SEÑOR DIRECTOR:
Esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino. Es altamente probable que esta medida no tenga el resultado esperado, es decir, que desincentive la migración irregular. Cabe recordar que hasta la entrada en vigencia de la nueva ley, en febrero de 2022, el ingreso clandestino se definía como delito, sin embargo dichos ingresos han sido constantes desde el 2015 e incluso desde el 2018 aumentaron considerablemente. Por lo tanto, esta medida demostró que no opera como desincentivo. Asimismo, el aumento de dificultades para ingresar o solicitar el ingreso al país de manera regular, solamente ha logrado promover la irregularidad.
Pareciera que esta medida asume que las personas toman la decisión de migrar desde una premisa meramente racional de costo-beneficio, ignorando que las crisis humanitarias, políticas, económicas y sociales de países de la región fuerzan esta decisión y conllevan una enorme necesidad de buscar donde vivir segura y dignamente.
A su vez, de aprobarse este proyecto en el Senado, queda abierta la pregunta sobre cómo podrá el sistema penal chileno absorber esta nueva demanda. Frente a las múltiples respuestas que el Estado debe dar a distintas urgencias, es fundamental un uso adecuado y eficiente de los recursos para garantizar el bienestar de todos y todas quienes vivimos en Chile. Este es claramente un deseo compartido por nacionales y extranjeros, pero medidas como estas desvían el foco y la idoneidad de las políticas públicas, profundizando, además, la estigmatización y el debilitamiento de la cohesión social.
