Para que Chile sea un lugar seguro, nadie puede poner en duda que el crimen debe ser perseguido eficazmente y quien delinque, sea quien sea, debe enfrentar a la justicia en un debido proceso. Junto con el trabajo de la justicia, las autoridades deben ser capaces no solo de impulsar las medidas de control y prevención que se requieren, sino que también deben transmitir tranquilidad a la población y promover la cohesión social. Esto implica no crear enemigos internos ni animosidad ante grupos específicos de personas como si fueran las causantes de todos los problemas.
Abordar la situación actual de criminalidad obliga, a nuestro juicio, a separar los fenómenos sociales que parecieran estar detrás de ella, para comprenderlas adecuadamente y definir los cursos de acción correctos. Primero, los problemas de criminalidad y violencia en Chile no son nuevos. Hace décadas que el narcotráfico, el porte de armas y los delitos violentos se han arraigado en distintos lugares del país. Estas situaciones tienden a darse en mayor medida en los lugares donde hay una menor presencia de instituciones sociales que promuevan la integración y cohesión social. Es casi una ecuación perfecta: en los espacios donde el Estado desaparece, la criminalidad aparece. Es por ello que en las fronteras, en los barrios vulnerables y en los lugares aislados las políticas públicas deben actuar con mayor intensidad. Segundo, los crecientes flujos de movilidad humana que hemos visto en los últimos años, responden a una profunda crisis humanitaria que ha hecho que millones de personas se desplacen por todo el continente, la mayoría de ellas en situaciones desesperadas de pobreza y en trayectos de alta precariedad y peligrosidad. Tercero, los procesos de exclusión e informalidad en que se da la migración de muchas personas, crean contextos de alta vulnerabilidad y descomposición del tejido social, que se transforman en ventanas de oportunidad para el crimen organizado transnacional. Esto es: mientras más informalidad y exclusión tengamos, más espacios para el desarrollo de actividades ilegales y violentas habrán.
Sin duda que los problemas de seguridad y la presencia creciente del crimen organizado internacional deben ser prioridades para las autoridades, y requieren de acciones oportunas y sobre todo eficientes.
