Las estadísticas del Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) del Ministerio del Interior, reflejan el alto impacto que el fenómeno migratorio ha tenido en la región los últimos quince años.
Según tales datos, entre los años 2005 y 2019 se otorgaron un total de 63.365 permanencias definitivas a extranjeros en la Región del Antofagasta, es decir casi cinco veces la población total de Mejillones y el 16% de la población antofagastina.
Eso sí, cabe indicar que los proceso de obtención de residencias definitivas bajaron durante el 2019, cuando se otorgaron 5.522 permisos, lo que representa una disminución del 27% con respecto al año 2018. Respecto a los principales países de origen, se observa que Bolivia concentra el 39,9% de las personas que recibieron permiso definitivo, seguido de migrantes de Colombia con 29,8 % y Perú con 19,8 %.
Migrar en pandemia
El fenómeno de la pandemia también se refleja fuertemente en las estadísticas migratorias del DEM.
Si en el año 2018 se otorgaron 27.680 visas, en el presente año el número alcanza solo a las 8.248 visados, es decir, una disminución del 70%.
A nivel comunal el mayor número de visas otorgadas, entre el 2018 y 2020, corresponde a Antofagasta con 31.394 (58%), seguido de Calama con 16.979 visados (31%) y en tercer lugar, Mejillones con 1.808 (3%).
Cabe indicar que a nivel nacional, la región ocupa el tercer lugar en número de visados entregados, solo superada por la Región de Valparaíso, con 75,559, y la Región Metropolitana, con 487.185.
Para Pablo Rojas, vocero de la Red Nacional de Migrantes, el nuevo mecanismo de regularización a través de los consulados que establece la ley ha mostrado inconvenientes en experiencias pasadas con poblaciones dominicanas y venezolanas lo que estimularía la migración irregular.
“Son mecanismos restrictivos y en una situación post pandemia, donde la movilidad va aumentar en todo el mundo, y en particular en el cono sur, lo único que puedes hacer con la migración es gestionarla de manera adecuada y esta ley va aumentar la irregularidad, el tráfico, la trata y muerte de gente en fronteras”, indicó.
Si bien se destaca la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la creación de 13 tipos de visas para fines laborales, estudios y otros, Lizza Aravena, jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), agrega que el Estado debería considerar situaciones excepcionales para aquellas personas que deban renovar sus permisos definitivos en medio de la crisis económica.
“Hay miles de familias que están buscando la reunificación que la visa de responsabilidad democrática no pudo lograr. Habrá que ver si el Estado podrá responder a dicha realidad. La propuesta debiera ir más en la línea de acciones conjuntas y coordinadas a nivel regional, tomando en cuenta la crisis humanitaria que se agrava en Venezuela, en lugar de tener sólo medidas migratorias y que cada país actúe de manera solitaria, como ha sido la tónica hasta ahora”, indicó.
No obstante su aprobación en el Congreso, el cuerpo legal deberá esperar la promulgación luego que la diputada Catalina Pérez (RD) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) anunciaron una reserva de constitucionalidad por considerar que se transgreden normas esenciales, por lo que enviarían el texto al Tribunal Constitucional.
Fuente: El Mercurio de Antofagasta.
