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El pasado 21 de agosto, la Corte Suprema revocó una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió un recurso de amparo en favor de 27 niños y niñas de nacionalidad venezolana, cuyos procesos de solicitud de residencia temporal habían sido archivados por el Servicio Nacional de Migraciones.

La acción judicial fue preparada por el Servicio Jesuita a Migrantes, la Clínica Jurídica UDP y la Universidad Alberto Hurtado, con la colaboración de la Defensoría de la Niñez.

La autoridad administrativa había rechazado continuar con la tramitación al exigir documentos de identidad —como pasaporte o cédula venezolana— que los menores no podían obtener, dado que actualmente no existen relaciones consulares entre Chile y Venezuela. Sus familias habían acompañado partidas de nacimiento como única forma posible de acreditar identidad y filiación.

El máximo tribunal señaló que la decisión de la autoridad migratoria vulneraba el interés superior del niño, al dejarlos en una situación de mayor precariedad y sin acceso a una regularidad migratoria mínima. Además, enfatizó que la normativa vigente (Ley 21.325 y su reglamento) establece que la ausencia de documentos de identidad no puede ser impedimento para acceder a la regularización, y que el Estado tiene la obligación de resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, aun en casos donde no exista certeza sobre su filiación.

En su fallo, la Corte Suprema ordenó al Servicio Nacional de Migraciones reanudar los procedimientos, aceptando como prueba equivalente las partidas de nacimiento presentadas por sus progenitores, y resolver en consideración a los principios de protección de la niñez y la normativa migratoria vigente.

El fallo, fue pronunciado por la Segunda Sala, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Gajardo y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada.

Un paso en la protección de derechos

La directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger, valoró esta sentencia que “reafirma que ningún niño o niña migrante debe quedar en el limbo administrativo por carecer de documentos imposibles de obtener. La decisión de la Corte Suprema reconoce que, por sobre todo, está el derecho a la identidad, a la protección familiar y al desarrollo integral de niños y niñas que hoy son parte de Chile. Celebramos este fallo, y reafirmamos nuestro compromiso por una niñez migrante a la que se le reconozca y protejan sus derechos, con miras a integrarlas como parte del futuro de nuestro país”.

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25 de Mayo, 2026

directora nacional presentando en Cuenta Pública 2025

Servicio Jesuita a Migrantes expone en el Senado claves para avanzar hacia una gestión migratoria sostenible

5 de Mayo, 2026

Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

En el Aula Magna del Campus Patrimonial de la Universidad Alberto Hurtado, se presentó la Cartografía Social de Chile, 2024. Habitabilidad y territorio hoy”, una publicación editada por el Centro Vives de la UAH y Ediciones UAH, que reúne voces comunitarias, técnicas y académicas para poner sobre la mesa las grietas más dolorosas de nuestro país.

Lejos de ser un simple compendio de cifras, el libro da rostro y relato a la pobreza. Identifica nueve desafíos urgentes: la exclusión de jóvenes desescolarizados, la situación de las comunidades mapuches, la vulnerabilidad de los migrantes, los riesgos de vivir en campamentos frente a emergencias, la pobreza severa, la falta de educación en adultos, la precariedad de las microemprendedoras, el hacinamiento en guetos verticales y la desigualdad territorial en la cobertura de programas sociales estatales.

El capellán nacional del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, aseguró que “desde San Alberto Hurtado hemos aprendido que la fe se hace creíble cuando se expresa en obras de justicia, en cercanía con los más pobres y en la promoción de la dignidad humana. Este lanzamiento no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Confiamos en que sirva como herramienta para la definición de políticas públicas, especialmente en este año de elecciones”.

La exministra de Vivienda, Paulina Saball, reconoció que leer la cartografía le generó un fuerte impacto y dolor, “fue una constatación quizás no grata de que en Chile las inequidades y exclusiones sociales siguen siendo muy fuertes. Este libro refleja la vida cotidiana de niños, mujeres y familias que siguen al margen. Y nos interpela a todos, en especial a quienes hemos tenido responsabilidades en políticas públicas”.

