En medio de dunas y arena, sin servicios básicos formales, el recinto recibe a los extranjeros irregulares que se han autodenunciado. Está pensado como albergue nocturno, pero la lejanía del centro de la ciudad -22 km- los obliga a permanecer allí. Distintas ONG han emprendido acciones para alertar sobre la precariedad del recinto.
La costa se encuentra a unos 300 metros, pero el sector de Lobito, en la Región de Tarapacá, se emplaza en un escenario desértico. Ubicado a 22 kilómetros al sur del centro de Iquique, sin transporte público ni servicios básicos en las cercanías, es ahora el epicentro de los extranjeros que han cruzado la frontera por pasos no habilitados: allí el gobierno instaló el albergue para evitar que pernocten en los espacios públicos de la ciudad.
El lugar fue facilitado por la Universidad Arturo Prat (UNAP), que mantiene ahí su centro deportivo, con la idea de dar soporte a la crisis migratoria que afecta a la Tierra de Campeones. Es un recinto de estadía transitoria, acondicionada para albergar a 300 personas en total. Sin embargo, lejos de entregar una solución definitiva al problema, aquí se calienta una olla a presión.
Así lo asegura la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (Ampro), quienes dicen que los 200 extranjeros que hasta ayer se albergaban en el sitio (80 niños, según sus datos) están viviendo en un escenario de “abandono” por parte de las autoridades.
“No están recibiendo ni la comida ni el agua suficientes, apenas unas galletas y una botella pequeña de líquido al día. Tampoco tienen la debida asistencia médica y duermen sobre colchonetas puestas en la arena, cubiertos solo por carpas. Realmente, es un trato deshumanizado”, asegura Lorena Zambrano, dirigenta dirigenta de Ampro, organización que, apoyada por al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ayuda a las personas albergadas en Lobito.
Y es que, por tratarse de un albergue nocturno, en Lobito sus residentes no están obligados a permanecer en el lugar durante el día. Por eso, solo está considerada una colación fría al día, por las mañanas, que consiste en una porción de galletas, pan o frutos secos, y algún líquido.
“Su funcionamiento comenzó el día 20 de diciembre, sin embargo, su ocupación fue lenta por los procesos de traslados. Durante los últimos días estos se han optimizado y se ha logrado que las personas puedan estar en estos lugares, donde cuentan con servicios”, explica el delegado presidencial de la región, Miguel Ángel Quezada.
Los extranjeros llegan al sitio caminando o en buses dispuestos por la autoridad. Para ingresar, deben presentar un examen PCR de hasta 72 horas de vigencia o haber salido de una residencia sanitaria. En la Seremi de Salud de la región explican que no tienen asignaciones sobre el recinto, pero que apoyan cuando desde la Delegación Presidencial lo solicitan.
Al interior, los migrantes duermen en tiendas de campaña con otras 20 personas o en sus propias carpas, sobre colchonetas puestas en la arena. No hay transporte público ni locales de abarrotes, y llegar a la ciudad les demanda una caminata de más de cuatro horas. El día es largo, cuentan, y acceder a alimentos, muy difícil.
En el lugar, Zambrano y su agrupación están haciendo llegar alimentos. “Nosotros hemos entregado comidas para las personas, pero tampoco son las mejores. No contamos con los recursos suficientes, por lo que un arroz con huevo frito difícilmente entregue los nutrientes necesarios y no sabemos si contaremos con la comida suficiente para terminar esta semana. Por suerte, no ha habido brotes de Covid”, asegura Zambrano.
En el lugar también se han registrado conflictos internos. El pasado 10 de enero, tras el incendio que consumió cientos de hogares en el campamento Laguna Verde, muchos damnificados fueron albergados ahí. “A ellos sí se les dieron los alimentos correspondientes, lo que generó obviamente un conflicto entre las personas”, explica Zambrano.
Para el alcalde de la comuna, Mauricio Soria Macchiavelo (PPD), la situación es compleja. “Esto está lejos de ser realmente una solución. Solo se alejó a los migrantes que dormían en los espacios públicos de la ciudad, pero siguen ahí”, asegura la autoridad comunal.
El centro fue montado por la productora Grupo 370, que también se adjudicó por asignación directa el contrato por los refugios de Colchane y Huara, por más de $ 600 millones. En su página web, la empresa aparece como prestadora de servicios para distintos eventos masivos, pero sin experiencia en el albergue de personas en situación de migración irregular.
Sin embargo, Juan Ignacio Urrutia, representante legal de la compañía, explica que hace años cambiaron de rubro. “Nuestra página web está desactualizada. Y aunque no tenemos la experiencia en albergues, porque esta emergencia nunca la habíamos tenido en Chile, sí contamos con el conocimiento para montar distintos servicios sanitarios. Por ejemplo, hemos establecido cinco de los siete centros de vacunación que tuvo Lo Barnechea. El más grande aún sigue a cargo de nosotros”, explica.
El Servicio Jesuita a Migrantes también ha estado atento al asunto. Waleska Ureta, directora nacional, manifiesta que mañana pedirán una intervención formal. “Vimos condiciones bastante precarias en el lugar, por lo que entregaremos mañana (hoy) un oficio a las autoridades para formalizar una intervención socio-jurídica, en la que entregaremos información de los procesos de autodenuncia y acceso a derechos”, anuncia.
Por ahora, el albergue continuará recibiendo a los migrantes que se hayan autodenunciado y que estén a la espera de poder viajar a su lugar de destino final.
Fuente: La Tercera.
