En la semana del 2 al 6 de septiembre de 2024, representantes de redes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, como el Grupo Articulador Regional del Plan de acción de Brasil (GAR PAB), la Red CLAMOR y la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC), se reunieron en Ginebra, Suiza, para dialogar, participar y hacer aportes de cara al inicio de las negociaciones de la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034. Allí, las especialistas mantuvieron diálogos bilaterales con algunas delegaciones de gobiernos de la región, oficinas del sistema de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil aliadas, con el objetivo de manifestar la imperiosa necesidad de transparentar y democratizar dicho proceso, así como garantizar una participación efectiva y diversa de las organizaciones sociales.
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados es un documento que, en 1984, amplió la definición de persona refugiada, extendiendo la protección a quienes huyen forzadamente por motivos distintos a los estipulados en el Estatuto de los Refugiados de 1951. En este 2024, cuando se cumplen 40 años de aquella Declaración, el Gobierno de Chile lidera el proceso de discusión entre distintos actores, en el que la sociedad civil debe tener un rol fundamental, puesto que a lo largo de décadas hemos acompañado a miles de personas y familias migrantes y solicitantes de refugio, brindando asistencia humanitaria, exigiendo el respeto a sus derechos humanos y llevando adelante acciones de incidencia nacional e internacional.
Hasta el momento, las autoridades chilenas no han compartido con la sociedad civil los textos que constituyen la base de la negociación, lo cual dificulta la posibilidad de incorporar aportes y sugerencias precisas, pertinentes y técnicas, basadas en la experiencia y que tienen por objetivo fortalecer la discusión. Este proceso pone sobre la mesa una herramienta que honra el derecho a la protección internacional de las personas refugiadas en la región latinoamericana y caribeña. Por ello, es fundamental que se realice con un procedimiento tan amplio y democrático como lo es la propia Declaración de Cartagena.
Que la etapa actual de la negociación sea intergubernamental no debería constituir un impedimento para que la misma esté basada en un diálogo público y plural. Por tal motivo, desde el Grupo Articulador Regional del Plan de acción de Brasil (GAR PAB), la Red CLAMOR y la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC), instamos a las autoridades chilenas a incorporar debidamente la voz y los aportes de quienes día a día trabajamos por el acceso efectivo a los derechos de las personas con necesidades de protección internacional. Sin las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas refugiadas, la academia y los mecanismos de Naciones Unidas -relatorías y comités-, esta no puede ser una negociación democrática ni transparente.
