Por Conchita de la Corte, Jefa Regional Servicio Jesuita a Migrantes.
Cada día me sorprendo más con la empatía de las personas chilenas y su generosidad en un contexto tan complejo como en el que estamos. Un ejemplo es María, responsable de una sede vecinal, a quien conocí después de saber que ella, de su propio bolsillo, cocinaba para el grupo de 37 bolivianos varados en Antofagasta ante la imposibilidad de regresar a su país. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes, pudimos generar una red de apoyo y comprarle los alimentos que con cariño día a día prepara para este grupo.
Es hermoso constatar que hay muchos que ya se ha dado cuenta de que detrás de los números hay personas y que donde el Estado no está presente sí lo están las organizaciones, los vecinos y asociaciones.
Recientemente, hemos sabido que las cifras de desempleo de la región en el primer trimestre son aterradoras: casi el 12% según el informe del Instituto Nacional de Estadística, lo cual supone la eliminación de alrededor de 20.000 puestos de trabajo. Y previsiblemente va en aumento. Muchos de los afectados, para variar, son personas migrantes que se han visto literalmente en la calle.
Ni consulados, ni Gobernación, ni la Municipalidad están dando el sostén necesario a los numerosos ciudadanos bolivianos, peruanos y colombianos que, por otro lado, están invisibilizados en sedes vecinales y juntas de vecinos. Son los pobladores y algunas organizaciones las que estamos tratando de paliar la cuestionable gestión por parte del Estado y lo hacemos gracias a la solidaridad de las personas y de las empresas, pero no es suficiente.
Asimismo, el hacinamiento en el que vive una importante población, sin distinción, es caldo de cultivo para la mayor propagación de la enfermedad.
Si seguimos la línea de los países que ya han pasado por esto, aún quedan varios meses de crisis económica y social y, con toda seguridad, habrá un rebrote donde será más ineludible la participación del Estado más allá de un bono o una canasta de alimentos.
El desafío es importante y urge tomar acción para un trabajo conjunto y colaborativo entre las instituciones públicas y el sector privado. Las organizaciones sociales no somos quienes debemos asumir esa responsabilidad, pero sí tenemos toda disposición para sumar y aportar en todo lo que podamos, pues sabemos bien que detrás de las cifras, hay una historia.
