Señor Director:
En el marco de la discusión pública de las políticas sobre migración, hay aspectos que se deben abordar cuidadosamente, como son las reconducciones y expulsiones a personas que ingresan por pasos no habilitados.
Si bien la actual Ley de Migración posee puntos positivos que apuntan hacia movilidades humanas seguras, ordenadas y regulares, algo que ha sido difícil de implementar en la práctica, son las reconducciones de personas que ingresan por un paso irregular, ya que requieren de una coordinación previa con el país vecino por donde ingresan las personas. Esta coordinación no existió antes de la entrada en vigor de la ley (febrero de 2022) y reflejo de ello, es que (según datos de PDI) entre febrero y julio de este año, solamente el 9,5% de las 11.816 medidas de reconducciones han logrado materializarse, debido a que las personas reconducidas no fueron recibidas por la autoridad del país limítrofe. A su vez, la evidencia muestra que las expulsiones administrativas no inhiben los ingresos por paso irregular. En efecto, desde inicios de 2021 se aplicaron medidas como expulsiones colectivas y presencia militar en la frontera, no obstante, en los meses posteriores a las cuatro expulsiones masivas realizadas en 2021, se incrementaron los registros de ingresos clandestinos, llegando incluso a 10.038 en octubre y 8.507 en noviembre de 2021.
Abordar el tema migratorio de manera integral requiere incluir propuestas que vayan más allá de las expulsiones, para no caer en una mirada miope sin resultados efectivos. Una mirada integral debe tener la inclusión como horizonte, sin dejar de lado las herramientas que dé la ley para lidiar con los ingresos por paso no habilitado, pero comprendiendo que ante la crisis humanitaria que vivimos como región, hay principios que nos deben orientar hacia un manejo mejor y con mayor diálogo. En este sentido, iniciar una conversación sobre regularización es fundamental para comenzar a construir una respuesta integral de largo plazo.
Waleska Ureta Cañas
Directora Nacional SJM