La Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325)traerá una nueva institucionalidad para Chile con la creación de un Servicio Nacional de Migración y de un Consejo de Política Migratoria; la generación de una nueva estructura y procedimientos de otorgamiento de Visas; una Política Nacional de Migraciones; la redefinición de los procedimientos para expulsiones administrativas, entre una gama de nuevas acciones que incidirán de manera directa en la cotidianeidad de la comunidad extranjera.

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Nacional de Migraciones cuentan que a diciembre de 2020 en Chile residen 1.462.103 extranjeros/as, y, a diferencia del proceso migratorio de los años 90´, que era mayoritariamente de origen fronterizo, hoy sólo una de las cuatro nacionalidades más predominantes comparte frontera con Chile. Así el 31% de los y las migrantes es originario de Venezuela, un 16% de Perú, 13% de Haití y 11% de Colombia. Por otro lado, el año 2021 transcurrió en medio de las restricciones sanitarias de la Pandemia, el cierre de fronteras, y el agravamiento de las crisis humanitarias, económicas y políticas de países de la región que obligan a personas y familias completas a migrar desde sus países de origen.

Con la nueva legislación operativa, pasaremos de un escenario con una normativa desactualizada (Decreto Ley N°1.094), y con mecanismos de regularización poco eficientes a una nueva Ley (Ley 21.325), que tras años de discusión en el Congreso se promulgó finalmente el año 2021.

El Observatorio de Políticas Migratorias buscará monitorear los efectos de esta nueva normativa en la vida cotidiana de las personas migrantes y refugiadas, considerando sus percepciones y sentires a través de diagnósticos por medio de encuestas y procesos participativos, elementos que dialogarán con evidencia nacional e internacional. Todo ello desembocará en minutas de política pública y en opiniones que serán divulgadas por diversos medios de comunicación.

Componen esta iniciativa la Universidad de Santiago de Chile, por medio del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Universidad Alberto Hurtado, por medio del Centro Vives, Universidad Arturo Prat de Iquique, por medio del Instituto de Estudios Internacionales (INTE). Además, el proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR Chile) y de la Embajada de Francia en Chile. Se trata de un esfuerzo de cooperación y trabajo conjunto desde instituciones que pondrán a disposición de la ciudadanía sus capacidades técnicas y humanas para entregar datos e información útil que oriente y aporte en la implementación de esta política pública que tanta incidencia tiene en quienes migran, la ciudadanía y territorio receptor.

Las universidades parte del Observatorio le asignan la máxima importancia al rol que jugará en la coyuntura que experimenta Chile y el mundo esta herramienta. “Esta iniciativa, combina virtuosamente la colaboración entre universidades y el SJM; la contribución a las políticas públicas desde los saberes universitarios y la incidencia en un ámbito crucial para el país”, dice Sebastián Kaufmann, vicerrector de Integración de la Universidad Alberto Hurtado.

Se trata también de una alianza que aprovecha los saberes y experiencia de diferentes instituciones, pero fuertemente orientadas en aportar en políticas públicas robustas y efectivas. “Este observatorio permite aprovechar la investigación de calidad que se hace y ponerla al servicio del análisis de las políticas públicas en materia migratoria que afectan la vida de miles de personas. Esta reflexión en un momento político tan significativo para el país, toma aún más sentido y relevancia”, dice el mismo Kaufmann, idea que refrenda Alberto Martínez, rector de la Universidad Arturo Prat, que destaca el rol público y regional, que han definido “como la universidad del conocimiento y el territorio”, razón por la cual “entendemos y valoramos el rol que debe cumplir el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, porque se hace cargo de una realidad país y una realidad que vivimos en el norte”.

Mirar de manera sistemática la implementación de esta Ley es significativo para todos, dice Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago de Chile, “porque permitirá analizar los efectos de la nueva normativa y cuyos resultados facilitarán el desarrollo de políticas públicas pertinentes a la realidad de la población migrante».

Uno de los aspectos más esperados de la nueva Ley son los avances en materia de Derechos Humanos y el Observatorio adopta un valor concreto muy relevante en este aspecto. “Nos permitirá monitorear si se hace efectiva la protección a niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas víctima de tráfico y de todos los aspectos de la política pública que contiene”, dice Waleska Ureta, directora Ejecutiva del Servicio Jesuita a Migrantes, quien además destaca que se usará una metodología que integrará aspectos como la recolección de datos relevantes, comparándolos y cruzando la información con la evidencia internacional, “pero además estaremos siempre incorporando la voz de los y las migrantes a través de encuestas, focus group o de manera directa, porque es muy importante que las opiniones de los y las migrantes adquieran mayor protagonismo y visibilidad. Toda esta información nos permitirá también ir haciendo aportes y propuestas en el proceso con el objetivo de mejorar el impacto”, concluye Ureta.

Formalmente el lanzamiento del Observatorio será en marzo del 2022, fecha en que se convocará a organizaciones y autoridades que asumen los desafíos de la migración y con los que se espera colaborar desde la producción de conocimiento y propuestas.

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