Diversas organizaciones sociales, clínicas jurídicas y defensoras de derechos humanos plantearon la necesidad que se garantice efectivamente el permiso de residencia humanitario para niños, niñas y adolescentes migrantes, establecido por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, sin discriminación por nacionalidad ni requisitos imposibles de cumplir.
Este visado, que nació como una política pública en 2017 bajo el Plan “Chile te recibe” y fue consolidado legalmente en 2022, ha sido una herramienta crucial para asegurar el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, y la protección social para miles de niños migrantes. A junio de 2023, más de 28.500 niños, niñas y adolescentes habían accedido a este permiso de residencia temporal humanitario.
Sin embargo, la realidad actual muestra un preocupante retroceso. Niños y niñas venezolanos han visto truncado su proceso de regularización debido a la imposibilidad material de obtener documentos de identidad exigidos por la autoridad migratoria chilena, tales como pasaportes o cédulas emitidas en su país de origen. Esta situación se ha agudizado desde julio de 2024, tras el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela y el cierre de los servicios consulares venezolanos en territorio nacional.
La normativa vigente, en particular los artículos 41 de la Ley N° 21.325 y 45 del Decreto Supremo N° 177, contempla mecanismos alternativos para acreditar la identidad de los niños, y explícitamente establece que la ausencia de pasaporte o cédula no debe impedir el otorgamiento de la visa. Pese a ello, el Servicio Nacional de Migraciones ha procedido a archivar solicitudes de niños venezolanos, en una práctica que organizaciones califican como ilegal, arbitraria y contraria tanto al derecho nacional como a tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño.
En este contexto, el Servicio Jesuita a Migrantes, junto a la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, ha interpuesto un recurso de amparo en favor de 27 niños y niñas venezolanos cuyas solicitudes fueron archivadas de forma injustificada. Esta acción busca que se reconozca su derecho a regularizarse y acceder a la protección estatal que les corresponde.
Además de la vía judicial, las organizaciones hacen un llamado urgente al Ejecutivo a adoptar una solución definitiva que permita la regularización de estos niños, eliminando requisitos imposibles de cumplir y reconociendo la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan. Proponen avanzar hacia una aplicación efectiva del visado humanitario sin exclusiones, tal como lo permite y exige el marco jurídico actual.
“No descansaremos en usar todas las herramientas legales disponibles para que ningún niño o niña se quede atrás. Pero también sabemos que esto requiere voluntad política y decisiones administrativas claras que prioricen el interés superior del niño por sobre formalidades imposibles”, señalaron desde las organizaciones.
La regularización de la infancia migrante no sólo es un mandato legal y ético: es una inversión en el futuro del país y en la dignidad de quienes ya son parte de nuestra sociedad.
