Director del Servicio Nacional de Migraciones reconoció limitación de capacidades para abordar estas tramitaciones, aunque anticipó rediseño en los procesos.
‘Tenemos una capacidad limitada para procesar las solicitudes’, afirmó ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, al referirse a la lenta tramitación y aprobación de los requerimientos de refugio por parte de migrantes.
Según datos del Ministerio del Interior, del cual depende el Servicio Nacional de Migraciones, desde 2012 a la fecha se registran 22.607 solicitudes de refugio (100%). Del total, solo 634 corresponden a otorgamientos (2,8%), mientras que 13.753, a rechazos (60,8%), y 8.220 figuran como pendientes (36,4%).
Durante la sesión en la Cámara, Thayer agregó que el servicio cuenta con ocho abogados que cumplen con las entrevistas para resolver la aplicación de refugio. Una limitante que, sostienen en el servicio, obliga a evaluar la pertinencia de la aplicación de esta medida a extranjeros que por diversas causas temen ser perseguidos y cuya seguridad o libertad se encuentre amenazada, según dicta la Ley 20.430 sobre la materia.
Respecto de la política actual de refugio, el director del Servicio Nacional de Migraciones afirmó que esta se mantendrá en base a las capacidades de procesar estos requerimientos. ‘De otra forma, lo que estaríamos haciendo es ser poco responsables con la política de refugio. No podemos abrir urbi et orbe solicitudes de refugio, si no tenemos capacidad real de ofrecer protección a las personas. En este punto, es fundamental establecer criterios colectivos con nuestros países vecinos’, dijo.
De acuerdo a datos del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, entre 2012 y 2021 de cada 100 solicitudes de refugio se reconocieron a 2,9 refugiados/as. Mientras que entre 2020 y 2021 se ha reconocido a 26 personas como refugiadas y se han rechazado 5.151 solicitudes. Un panorama que aborda Pablo Roessler, jefe del Área de Estudios del Servicio jesuita a Migrantes (SJM). ‘La institucionalidad en temas de refugio es uno de los puntos que deben fortalecerse: en los últimos años las cifras de reconocimiento de refugio bajan muchísimo y las de rechazo aumentan exponencialmente, lo que preocupa en un contexto de crisis humanitaria y sanitaria. Ello no aporta en la construcción de vías regulares para personas que requieren protección’, expresó Roessler.
El SJM encabezó recientemente el lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, que como primera medida inició el monitoreo de la nueva Ley de Migraciones y el impacto que pudiera presentar en la vida cotidiana de migrantes. ‘Un principal énfasis se encuentra en la situación de las personas que requieren protección internacional. Para ello vincularemos evidencia sólida con las experiencias y voces de las mismas comunidades migrantes y refugiadas residentes en Chile’, agrega Roessler. Este centro de análisis organizado por SJM cuenta con la participación de una serie de universidades y el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Chile y la embajada de Francia en el país. Además se ejecuta en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Infomigra y la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven).
A fines de abril, durante la presentación del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, Thayer reconoció el rezago en la tramitación de visados. ‘Hoy nos estamos demorando dos años en tramitar una permanencia definitiva; y aproximadamente uno en tramitar una visa temporal. Eso implica para las personas precariedad, porque los deja en un limbo’, explicó.
‘Una de las primeras acciones que hemos tomado al interior del servicio es poner a los equipos a trabajar en eso, en un rediseño de los procesos. Porque hay temas de gestión y también temas de criterio en términos de la tramitación de los documentos. Hay definiciones políticas que pueden retrasar o no la tramitación de las visas (…). Tenemos un cuello de botella. Nosotros tenemos 500 mil solicitudes en trámite. Esas 500 mil personas están en una situación de limbo, ni regulares ni irregulares. En la práctica no hay reconocimiento de la sociedad para estas personas’, precisó, en aquella ocasión, el director del Servicio Nacional de Migraciones.
Recuadro
“Hay incentivos muchas veces perversos que generan que el refugio sea también puerta de entrada para la regularidad de personas que no requieren protección internacional’. LUIS EDUARDO THAYER, Director Servicio Nacional de Migraciones
Las solicitudes procesales de residencia permanente tienen en Chile un retraso procesal de 24 meses. Nos parece discriminatorio esperar ese tiempo para solicitar un visado’. PATRICIA ROJAS, Asociación de venezolanos en Chile.
Fuente: El Mercurio
