Hoy el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley de Migraciones. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes creemos que esto constituye un paso importante en la adecuación de una regulación ya insuficiente. Confiamos en que la nueva institucionalidad migratoria, el Servicio Nacional de Migraciones, sumado a la existencia de un Consejo de Política Migratoria, sean herramientas que permitan entregar una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de la población migrante y sobre todo permitan adoptar decisiones que recojan la realidad que vive el país y la región.
Sin embargo, nos preocupa también la forma en que se regularon algunos temas y la aplicación que se pueda dar a ciertas disposiciones, entre ellas, las que se refieren a quienes ingresan por pasos no habilitados; a la protección de niños, niñas y adolescentes; o a la falta de mecanismos efectivos de regularización dentro del país. Algunas medidas administrativas tomadas estos años han repercutido en aumento sostenido de ingresos por paso no habilitado, tanto así que los últimos tres años concentran el 60% del total de la última década. Esta es una realidad de la que hay que hacerse cargo. Extraño además resulta que quienes estén con su situación migratoria al día, aportando impuestos al Estado desde el día uno, sólo puedan acceder a ciertos beneficios una vez que lleven 24 meses en el país.
La Ley de Migración es un paso, pero el gran desafío es la implementación de esta nueva política pública por parte de todos los actores involucrados. La nueva Ley entrega flexibilidad al Gobierno para definir su propia política migratoria, lo que permite adecuarse a distintos contextos. Si bien la migración es una realidad dinámica, se requiere una política de Estado con mirada a largo plazo, ya que de nada sirve que las medidas sean tomadas de modo arbitrario. Esperamos que la política migratoria de Chile se haga cargo no sólo del control de fronteras sino también de la inclusión de las personas migrantes en nuestras ciudades y barrios; de entregar alternativas reales de regularización especialmente a quienes están en situación irregular porque no tuvieron otra alternativa; de promover un discurso inclusivo por sobre la discriminación o la criminalización; y de respetar los derechos humanos de las personas migrantes en toda circunstancia. Estos aspectos claramente no han sido los lineamientos centrales estos años.
Desde nuestro trabajo como una organización que promueve y protege los derechos de las personas migrantes y refugiadas continuaremos ejerciendo nuestra labor en este nuevo marco normativo, instando así por una sociedad que valora la diversidad y que integra a quienes buscan una oportunidad en el país.
La migración conlleva desafíos, las personas migrantes conllevan realidades. Necesitamos una legislación acorde a la realidad y se hará necesario ir evaluando los resultados que va teniendo en el transcurso del tiempo. En un momento en que Chile debate el marco social en que deseamos vivir, los desafíos no sólo son legales, sino también y humanos. Por ello, sobre todo en un mundo globalizado, no se trata de competir entre “ellos” y “nosotros”, sino cómo convivir entre todos y todas.
