El 20 de enero de 2020 S.S.L.C., colombiana de 21 años, nacida en Cali, dejó Chile rumbo a su país para ver a su padre enfermo. Iba con su esposo, L.A.P.A, venezolano de 31. Al regreso, el cierre de fronteras por la pandemia los dejó atrapados en Ecuador, pero estaban decididos a regresar: el 15 de julio entraron a Perú por vía terrestre, el 20 llegaron al terminal de buses de Tacna. ‘Un taxista, del cual desconozco antecedentes -declaró la mujer al OS9 de Carabineros- me manifiesta que tiene cómo pasarnos por la frontera de forma ilegal (.) El 21 de julio, en el mismo terminal, llegó un grupo de venezolanos que también esperaba al hombre. Se presentó una gran cantidad de taxis y nos dijeron que nos subiéramos. Nos llevaron al desierto y cuando nos bajamos le pagué al taxista US$120 por persona. Ahí nos esperaban dos muchachos’.

El relato -parte de un caso contra dos coyotes venezolanos atrapados en el lado chileno, mientras metían al país a siete adultos y cuatro niños- devela la creciente organización del tráfico de migrantes. Negocio en auge, según revelan las cifras mostradas el martes en la Cámara por el Servicio Jesuita Migrante: a pesar de las mayores trabas por el covid impuestas en los países de paso antes de llegar a Chile, entre enero y agosto entraron por pasos no habilitados 5.147 personas, mientras que en todo 2019 fueron 8.048 y en 2018, 6.310.

El grupo que más creció fue el venezolano. En 2020 van 2.969, el año pasado fueron 3.333 y en 2018, sólo 101. ‘Hay varias organizaciones criminales trasnacionales operando en la actualidad y detrás de la mayoría de los formalizados como coyotes hay otras personas actuando coordinadamente’, dice la fiscal regional de Arica, Javiera López. La fiscalía tiene 34 causas, con predominio de imputados venezolanos. ‘Puede deberse a que la mayoría reside en Tacna’, dice la fiscal.

¿Hay un capo detrás de cada banda de coyotes? El jefe del OS9 de Carabineros, coronel Juan Francisco González, dice que ‘las investigaciones mantienen avances significativos, enfocadas a los líderes de las organizaciones, pero por razones de reserva es imposible referirse a ellas (.) Hay casos investigados por el OS9 de Arica donde ha existido colaboración internacional para la identificación de los integrantes’.

Aunque son muy raros los casos en que se llega a los jefes de un cartel de tráfico de migrantes, las declaraciones de las ‘víctimas’ dan pistas de cómo se van organizando en distintas etapas de la cadena. Por ejemplo, la pareja de la colombiana de 21 años del comienzo de esta nota, L.A.P.A., recuerda que cuando iba en el taxi, el chofer ‘habló varias veces por celular, señalando que llevaba clientes’.

La última gran pandilla fue desbaratada en 2018. Soledad Maquera, peruana de 55 años, fue condenada a 10 años de prisión por liderar desde Tacna a ocho personas que traficaron principalmente dominicanos entre 2013 y 2016. Les cobraban entre US$ 300 y US$ 3.000. Refinada operación, que incluía el cruce de Ecuador y que tenía dos rutas de acceso a Chile: entre los hitos 1 y 14 en el límite con Perú (fundamentalmente Pisiga) y Colchane en la frontera con Bolivia.

Sin embargo, los coyotes no suelen hablar de sus jefes, como el caso de la venezolana Reyna Navarro (20, Maracaibo), condenada a tres años de libertad vigilada por ingresar a 29 personas en noviembre de 2019. En los documentos judiciales no cuenta quién la fichó.

Haitianos por Tarapacá

Aunque en las últimas semanas la frontera de Tarapacá y Bolivia también ha visto un alza del tránsito de venezolanos, la inquietud actual de la fiscal de Alto Hospicio Camila Albarracín está en los casos de haitianos. Hay seis causas judicializadas, con ocho coyotes imputados de ese país y 100 víctimas. ‘Estas bandas son relativamente recientes. Las investigaciones apuntan a que habría una estructura detrás y se harán las cooperaciones internacionales para averiguarlo. Creemos que son haitianos residentes en Brasil’, dice.

Aquí cobran de $350 mil (US$440) a $500 mil (US$630), y es más caro cuando se trata de un niño que viaja solo y cuya madre está en Chile. Una parte de esta operación quedó en evidencia cuando una madre denunció que su hijo no llegaba: quedó atrapado en Iquique por la cuarentena, desnutrido y con sarna.

La complejidad de la operación apunta hacia la existencia de un cartel: la primera parte del viaje es legal, partiendo en Haití, pasando por Guyana francesa y Brasil, para continuar con la parte ilegal que se inicia en la frontera con Bolivia y luego de Chile. Y un dato curioso, la operación se paga con un depósito en una cuenta RUT del BancoEstado, dinero que se puede retirar en cajeros de Brasil.

Nota Publicada en La Segunda

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