Desde otra vereda, habló la exsubsecretaria de Ciencias y Tecnología del actual gobierno, Carolina Gainza. Ella subrayó la necesidad de comprender la pobreza más allá de lo material: “No solo hablamos de carencias económicas. Aquí aparecen dimensiones que muchas veces los programas sociales no logran captar: la desescolarización, las desigualdades territoriales, los riesgos. Este libro integra las voces de quienes son habitualmente invisibles”.

El arquitecto Cristián Castillo, Premio Nacional de Arquitectura 2024, puso el acento en el déficit habitacional: “Si no reconocemos la vivienda como un problema país, será muy difícil resolverlo. Necesitamos un acuerdo social que convoque al Estado, a la empresa privada, a la academia y a la sociedad civil”.

Condiciones de vida y de trabajo de la población migrante

La Cartografía Social de Chile 2024 nace con la ambición de convertirse en una publicación anual. Un mapa vivo para seguir de cerca los avances —y retrocesos— en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Más que un libro, es una llamada de alerta: un recordatorio de que la desigualdad sigue siendo el mayor obstáculo para la cohesión social y que la tarea de construir un país más justo y fraterno no admite más postergaciones.

José Francisco Yuraszeck relevó que “queremos que esta Cartografía, fruto del trabajo investigativo de nueve obras sociales –Hogar de Cristo, Fundación Súmate, Universidad Alberto Hurtado, Servicio Jesuita a Migrantes, Techo, Centro VIVES, Infocap, Fondo Esperanza y Fundación Emplea– sirva para mejorar nuestras respuestas, inspirar políticas públicas más justas y, sobre todo, para seguir caminando juntos en la construcción de un país más solidario y humano, como nos enseñó Alberto Hurtado”.

El segundo capítulo de esta Cartografía denominado “Entre la irregularidad y la informalidad: condiciones de vida y trabajo de la población migrante en Chile”, fue escrito por los integrantes del área de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes: Juan Pablo González, Lukas Urbina y Ayelén Moreno

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25 de Mayo, 2026

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Servicio Jesuita a Migrantes expone en el Senado claves para avanzar hacia una gestión migratoria sostenible

5 de Mayo, 2026

Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

Con más de 300 asistentes, entre autoridades, académicos, dirigentes sociales, personas refugiadas, migrantes y empresarios, se realizó en el Estadio Juan Antonio Ríos, comuna de Independencia, el primer Encuentro 3xi sobre Migraciones, una de las polarizaciones más profundas que atraviesa el país.

La instancia fue convocada desde la sociedad civil (entre ellos el Servicio Jesuita a Migrantes) con el objetivo de abrir un espacio de diálogo amplio y transversal entre chilenos y migrantes, en un contexto donde la percepción pública muestra altos niveles de desconfianza y prejuicio: un 68% de la población cree que la migración es un problema, mientras solo un 12% la valora como un aporte, de acuerdo con el reciente estudio realizado por la Corporación 3xi y Criteria.

Durante la jornada, los asistentes participaron en grupos de conversación de pares improbables que permitieron contrastar visiones, escuchar experiencias y, sobre todo, buscar caminos de entendimiento.

“Es importante distinguir el desafío que plantea la migración a las políticas públicas, del espacio en que las personas nos relacionamos sea como chilenos o migrantes. En el día a día, la convivencia entre chilenos y migrantes funciona, aunque haya roces naturales relacionados con las costumbres y el desconocimiento mutuo. Eso nos abre una enorme oportunidad: pasar del prejuicio al encuentro, de la desconfianza a la colaboración”, señaló Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi.

Diálogos y voces de la migración  

La jornada permitió reconocer que la migración no es un episodio transitorio, sino un factor del presente y del futuro del país.

