el Servicio jesuita a Migrantes.

‘Justamente, por tratarse de una migración reciente, no lograron establecer las redes, soportes necesarios para enfrentar los efectos socioeconómicos del covid-19’, dice Víctor Flores, coordinador de la OIM para la Macrozona Norte.

Es una opinión que varios comparten, como por ejemplo los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste, así como buena parte de los parlamentarios de oposición.

En el Gobierno, piensan distinto.

‘¿Les vamos a prometer visa a todos los que entren? ¿Tenemos que recibir a todos los que no tengan trabajo? Porque si es así, vamos a tener que adaptarnos, a que bajen los salarios, a que haya menos empleo. A que haya más conflictos. Ahí hay una decisión país que tomar, que no corresponde solo al Gobierno, sino que se debe ver en la campaña presidencial, en la Convención Constitucional y en los tribunales. Y los chilenos deben elegir’, dice Bellolio.

En este contexto, se propone trabajar, desde un punto de vista comunicacional, una política que ‘regule las expectativas’ de los migrantes, pues, según creen varios en el Gobierno, Chile ‘ya no da abasto’.

La oposición y las organizaciones sociales no son, eso sí, las únicas que piden que cambie el sistema. Fuentes de gobierno que piden reserva cuentan que desde el mundo del agro hay mucha presión para facilitar la entrada de irregulares, con el objetivo de ‘tener más mano de obra’.

Es en este contexto en que, desde el Ejecutivo, son varias las voces que creen que lo indicado sería motivar un ‘acuerdo nacional’ sobre migraciones, para no dejar las decisiones al arbitrio de cualquiera sea el próximo gobierno.

Sin embargo, los problemas no son solo de índole política.

UN CONTINENTE SIN COORDINACIÓN

Tras más de 3 años de espera, en 2021, el Gobierno logró sortear el obstáculo del Poder Legislativo en materia de migración y aprobar la ley. Sin embargo, hoy sigue chocando con el Poder Judicial.

Lo anterior, dado que la Corte Suprema, específicamente la Segunda Sala, ha dictado varios fallos que han paralizado procesos de expulsión de migrantes que han entrado de forma ilegal, y esto, debido a que han considerado que los acusados ‘no han tenido debido proceso’, ‘no han tenido condiciones para presentar una buena defensa’ o ‘no tienen antecedentes penales en el país’.

Pero hay otra dificultad: la casi total ausencia de coordinación internacional.

Sobre esto, fuentes de Cancillería relatan que la mayoría de los países del continente no tiene interés en tratar el tema en los foros internacionales. De hecho, recientemente Chile asumió la presidencia pro tempore en la Conferencia Sudamericana de Migración y ha tratado de poner varias veces en agenda una discusión sobre el éxodo venezolano. Hasta ahora, no ha sido aceptado.

Sí ha habido conversaciones con las autoridades de Perú y Bolivia. Pero si bien en el caso de los primeros hay una coordinación que ‘ha funcionado’, el segundo país no ha tomado medidas concretas. ‘Simplemente pasan’, dicen desde Teatinos 180.

¿Se puede así evitar que aumente aun más la migración?

En La Moneda no están muy convencidos.

Fuente: El Mercurio

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