23 de Junio, 2021

Radiografía al voto migrante en Chile: ¿Qué piensan los nuevos votantes sobre el proceso constituyente en el país?

Solo 20,91% del padrón de migrantes habilitados para votar ejerció su derecho en el plebiscito de octubre, las últimas elecciones sobre las cuales hay datos disponibles. Pero la población migrante en Chile está pendiente de la Nueva Constitución. The Clinic conversó con expertos y distintos miembros de agrupaciones en que están organizadas las personas migrantes para conocer cómo sienten y están viviendo el proceso histórico de la Convención.

“Nos tomamos la típica foto cumpliendo con nuestros derechos constitucionales ejerciendo el voto”, cuenta Richard Romero, ecuatoriano residente en Chile, sobre el fin de semana de las votaciones de gobernadores, concejales, alcaldes y constituyentes.

La historia era repetida. Antes, para el plebiscito del 25 de octubre, fue con su esposa a votar a un colegio en la Avenida Bernardo O’Higgins en Estación Central. Esa vez apoyó el Apruebo.

“El plebiscito yo siempre dije que era re contra necesario. Necesitamos un rotundo cambio acá, se tiene que hacer una transformación política y tenemos esta oportunidad única. No creo que el país vaya para peor, vamos a mejorar para grandes cosas”, afirma.

Romero fue uno de los 378.829 extranjeros que estaban habilitados para votar en el plebiscito, de acuerdo a los datos del Servicio Electoral (Servel).

De acuerdo a las nacionalidades de los extranjeros que podían votar el 25 de octubre, entre las cinco más numerosas estaban los peruanos (138.381 votantes, equivalentes al 36,5% del padrón), bolivianos (43.440), colombianos (42.048), argentinos (28.563) y ecuatorianos (15.993).  

La información del voto extranjero correspondiente a la votación del 15 y 16 de mayo aún no está desglosada, entre otras cosas, porque a la fecha solo está calificada la elección de constituyentes y gobernadores.

Romero fue candidato a concejal en Estación Central, pero no resultó electo. Sobre el proceso constituyente, dice que “no tengo temores, al contrario, estoy súper emocionado, porque voy a seguir a todo rigor la lectura, los diálogos, las participaciones, me gusta aprender”. 

Baja participación

De los más de 300 mil extranjeros habilitados para votar en el plebiscito acudieron 79.212, lo que equivale a un 20,91% del padrón, versus un 51,55% de los nacionales. Mientras que, en las elecciones presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales de 2017, de los 267.116 extranjeros habilitados para votar sufragó un 19,17%, contrario al 47,9% de los chilenos y chilenas que sí votaron en esa ocasión.

¿Las razones de por qué la participación de los extranjeros es menor? Cristián Doña, Investigador Asociado del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, realizó en 2016 el estudio Los inmigrantes como votantes: Participación política de inmigrantes recientes en comunas seleccionadas del Gran Santiago.

Entre sus hallazgos encontró la falta de información: “El Estado no se preocupa de hacer una promoción de estos derechos”, afirma. De acuerdo con sus entrevistados, también dudan de alguien que no proviene del gobierno, como podría ser una ONG, les diga que tienen derechos.

Otro factor es que antes de la migración venezolana, los migrantes que llegaban a Chile lo hacían principalmente por razones laborales. “El proyecto migratorio de estas personas no es político, aun cuando hayan sido políticas económicas surgidas del proyecto político de sus gobiernos lo que les hayan llevado a emigrar. Los inmigrantes tienen así una mirada distanciada de lo político, a diferencia de los exilios, lo que los lleva a no tener intenciones de participar políticamente en el país de acogida”, explica el experto.

Sobre todo, y esta es una tercera razón, cuando no se sienten representados por los discursos de los candidatos, ya que hasta 2016 la migración no era un tema relevante en las campañas y candidaturas de los políticos chilenos.

En otra investigación, realizada en 2017, se indagó en las intenciones de voto y cuáles son las variables que influyen. Una de ellas tiene que ver con la antigüedad de la persona migrante en el país y la intención de quedarse en Chile durante los próximos cinco años. A su vez, era más probable que fuesen a votar aquellos que tenían pareja chilena, los que formaban parte de organizaciones de personas migrantes, los que ya tenían la nacionalidad chilena o los que se habían sentido discriminados por alguna situación.

