Los análisis presentados por el organismo internacional coinciden con los antecedentes presentados en los tres policys paper realizados por el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana durante el año 2022.
Un nuevo informe presentado por la Organización Internacional Human Rights Watch, abordó la situación actual de Chile en temas migratorios. El documento señala que las políticas migratorias que se implementan en el territorio nacional presentan una serie de deficiencias, generando dificultad para conseguir visados o refugios dentro del país.
Dicha información coincide con lo presentado por el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, en el conversatorio recientemente realizado en la Universidad Alberto Hurtado, en donde se dieron a conocer los resultados de una serie de investigaciones realizadas a la población migrante en Chile.
Las conclusiones principales de lo presentado se señalaron puntos claves que dificultan hoy los procesos, con una visión crítica a la actual de Migraciones y Extranjería, otro punto que coincide con HRW, pues esta última hace referencia a la ley que fue aprobada en el año 2022 y que establece que la migración irregular al país no constituye un delito, en acuerdo al art. 9 de la Ley de Migraciones.
Sin embargo, HRW menciona explícitamente que la mayoría de las deportaciones se han realizado sin la adecuada revisión judicial (pp 154). Esto se vuelve más preocupante, ya que en el exámen jurisprudencial llevado a cabo por el equipo del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, se observó que de las 60 sentencias en materia de expulsión revisadas para este estudio, dictadas entre el 22 de febrero y el 7 de octubre de 2022, solo en 3 ocasiones la Corte Suprema confirmó el criterio de la autoridad administrativa, lo que nos indica un grave problema en que los procedimientos de sanción sean adecuados a lo que las mismas leyes nacionales disponen.
Por otro lado, en la consulta ciudadana migrante, un 73% declaró saber nada o poco conocimiento respecto a las razones por las que se puede prohibir la entrada a Chile y un 86% conoce nada o casi nada sobre cómo presentar una defensa ante una sanción migratoria, lo que aumenta los problemas de acceso a una revisión judicial. Esta tensión entre el poder judicial y el ejecutivo respecto a las expulsiones fue explorada en más detalle, junto con propuestas para mejorar la capacidad del Estado de Chile de brindar respuestas a través de nuestro último policy paper.