“Los flujos de movilidad humana son una realidad global que va en aumento día a día. Las crisis y la falta de oportunidades en los países de origen empujan a miles de personas a buscar seguridad y un futuro digno en otros territorios, entre ellos Chile. Muchas personas refugiadas y migrantes han elegido este país como el lugar donde crecer, aportar y desarrollarse, por ello, valoramos estas instancias de diálogo que reúne distintas visiones e ideas que nos permitieron abordar un fenómeno que ya está aquí, y que requiere urgentemente llegar a puntos de encuentro reales, promoviendo la sana convivencia y la inclusión efectiva en los territorios”, comentó Rebeca Cenalmor Rejas, Jefa de la Oficina Nacional de ACNUR.

Esta idea estuvo en las distintas intervenciones que se realizaron en el bloque de la mañana, en las que se abordó la necesidad de contar con marcos que permitan regular la migración al país, normar de mejor manera los flujos migratorios y promover las oportunidades disponibles para generar una convivencia basada en la confianza y el respeto mutuo.

Al abrir el diálogo el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, anfitrión del evento, advirtió que uno de los desafíos más importantes en una comuna con un 44% de migración es la saturación de los servicios públicos, lo que no tiene un correlato con la velocidad del Estado para enfrentarla. Por lo mismo, añadió que “me complican mitos como que a los migrantes les regalan casa, que tienen preferencia en los Cesfam, en los colegios, cosas que yo sé que no son ciertas y que contribuyen a subirle la llama a una olla de presión, y cuánto aguanta esa presión, es lo que me preocupa”, advirtió.

No obstante, dijo que la oportunidad para enfrentarlo está en niños y jóvenes “que están creciendo con la migración como algo que no es ajeno, sino como algo que está en el día a día. Esa es la oportunidad de bajarle la fuerza a esa llama de la olla a presión antes de que sea muy tarde”, agregó el alcalde.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien también participó del Encuentro, enfatizó en que “la migración regular no debe estar cuestionada, porque quienes entran legalmente han venido en general a contribuir al desarrollo de Chile. El problema está en la migración ilegal, con cientos de miles ingresando por pasos irregulares y una minoría que ha traído delitos graves como el sicariato y el secuestro. Para enfrentar esto, debemos controlar las fronteras, exigir integración cultural y ser firmes en la persecución del crimen, de modo que Chile siga siendo un país ordenado y atractivo para quienes vienen a aportar”.

Miradas desde lo rural

La transversalidad territorial de la migración fue también otro de los temas de conversación.  “La migración está presente en todo el país, en las ciudades y los campos. Con manos que sostiene el agro y que permiten alimentar a las ciudades, con al menos 120 mil personas migrantes que trabajan cada temporada de la fruta.  El Encuentro 3xi relevó estas voces, desde el aporte de las migraciones, en toda su diversidad. Cada persona que trabaja la tierra inspira y es esfuerzo y esperanza, desde Periplo relevamos estas historias”, indicó Antonia Garcés, directora de Periplo Chile.

En tanto, Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana en su intervención, se refirió a las distintas caras que es posible observar en la migración y destacó que “es evidente que los que emigran tienen una voluntad enorme y esa voluntad genera desarrollo, entonces, que personas migrantes nos elijan como país de destino, es un privilegio que tenemos que aprovechar”.

En un país que enfrenta el desafío de fortalecer la cohesión social, la convocatoria de 3xi mostró que es posible conversar con respeto, mirarse a los ojos y descubrir que la convivencia no solo es viable, sino que también puede ser motor de progreso y esperanza compartida.

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25 de Mayo, 2026

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Servicio Jesuita a Migrantes expone en el Senado claves para avanzar hacia una gestión migratoria sostenible

5 de Mayo, 2026

Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

La llegada y convivencia de personas migrantes en Chile está transformando barrios, vínculos y formas de vida, abriendo preguntas urgentes sobre seguridad, cultura, políticas públicas y futuro compartido. En este contexto, el 3xi convoca a un nuevo Encuentro y compartirá en línea Las Voces de Migración, un espacio de diálogo guiado por Paloma Ávila, periodista y conductora de Pares Impares en CNN Chile.

