Según Macarena Rodríguez, se pasaron a llevar varios tratados internacionales en las expulsiones coordinadas por el gobierno.
El gobierno apelará, ante la Corte Suprema, el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que dejó sin efecto la expulsión de al menos 52 venezolanos en un procedimiento coordinado por el gobierno.
Ante la decisión, la abogada Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita Migrante explicó que “el argumento por el cual se revoca la expulsión, se da porque se les deporta por el ingreso por paso inhabilitado, pero no se comprueba el delito, no hay un juez que la determine y por ende la decisión es ilegal. Entonces no se garantizó el debido proceso“.
Para la también directora de la Clinica Juridica de Atencion al Migrante de la Universidad Alberto Hurtado, lo más grave de las expulsiones es que se cometen “infracciones al derecho internacional. El llamado es a enmendar el actuar. Esta fue una orden de expulsión extremadamente rápida. La autoridad señaló que esta es la primera de otras expulsiones, de hecho dijeron públicamente que estaban licitando aviones para estos fines. Por eso el actuar no puede ser así, no podemos pasar por alto una garantía como defenderse, explicar su situación“.
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Fuente: Radio Sonar
