La solicitud de refugio es para personas que son perseguidas por su opinión política, su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particularmente discriminado; y que temen por su vida, seguridad o libertad en sus países de origen, así como aquellos que huyen por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos, violación masiva de derechos humanos o perturbaciones graves al orden público, necesitando protección internacional.

Al ser reconocidas en esta calidad, las personas se encuentran protegidas por el principio de no devolución, por tanto no pueden ser devueltas al país del cual piden refugio, cuando su vida se encuentra en peligro.

Esta herramienta de protección internacional es un trámite personal que debe realizarse en un plazo de siete días hábiles desde el ingreso a Chile.

La solicitud se realiza presencialmente ante el Departamento de Refugio en Santiago, o en las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

La nueva Ley de Migración y Extranjería establece un catálogo de derechos sociales para las personas migrantes que vivan en Chile. Para derechos como el acceso a la salud, derechos laborales y el acceso a seguridad social,  la normativa señala que son ejercidos en igualdad de condiciones a los nacionales, independientemente de su condición migratoria, sin perjuicio de los requisitos que la misma establezca para casos determinados.

Sobre el derecho al acceso a la educación, este se encuentra garantizado para todo niño, niña o adolescente, desde la educación inicial y básica hasta la enseñanza media, independiente de la condición migratoria de sus padres o cuidadores.

Si tales derechos son negados  o limitados, la persona afectada puede realizar acciones judiciales o administrativamente para buscar su restablecimiento.