Durante la transmisión se escucharán miradas diversas:

  • Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, expondrá cómo la migración impacta y enriquece la vida cotidiana en los territorios.
  • Kimberly Bourdeau, migrante haitiana, compartirá su experiencia de integración y los desafíos cotidianos de la comunidad migrante.
  • Gerardo Espíndola, ex alcalde de Arica (2017–2024), aportará su perspectiva desde un territorio fronterizo marcado por la movilidad humana.
  • Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, abordará cómo se entrelazan migración y seguridad, desmitificando prejuicios con datos.
  • Valentina Correa, socióloga y magíster en Políticas Públicas, ofrecerá claves para comprender las tensiones en torno a la convivencia.
  • Carlos Frontaura, abogado y académico de la Universidad de Chile, contribuirá con reflexiones sobre legislación y derechos.
  • Catalina Bosch, chilena migrante, compartirá la experiencia de quienes también han vivido la decisión de dejar su país atrás.

Más que un seminario, este será un encuentro de pares improbables, donde se escucharán miedos, esperanzas y contradicciones, con la invitación a reconocernos en nuestras diferencias y construir un “nosotros” más amplio.

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25 de Mayo, 2026

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Servicio Jesuita a Migrantes expone en el Senado claves para avanzar hacia una gestión migratoria sostenible

5 de Mayo, 2026

Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

En la Universidad Adolfo Ibáñez, el Servicio Jesuita a Migrante presentó la sexta edición del Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile que busca contribuir con datos al desarrollo de políticas públicas asociadas a la gestión migratoria.

Junto con la presentación de los principales hallazgos en materia de flujo de movilidad humana, protección internacional, panorama laboral migrante, acceso a servicios de salud, educación y vivienda y participación electoral, en la oportunidad se realizó un panel de conversación sobre la migración en Chile, en el que participaron el presidente del Senado Manuel José Ossandón, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker y la presidenta del Centro de Políticas Migratorias y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Mayra Feddersen.

El senador Ossandón, aseguró que “claramente Chile no estaba preparado para recibir a las personas. Tenemos que buscar soluciones y acoger a las personas. Yo soy de los pocos locos que creo que hay que regularizar a los que están en Chile para poder ponerle información, rostro y poder controlar y que tengan oportunidades de trabajo, porque hoy se mezcla el desorden con la falta de oportunidades. Hemos trabajado con la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura), con el Gobierno y con el cónsul de Chile en Bolivia para regularizar a los trabajadores agrícolas bolivianos que están en Chile”.

“Hay muchas personas que dicen que hay que expulsarlo a todos. ¿Cuántos aviones, cómo lo van a hacer en la práctica? Si es imposible, están mintiendo, no se pueden expulsar. Si no lo puedes expulsar, intégralos pues. Así de claro y no tenemos otra solución. Por eso, insisto, la política migratoria en un país normal es distinta a un país que está hoy día colapsado porque está lleno y lo otro que yo trabajaría con mucha fuerza es realmente el control de la de la frontera”, agregó el parlamentario.

Por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, indicó que “Chile no podría estar exportando 30.000 millones de dólares si no tuviéramos la fuerza laboral de los inmigrantes y el gran desafío es la regularización, a Chile se viene a trabajar con visa de trabajo. No podemos caer en la informalidad laboral. La informalidad laboral es mano de obra barata. La formalidad laboral es que todos los trabajadores compitan en las mismas condiciones, así que yo creo que el aporte de los inmigrantes ha sido muy valioso para nuestro país”.

