Representada por el Servicio Jesuita de Migrantes, presentó un recurso de amparo en contra del Gobierno Regional de Magallanes por una orden de expulsión que, según el documento, sería arbitraria e ilegal.
Nuevamente, la Intendencia Regional de Magallanes y la Antártica Chilena recibió un recurso de amparo en su contra por decretar órdenes de expulsión a inmigrantes que ingresan al país irregularmente.
El recurso –presentado por el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el lunes– estima que se habrían vulnerado el derecho a la libertad personal de Ana Isaac.
La mujer es oriunda de República Dominicana e ingresó en septiembre de 2018 desde Perú por un paso no habilitado al territorio nacional.
“Decidió viajar a nuestro país para buscar una oportunidad de trabajo que le permitiera vivir de mejor manera y ayudar económicamente a su familia”, dice el recurso.
Dos meses después, la dominicana viajó a Punta Arenas y fue descubierta por la Policía de Investigaciones (PDI). Como ingresó de manera irregular al país, fue trasladada al cuartel, donde prestó una declaración y se le emitió una tarjeta de extranjero infractor.
En diciembre de 2018 y solo un par de semanas después de su llegada a Magallanes, la intendencia dictó una orden de expulsión en su contra.
Sin embargo, el decreto jamás se cumpliría. La mujer se instaló en la región para trabajar de manera informal y en septiembre del 2019 contrajo matrimonio con un chileno.
Según el SJM, la decisión de expulsar a Ana Isaac no estaría ajustada al derecho. “Los artículos esgrimidos por la intendencia no aplican, ya que no posee antecedentes penales ni en Chile ni en el extranjero, lo que convierte la resolución exenta en un acto arbitrario”, establece el recurso.
Segundo caso en su contra
Este es el segundo recurso de amparo en contra de la intendencia por decretar órdenes de expulsión en cinco meses.
En octubre del 2020, el cubano Orlando Cairo Núñez también tuvo una orden en su contra. En ese caso, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró legal la decisión de la autoridad regional.
Sin embargo, la defensa de Cairo apeló ante la Corte Suprema, institución que estableció como arbitrario la orden de expulsión.
Fuente: El Pingüino
