Las organizaciones de extranjeros coinciden en que la nueva norma es un avance, pero que ‘se quedó corta’.
Con la aprobación de la Ley de Migraciones, la semana pasada en el Congreso, las asociaciones de inmigrantes coinciden en que la normativa representa un avance, pero afirman que requiere varias mejoras. Aunque el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó hace unos días que ‘Chile va a tener una legislación moderna, una política migratoria que apunte a una migración ordenada y regulada’, la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas, resume el marco legal como ‘una ley que se quedó corta en avanzar hacia la observancia de los DD.HH. de las personas migrantes’, pero reconoce que es un avance en ‘institucionalidad en los procesos migratorios’. Y destaca, entre otras medidas, que se amplíe a todas las universidades estatales con más de cinco años acreditadas la gestión de convalidaciones y homologaciones de títulos extranjeros; así como la implementación de una visa para mujeres en situación especial de protección, que incluye a embarazadas, víctimas de trata o de violencia de género.
Rojas dice que ‘la ley es mejorable’ y establece sus expectativas en tres focos: la agilización de los trámites, la reunificación familiar y la regularización de ciudadanos que mantienen un estatus irregular. En este último punto, afirma que ‘mientras más restrictiva sea la política migratoria, más irregularidad vamos a tener’.
Según la nueva Ley de Migraciones, aquellos extranjeros que actualmente están irregulares, pero ingresaron al país antes del 18 de marzo por pasos habilitados, podrán regular su estatus migratorio. Sin embargo, quienes entraron por pasos no habilitados no podrán hacerlo y deberán salir para tramitar su visa de forma consular. En eso último repara el vocero de la comunidad haitiana, Widner Darcelin, quien pide que los planes de regularización incluyan a todos los irregulares y critica que el proceso de 2018 fue ‘una pésima gestión; de hecho, todavía hay miles de personas que aún no pueden obtener esa visa’. Eso sí, afirma que ‘ya se necesitaba una nueva ley’.
En tanto, el representante de la comunidad colombiana, Yesid Castaño, tiene ‘esperanza de que se agilicen todos los trámites con la creación del Servicio Nacional de Migraciones’. Asimismo, espera que se prioricen los trámites de visa definitiva, porque ‘actualmente se demoran hasta 18 meses esperando una visa definitiva’.
Además de estos puntos, la presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, apunta sus preocupaciones a ‘la necesidad de garantizar los derechos de los niños y el cambio de categoría migratoria en el país’, que actualmente es posible. Y culmina: ‘El desafío más importante viene con la implementación y cómo se va a llevar a la práctica’.
Fuente: El Mercurio.