Para Fernanda Stang, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU), Universidad Silva Henríquez, la persona migrante vota cuando se siente integrado e incluido en una comunidad política.

Pero también concuerda en que hay otras formas de participación, la que han aumentado desde el estallido social de octubre de 2019, el movimiento feminista y ahora con la construcción de una nueva Constitución.

“La dirigencia social migrante está transformando desde abajo lo que se entiende por ciudadanía. En el trabajo en terreno he visto una participación protagónica de las mujeres en estos nuevos liderazgos”, relata.

Además, la académica recalca que “los derechos políticos no debiesen hacer distinción entre nacionales y no nacionales”, y habla del “derecho a residir con derechos”, como un símil a la frase de la filósofa Hannah Harendt, “el derecho a tener derechos”.

Fabiola Vásquez, abogada del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), señala que esto tiene que ver con la falta de representación que tienen de los distintos sectores: “Con el proyecto de ley de migración ellos sentían que ya estaban siendo excluidos, llaman a ‘ordenar la casa’ y lo ven como una restricción de la entrada para evitar la llegada masiva de migrantes. No van a votar, porque a pesar de que vayan a dar su opinión sienten que no es algo que vaya a influir o mejorar la condición para ellos”.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), su directora, Waleska Ureta, indica que muchas veces las personas migrantes internalizan un sentimiento que los lleva a considerarse como “visita” y como un “externo”. “Bajo esas condiciones se sienten menos ciudadanos, y se desincentiva su participación”, dice.

A esto se suma el acceso a información, ya que muchas y muchos no saben que forman parte del padrón electoral. Por ello, “hemos integrado y liderado múltiples actividades y proyectos de difusión como la campaña Todxs Participamos, en la previa al plebiscito del año pasado, con el objetivo de que las personas supieran con qué requisitos administrativos y de tiempo de residencia en el país, pueden sufragar”.

Distintos extranjeros consultados por este medio confirman la desinformación en cuanto a sus derechos y la dificultad de no tener recursos por ser organizaciones autogestionadas.

También influye el lenguaje, ya que se habla de chilenos y chilenas, pero no de habitantes del territorio en general. A esto se suman, dicen, discursos “criminalizadores” en torno a la migración la demora en los procesos de regularización en que sienten que la institucionalidad no los toma en cuenta.

Red de organizaciones

Desde 2017 a la fecha, la cantidad de votantes de otras nacionalidades distintas a la chilena aumentó de manera histórica en 41,8% (111.713 votantes) y la cifra en los próximos años seguirá creciendo.

De acuerdo a lo establecido por la Constitución de 1980, pueden votar los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, que sean mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

Y a medida que se van incorporando personas migrantes al padrón, la organización política de las mismas también se ha articulado con más fuerza en los últimos años.

En septiembre de 2020, por ejemplo, se realizó el quinto encuentro de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, en el que participaron, de manera virtual, 77 delegados de 42 organizaciones migrantes y pro migrantes. Los temas que se abordaron fueron el proyecto de ley de migraciones y el proceso constituyente.

En este mismo contexto, se formó la organización Migrantes x el Apruebo, considerada como “una articulación de personas extranjeras residentes en Chile que apostamos por una Nueva Constitución”.

Entre los candidatos a constituyentes, también hubo dos impulsados por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes: la peruana Catalina Bosch en el distrito 9, por la lista Movimientos Sociales Plurinacionales e Independientes, y el cubano Manuel Hidalgo en el distrito 10 por la lista Movimientos Sociales: Unidad e Independientes.

Pese a que estos candidatos no alcanzaron a ser elegidos, sí se levantó desde la plataforma Chilemigra una carta firmada por 195 candidatos a constituyentes, entre los que se comprometían a defender el derecho a migrar en la Convención Constituyente y representar las demandas de las personas migrantes en Chile. De los firmantes, 40 fueron electos y el sábado pasado participaron de un conversatorio online.

