Entre los temas que se abordaron destacan las expulsiones de migrantes que ingresaron por pasos no habilitados en Colchane, el criterio para la reunificación familiar, así como el incumplimiento por parte del Estado chileno del artículo 44 de la Convención.
Por Tamara Zamorano
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) fue invitado a exponer en la instancia de diálogo constructivo entre el Estado de Chile y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enmarcado en la 32º sesión que se desarrolla desde este martes 6 hasta el 16 de abril.
En la cita, organizada por el Comité de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, que corresponde a un instrumento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, participan tanto autoridades como organizaciones de la sociedad civil. El SJM fue una de las entidades que expuso respecto a las expulsiones ocurridas en el marco del Plan Colchane.
El Comité convocó a dos audiencias con el Estado chileno, una de carácter público y otra privada, en que se reunieron miembros del Comité con organizaciones. En la audiencia pública intervinieron, a nombre del SJM y durante ocho minutos, la abogada, Camila Banda y el abogado Javier Hernández, quienes argumentaron respecto al incumplimiento por parte del Estado chileno del artículo 44 de la Convención.
Camila Banda, Responsable Área Jurídica del SJM sede Antofagasta, destaca que “el objetivo de la intervención era dar cuenta de cómo el actual gobierno de Chile vulnera la Convención, y en particular respecto del criterio de los vínculos familiares directos para aquellos casos en que se han dictado órdenes de expulsión en contra de personas migrantes que sí cuentan con estos vínculos, ya sea de hijos menores de edad, cónyuge o de conviviente civil”.
En la exposición se otorgó especial énfasis a lo que ocurrió durante febrero pasado en Colchane, “informamos de manera bastante acotada que este Plan se presentó como una acción de política pública del gobierno, que está orientada a la sanción por el ingreso por paso no habilitado de las personas migrantes ignorando por completo las circunstancias familiares que puedan tener detrás”, señala la abogada del SJM Antofagasta.
También se abordaron en la audiencia las órdenes de expulsión “este tipo de casos cumplen con un formato tipo, que no está debidamente fundamentado y que ignora por completo los vínculos familiares de las personas afectadas. No se aplica derechamente algún criterio que permita respetar el principio de reunificación familiar, sino que la autoridad ha preferido cumplir con la aplicación de soberanía nacional”, concluye Banda.
Javier Hernández, del Área Jurídica del SJM sede Arica, agrega que “Chile forma parte de esta Convención desde el 2004. Nuestra exposición fue sobre el artículo 44 que se refiere a la situación de las familias migrantes en el contexto de la reunificación. Expusimos sobre la reunificación familiar y la condición en que están los menores de edad migrantes”.
Respecto del rol de SJM en esta instancia de diálogo, Hernández subraya que “fue relevante que incluyeran al SJM, pues es una organización pequeña en comparación con las entidades a las que se suele considerar. El CMW es uno de los organismos más destacados en cuanto a la migración en el mundo, de fiscalización de derechos y del otorgamiento de garantías a las personas migrantes”.
Respecto al Estado chileno “se cuestionó su responsabilidad en cuanto a las órdenes de expulsión, y cómo ha vulnerado los derechos en especial de los niños migrantes. La Convención tiene principios y normas que son mayores a la soberanía nacional”, cierra Hernández.
Para conocer la agenda de la sesión 32 de la CMW que se extiende hasta el próximo 16 de abril ingresa aquí.
