El Servicio Jesuita a Migrantes realiza su quinta entrega del anuario de estadísticas migratorias, el cual tiene por objetivo aportar al conocimiento de la realidad de las personas migrantes y refugiadas en el país y servir como insumo para el debate y las propuestas de políticas públicas que se realizan al respecto en Chile.
En tal sentido, Waleska Ureta, directora nacional del SJM en Chile, destaca que “este documento es el resultado del esfuerzo constante del Servicio Jesuita a Migrantes, a través de su área de Incidencia y Estudios, de recopilar, analizar y difundir información que dé cuenta del estado de la movilidad humana en Chile. Para esto, se considera fundamental el presentar datos de los distintos organismos públicos involucrados, que muestran la transversalidad y complejidad del fenómeno migratorio en el país, que ha experimentado importantes cambios, tanto en las características sociodemográficas de quienes vienen, como en la institucionalidad encargada de la gestión migratoria”.
En la versión 2023 del anuario, se aborda la evolución de la movilidad humana en los últimos años a través de los capítulos: Flujos de movilidad humana, protección internacional y por razones humanitarias en Chile, panorama laboral migrante y ejercicio de derechos.
Ignacio Eissmann, director de Incidencia y Estudios del SJM, asegura que “el 2023 fue un año muy relevante para analizar las características de la movilidad humana en Chile, así como los desafíos para gestionarla desde lo público. Se ha evidenciado un fuerte debate político y legislativo en torno a cómo controlar las fronteras y enfrentar los problemas que podrían estar asociados a la irregularidad migratoria. Esto ha estado presente tanto en la discusión de las autoridades del Poder Ejecutivo, como también en el Congreso y, por cierto, en el último proceso constituyente”.
En lo relacionado con los flujos de movilidad humana, en el anuario se señala que se mantiene la tendencia a que aumente la población extranjera en Chile, con un componente importante de personas con su situación migratoria irregular dentro de este total, observándose una disminución en el otorgamiento de visas temporales y un aumento de las definitivas.
En el capítulo de protección internacional y por razones humanitarias en Chile, se destaca que las solicitudes del reconocimiento de la calidad de refugiado en 2023 fueron 3.612 y en el mismo año, 996 solicitudes fueron resueltas, de las cuales el 20,2% reconoce la condición y el 79,8% la rechaza. Considerando la cantidad de solicitudes de reconocimiento de la calidad de refugiado entre 2017 y 2023 (26.475), de reconocimientos (649) y de rechazos (7.623), podría establecerse que aún hay 18.203 solicitudes en trámite no resueltas.
Con respecto al panorama laboral migrante, el sector de servicios se mantiene como el principal empleador de la población migrante. A su vez, se establece que los hombres migrantes tienen tasas de ocupación más altas que las mujeres. No obstante, ha habido un crecimiento en la participación laboral femenina.
Finalmente, en relación al ejercicio de derechos, en el ámbito de la educación existe un aumento progresivo y sostenido en la matrícula de alumnos extranjeros, particularmente en la zona norte del país. Asimismo, se observa una disminución de los establecimientos educacionales.
Por otra parte, un 24,7% de los hogares migrantes no está adscrito al sistema de salud, siendo particularmente alta en las regiones de Tarapacá, Atacama y Coquimbo. En la atención de salud la carencia es menor (5,8% a nivel nacional), con los índices más altos en las regiones de la Araucanía y Los Ríos. En cuanto a egresos hospitalarios y las consultas, ha existido un aumento entre la población migrante, siendo Venezuela y Haití los países de origen con un mayor número de egresos. Asimismo, se observa un crecimiento constante en las consultas de salud mental.
En cuanto al acceso a la vivienda, las regiones con mayores carencias de los hogares migrantes son las de Tarapacá, Atacama, y Antofagasta. Estas destacan por presentar los déficits más pronunciados en los indicadores de habitabilidad, estado de la vivienda y acceso a servicios básicos.