Migrantes y la Constitución

Eduardo Cardoza es uruguayo, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante y llegó en la década de los 90 a Chile. Para él, este es un momento histórico porque además las condiciones en las que se escribirá la nueva Constitución son únicas: con paridad y participación de los movimientos sociales.

“Lo importante de este proceso es la participación de las personas en la vida pública, que las personas tengan la posibilidad de llegar a estos constituyentes que surgieron de instancia sociales y no pierdan el contacto, que sea un proceso tan participativo que las personas se lo apropien y permitan cambiar las decisiones”, afirma.

Para él, los principales intereses de la comunidad migrante en la esfera política tienen que ver con la regularización de la condición migratoria. Luego, vienen las preocupaciones que tendría cualquier chileno: derechos sociales, trabajo, situación económica.

Dentro de la constituyente, considera que hay una serie de planteamientos que se debiesen incluir, como el derecho a migrar, también el derecho de vinculación de las personas en el exterior en el país de origen, y que todos los tratados que Chile firmó y ratificó en Derechos Humanos estén considerados constitucionalmente.

David Arboleda es colombiano y vocero de comunicaciones de la Coordinadora Nacional de inmigrantes. Las demandas levantadas por esta organización incluyen ciudadanía plena, ya que actualmente solo se consideran ciudadanos a los nacionales chilenos; que Chile se reconozca como un estado intercultural; que las personas nacidas en Chile puedan acceder a la nacionalidad independiente de la condición administrativa de los padres; y que se reconozca el derecho a migrar en la nueva Constitución.

En sus palabras, el proceso que vive Chile sirve para “darle continuidad a la historia de solidaridad con los movimientos sociales, demandas de pueblos originarios, afro chilenos y trabajadores. Creemos que es necesario que sean incluidas nuestras voces, de los pueblos que migran y también migrantes en el exterior”.

A esto se suman otras preocupaciones, como salud, vivienda, y conflictos socio ambientales como la escasez de agua.

A Yvenet Dorsainvil, integrante de la Plataforma de Organizaciones Haitianas, el estallido social le hizo cuestionarse muchas cosas. Vive hace 10 años en Chile y cuenta que solía escuchar la frase de que “la gente es pobre porque es floja”.

“Este es un país que está avanzando, pero veo que en una cuadra hay casas bonitas y edificios, pero al lado hay una persona que está durmiendo debajo de una tela o en un basural. Siempre he visto la injusticia, pero presentí que la gente lo pensaba como algo normal”, señala.

Y agrega: “Ahora la mente cambia, se dan cuenta que no todos empezamos de la misma barra de la escalera, que no tiene nada que ver con ser flojo o no, sino que no todos tienen las mismas oportunidades”.

Dorsainvil dice que ahora está en un proceso de ordenar, de identificar la forma en que piensan las personas y sus discursos, a ubicarse dónde se encuentra en la sociedad.

Para la comunidad haitiana, cuenta, el proceso constituyente les genera el temor de no tener a ningún representante electo que pueda saber cuáles son sus problemas, más allá de informarse de lejos, sobre todo después de que se rechazó el escaño reservado para afrodescendientes en la convención constitucional por falta de quórum. “Nos preocupa, porque en este país nos dimos cuenta de que las personas no es común que se metan en el zapato del otro”.

Walter Liewald es chileno-venezolano y dirige la fundación Consulado Cívico de Venezuela. Él vivió en los años 90 el proceso constituyente de dicho país y ahora mira con algo de preocupación el chileno.

“Si bien me parece que es un proceso necesario, me preocupa mucho la forma en cómo se está llevando, el poco interés de las personas en informarse adecuadamente”, afirma, pero no cree que se pueda vivir un proceso de desintegración social como el de Venezuela: “El resto de la institucionalidad chilena sí funciona, a pesar de que algunos sectores del gobierno estén haciendo mal el trabajo”.

Sobre incluir a los migrantes en la constituyente, es tajante: “Me parece que todas las personas que viven en el país tienen derecho a voz y, en la medida de la ley, derecho a voto”

Fuente: The Clinic

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