Las guerras o graves conflictos armados, como los que estamos presenciando a la distancia en el último tiempo, muestran crudamente a través de las imágenes a personas huyendo de sus hogares, desplazándose forzosamente fuera de sus países.
Esto nos conmueve y hace más visible la importancia de la protección internacional, pero también es una realidad que estamos viviendo en Latinoamérica debido a otros motivos. Las personas que huyen de sus países debido a la persecución, la violencia generalizada, los conflictos internos o la violación masiva de los derechos humanos también caben dentro de la definición de refugiado.
La actual política pública en materia de refugio en Chile ha tendido a restringir el acceso a la protección internacional, lo que ha contribuido al aumento de la irregularidad migratoria.
Para gestionar de mejor manera la situación de las personas que llegan o se encuentran en el país debido a motivos que requieren protección internacional, resulta fundamental la expansión de vías legales de admisión a terceros países como parte de una estrategia de responsabilidad compartida de los desplazamientos forzados en la región, fortalecer el apoyo a las comunidades de acogida como un pilar estructural para la cohesión social, la inclusión socioeconómica y autosuficiencia como fundamentos claves para una integración sostenible de las personas refugiadas, capacitar a las y los funcionarios públicos, fortalecer la independencia de la institucionalidad encargada del refugio y desvincular la comprensión de la protección internacional de un enfoque exclusivamente de control migratorio.
