OPINIÓN. Escrita por Juan Pablo Ramaciotti, Director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.
Esta semana se vota en el Senado el proyecto de Ley de Migraciones. Han surgido distintas miradas que corren el peligro de apuntar a los peligros de la propuesta ajena sin abordar sus propias falencias. La primera apunta a que todos los visados de residencia sean obtenidos desde el país de origen. La ventaja es que todos ingresarían con RUT desde el primer momento. El problema ya lo hemos presenciado. Esta política se ha aplicado a Haití y Venezuela los últimos años y los resultados son claros: han disminuido los ingresos a Chile por vía regular, pero han aumentado los ingresos por pasos no habilitados y las víctimas de tráfico. El 50% de los ingresos por pasos no habilitados de la última década se concentró justamente en 2018 y 2019. Este 2020 ya van más de tres mil registros por ingreso irregular. Si reproducimos este sistema podríamos acercarnos a EE.UU.: se controlará quiénes ingresan regularmente, pero crecerá el tráfico de migrantes, los ingresos irregulares y los turistas en situación irregular.
La segunda mirada propone mecanismos complementarios para el ingreso regular, disminuyendo así los riesgos de tráfico e ingreso irregular. En ese sentido, se ha planteado que se mantenga la posibilidad de que quienes vengan como turistas puedan luego solicitar una visa de residencia. Ese es el sistema actual en Chile, y la mayor crítica que se le ha hecho es que quienes migran al país dicen venir como turistas cuando en realidad vienen a quedarse; y si no encuentran trabajo antes de que su visado venza, quedarán en situación irregular. Junto con eso, dificulta la capacidad del Estado para controlar la cantidad de personas que migran a Chile.
El actual proyecto debe incluir mecanismos reales y adecuados con la evidencia que ya se posee. La pregunta es cómo tener un sistema que disminuya lo más posible la irregularidad, que atienda lo que pasará con esas personas una vez dentro y establezca herramientas para que el Estado controle el ingreso. Una Ley de Migraciones no debe aprobarse mirando solo el escenario post pandemia, sino una mirada de Estado, de largo plazo y garantizando los derechos humanos. Si seguimos debatiendo en base a amenazas y descalificaciones, en lugar de mirar los riesgos y fortalezas de las distintas alternativas, no solo habremos elegido un mal camino para legislar, sino que lo haremos en un país cada vez más dañado por la estigmatización y el racismo.
