Según la última encuesta Casen 2022, a esta realidad también se suma el aumento de la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven miles de personas que han llegado al territorio nacional, las que están ligadas directamente a una falta de agilización de procesos para que las personas puedan optar a una mejor calidad de vida. Las regiones de Tarapacá (30%) , Antofagasta (22%) y Metropolitana (22%) presentan las tasas más altas de personas menores de 18 años viviendo en situación de pobreza multidimensional (4 factores). Del total de niños, niñas y adolescentes extranjeros, un 38% está en pobreza multidimensional, mientras que en el caso de los chilenos alcanza un 17%.
Las familias que han llegado a Chile, no solo enfrentan aquí una inequidad social, sino que la arrastran desde sus países de origen, la viven durante toda su trayectoria migratoria y la siguen viviendo una vez insertos en el país, siendo los menores de edad, los más afectados. Solamente considerando los datos parciales que registra Carabineros de Chile, entre 2017 y 2019 se registraron cerca de 167 casos de niñas, niños y adolescentes, cruzando la frontera de manera no autorizada, sin embargo para el período entre 2020 y 2022 la cifra ha aumentado significativamente a 16.034.
Es importante saber que en Chile los derechos de los niños, niñas y adolescentes están garantizados y por ende, deben ser respetados, sin importar su situación migratoria ni la de sus padres y/o cuidadores. Sin embargo, la realidad es distinta: miles de ellos están a un paso de no poder incorporarse al sistema educativo, ya sea por la falta de información o por la lentitud del sistema que dificulta su inclusión.
A través del Identificador Provisorio Escolar (IPE), que otorga el Ministerio de Educación, este derecho está siendo mínimamente garantizado. Según datos del Mineduc para el año 2022, a nivel nacional, el número de estudiantes extranjeros con IPE era de 124.444 (3,4% de la matrícula total) y supera a la matrícula regular de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados cuya cifra alcanza los 116.142 (3,2% de la matrícula total). Tarapacá, Valparaíso y Biobío son las regiones donde esta diferencia entre alumnos con IPE y matrícula regular es mayor.
Esta situación desafía al sistema educativo a encontrar formas de asegurar el derecho a la educación, facilitar la incorporación de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados y garantizar su continuidad educativa, sobre todo en situaciones que son de alta vulnerabilidad. Además de ser un deber en términos de justicia social y derechos humanos, también enriquece a la sociedad en su conjunto al fomentar la inclusión, y la convivencia pacífica. En un país profundamente dividido, la reconstrucción del tejido social se vuelve una urgencia imperativa.
Por Andrea Espinoza, directora social, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes
