Sr. Director
El Subsecretario del Interior y el Director del Servicio Nacional de Migraciones, anunciaron la coordinación con la Embajada de Venezuela para agilizar las expulsiones administrativas y judiciales de personas de ese país.
Más allá del legítimo derecho de todo Estado a realizarlas, asegurando siempre todos los elementos necesarios para un debido proceso, es su deber también entregar respuesta de manera ágil a miles de personas que, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos administrativos establecidos, esperan años para poder regularizar su situación migratoria. A raíz de ello, son incontables las historias de sufrimiento de familias que ven precarizadas sus condiciones de subsistencia, de mujeres que acrecientan su vulnerabilidad a ser víctimas de violencia o explotación, y de niños, niñas y adolescentes que encuentran obstáculos en el acceso a servicios básicos, a pesar de que estos derechos les deben ser garantizados.
El Servicio Nacional de Migraciones debe asumir su responsabilidad por la ineficiencia y lentitud en su gestión para abordar las diversas dimensiones y situaciones que la movilidad humana presenta en la actualidad y a las situaciones de discriminación a las que ven expuestas las personas. Un claro ejemplo de lo mencionado, es que, desde el año 2018, sólo a 36 personas de nacionalidad venezolana se les ha reconocido como refugiados.
Es imperioso incluir en esta reciente coordinación internacional, el que ciudadanos venezolanos puedan migrar regularmente a nuestro país, proveyéndoles los documentos que requieren para regularizarse y dando respuesta diligente a su tramitación de visas. Es impresentable que reduzcamos la realidad de las necesidades de miles de personas a cómo expulsarlas de nuestro país, sin agilizar estrategias de regularización e integración que devuelvan una vida digna a quienes les ha sido negada.
