Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), manifestamos nuestra preocupación frente a la compleja situación que se vive en la frontera norte de Chile y en particular en las localidades de Colchane y Huara, en la I Región, las que han mostrado un alto número de personas migrantes que han ingresado a través de pasos no habilitados. Desde la experiencia en terreno que nos entrega el trabajo que realizamos en el norte del país, podemos afirmar que la situación que hoy enfrenta la zona y la región de Tarapacá no es nueva, pero si se ha visto sumamente magnificada por la crisis sanitaria ligada al Covid-19.

Esto lo corroboramos con nuestro trabajo a través de la entrega de ayuda humanitaria en la región en la primera ola de la pandemia el año pasado.

Los graves problemas políticos y sociales que afectan a países como Venezuela, han generado, como hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo, una crisis humanitaria sin precedentes, en la que millones de personas migran forzadamente para salvar sus vidas o en busca de una mejor existencia para sus familias. Estas personas se arriesgan a cruzar el desierto, con niños y adultos mayores, exponiéndose a los peligros del tráfico y la trata dada la desesperación por encontrar una vida segura.

Es por ello que como Servicio Jesuita a Migrantes creemos que Chile debe estar a la altura, entregando una respuesta no solo migratoria, sino que sobre todo humanitaria y que contenga la crisis sanitaria. Esos son los elementos primordiales, pero además hay que entender que esta situación es continental, por lo que la respuesta debe ser continental también. En este sentido, relevamos las recientes iniciativas de control de la frontera, como un deber del Estado en pos del freno a la trata y tráfico en coordinación con países vecinos. Esperamos que esto sea un aliciente para firmar el Pacto Mundial sobre Migración, que Chile aún no ha suscrito, para ir más allá de un enfoque securitista.

Es urgente además, que se hagan esfuerzos mancomunados e intersectoriales en todos los niveles (local, provincial, regional, y nacional) en conjunto con la sociedad civil, para proteger la dignidad y la salud tanto de personas nacionales como de las personas migrantes.

Como país tenemos el desafío de avanzar a convertirnos en una sociedad de acogida sensibilizada con estas situaciones que afectan de manera tan dolorosa la biografía de tantas personas, una sociedad que promueva y proteja los derechos de todas y todos quienes habitan en nuestro país.

Waleska Ureta Cañas

Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes

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