El evento tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado y participaron instituciones que colaboran con el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, del Servicio Jesuita a Migrantes.
Un conversatorio sobre la situación migratoria y de refugio en Chile fue lo que se vivió la tarde del miércoles recién pasado en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco de la presentación de los resultados obtenidos por el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, durante un año de investigación, sobre la implementación y el funcionamiento de la nueva Ley de Migraciones (21.325), a un año de su entrada en vigencia.
En la ocasión se analizaron los antecedentes que evidencian una grave falta de información en la población migrante sobre la nueva normativa, recomendaciones para mejorar procedimientos de regularización, diferenciando entre refugiados y migrantes, inequidad social, la importancia de los municipios como primer sistema de atención a familias migrantes y el tratamiento que hoy se da en los medios de comunicación a las noticias relacionadas con personas de nacionalidad extranjeras.
La situación actual en Chile es compleja, pues nos enfrentamos a uno de los movimientos de migración mixta más grandes del mundo, que sólo es comparado con lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y a la vez, afrontamos un momento clave debido a que las autoridades se encuentran definiendo la Política Nacional de Migraciones. “Estamos en un contexto global muy particular, son más de cien millones las personas que se han visto obligadas a desplazarse de sus países de origen por la fuerza, por distintos motivos, es una cifra que no tiene precedentes. No habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial una cifra de personas que se hayan visto obligadas a dejar sus hogares. América Latina no es una excepción”, señala Rebeca Celnamor, representante de ACNUR.
En paralelo, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, hizo referencia sobre la inequidad social a la que se enfrentan los gobiernos locales para poder orientar o asesorar a personas migrantes en temas jurídicos, sociales o laborales. Para la edil, una de las principales falencias actuales es la diferencia de recursos entre un municipio y otro, “La migración pone a los municipios con una gran tarea, que tiene una gran magnitud, pero que nos hace enfrentamos a esta inequidad territorial que hace que muchos municipios puedan prestar excelentes servicios y otros municipios que no tengan la capacidad”, señaló.
La forma de comunicar el aumento de flujos migratorios o situaciones en las que se ven involucradas personas de nacionalidad extranjera, es otro punto clave que se debe tratar con urgencia, pues actualmente sólo aumenta la percepción social negativa ante la migración. Neida Colmenares Presidenta del COSOC del Servicio Nacional de Migraciones, se refirió a este punto y señaló que “Hay un manejo comunicacional negativo. Como Cosoc hicimos un llamado a los medios de comunicación y a las autoridades para que sean ellas quienes salgan a decir cuales son las estadísticas que tienen cuales son las estadísticas que tienen y cual es el tratamiento adecuado”
En cuanto a la propuesta que más ha sonado con fuerza estos últimas días, sobre cómo controlar la migración irregular en el país, proponiendo la expulsión como sanción inmediata, Macarena Rodríguez, Presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que “desde nuestra experiencia podemos decir que la expulsión jamás ha sido una solución, es una medida cara, una medida inaplicable, más allá de que saquemos la notificación o la no notificación , la expulsión no es la medida de solución”.
Y agregó “quien está de manera regular puede buscar un trabajo formal, puede arrendar de manera formal, puede vivir de manera regular y pueden dar cumplimiento a ese deseo forzado muchas veces que los hace caminar, dejar sus países y llegar a este lugar, donde las cosas no son fáciles hasta ahora”.