Vincular el control de identidad con la situación migratoria de las personas produce confusión en la ciudadanía y no contribuye al objetivo fundamental de construir una sociedad más cohesionada.
Desde hace tiempo suenan fuertes las discusiones en diversos escenarios políticos sobre temas legislativos en torno a la migración y las modificaciones a la ley existente. Ante el anuncio más reciente, que daba cuenta de una discusión sobre aumentar las facultades policiales en la frontera para detener a personas migrantes, los expertos del Servicio Jesuita a Migrantes explicaron lo que puede ocurrir con estas nuevas indicaciones.
“Este proyecto nos preocupa especialmente, dado que retrocede en un principio fundamental que se incluyó en la nueva ley de migración y que consolidó el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en la materia, la no criminalización de la migración”, comenta Gabriela Hilliger, Jefa del área de Incidencia Jurídica del SJM.
Según la abogada, vincular el control de identidad con la situación migratoria de las personas produce confusión en la ciudadanía y no contribuye al objetivo fundamental de construir una sociedad más cohesionada. “Nos preocupa que de aprobarse este proyecto, esto se traduzca en un uso discriminatorio de esta herramienta, y en vulneraciones de derechos de la población migrante”, agrega.
Con el otorgamiento de estas nuevas facultades el proyecto busca consagrar un control preventivo para migrantes, que consiste poner a disposición de las policías a personas que no puedan acreditar encontrarse en una situación migratoria regular, a fin de corroborar sus datos e iniciar los procesos que correspondan, también aumentar el plazo que tiene la PDI para expulsar a irregulares y finalmente establecer por decreto una Crisis Migratoria cuando se registren más de mil ingresos por pasos no habilitados, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el cuidado de la frontera.
“Dentro del debate público se discute mucho acerca de expulsiones, donde claramente desde la evidencia, se da cuenta de la imposibilidad de expulsar a todas las personas con órdenes de expulsión, lo que es algo que ocurre en todos los países dada la capacidad limitada de las policías y la compleja logística de una expulsión. Tal desafío se ha ido abordando, de acuerdo a la experiencia comparada, en la priorización de expulsiones de aquellos grupos de personas extranjeras que representan una amenaza a intereses sociales y públicos (como la seguridad pública)”, finaliza la abogada.