Finalmente, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que “es muy relevante poder regularizar a las personas. Es lo básico para poder saber quiénes están en Chile, para poder darles oportunidades de formalidad que todos queremos. La política pública tiene que ser integral, tiene que acompañar los procesos de integración de las personas migrantes y refugiadas, porque acá también la comunidad que los recibe ve mermada su calidad de vida cuando la migración no está bien gestionada. Como SJM también estamos de acuerdo que los procesos de integración sean ordenados, seguros y regulares”.

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25 de Mayo, 2026

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Servicio Jesuita a Migrantes expone en el Senado claves para avanzar hacia una gestión migratoria sostenible

5 de Mayo, 2026

Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

El Servicio Jesuita a Migrantes publicó la sexta edición del Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile, documento que consta de siete capítulos que abordan la migración en Chile desde el flujo de movilidad humana, la protección internacional, el panorama laboral migrante, acceso a salud, educación y vivienda y participación electoral.

Según detalla el estudio, los flujos de movilidad humana continúan en aumento y muestran una dinámica sostenida, principalmente asociada a reunificación familiar, lo cual confirmaría que la migración es una realidad estructural en el país y no un fenómeno coyuntural.  Si bien la región Metropolitana sigue concentrando la mayor parte de la población migrante, otras zonas han experimentado crecimientos significativos: la región de O’Higgins cuadruplicó su población migrante entre 2017 y 2024, Biobío casi la cuadruplicó, y Maule, Ñuble y Los Lagos muestran una tendencia similar. Según Ignacio Eissmann, director Social y de Estudios del SJM, “esto da cuenta de una movilidad dentro del país que va a ir generando nuevas dinámicas, tensiones en la convivencia comunitaria y la entrega de servicios sociales, así como oportunidades para el desarrollo local. En términos de la acción pública, esta redistribución territorial creciente plantea nuevos desafíos para los gobiernos regionales y locales, especialmente en materia de planificación urbana, asistencia social y estrategias de integración de corto, mediano y largo plazo”.

En el caso de la migración irregular, esta tiene una distribución territorial similar a la regular. La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de personas en el país en esa condición, con un total de 145.163, lo que equivale al 43,1% del total nacional. Le siguen Valparaíso con 23.162 personas (6,9%) y Antofagasta con 13.664 personas (4,1%).  También es importante notar que las regiones del Biobío y O’Higgins, con 13.172 y 11.877 personas respectivamente, se encuentran ambas por sobre el 3% del total nacional. Estas cinco regiones en conjunto concentran más del 61% de la población migrante en situación irregular estimada en el país.

Con respecto al número total de reembarcos, este bajó significativamente de 3.345 personas en 2022 a 2.588 en 2023, y luego a sólo 654 en el primer semestre de 2024. Cabe destacar que, si bien en diciembre de 2024 se ratificó un acuerdo con Bolivia para permitir la reconducción de personas de cualquier nacionalidad, este cambio no se vio reflejado en la primera mitad del año.

Por su parte, se observa un aumento a 339 expulsiones administrativas efectivas, llegando a 339 en 2023 y   690 durante el 2024, con una capacidad de cumplimiento de apenas el 5,5% durante ese año.

En cuanto a las expulsiones judiciales, la evolución muestra una dinámica distinta. En 2023, se observó una baja a 607 expulsiones y durante el año 2024 la cifra disminuyó aún más a 410. Esta caída podría reflejar una reducción en el uso de esta medida como pena sustitutiva o un descenso en el número de condenas que contemplan la expulsión.

Altos niveles de informalidad y carencia habitacional

Aunque la población migrante constituye un componente importante del mercado laboral chileno —con más de un millón de personas ocupadas en 2024—, se mantienen altos niveles de informalidad (31,4%) y significativas brechas de género. Las mujeres migrantes enfrentan mayores tasas de inactividad, desocupación y subempleo, lo que limita su autonomía económica y acceso a sistemas de protección social.

En el ámbito de la vivienda, el 21,6% de los hogares migrantes presenta carencia habitacional, y se ha observado un aumento en su presencia tanto en campamentos como en programas dirigidos a personas en situación de calle.

Paralelamente, crece el uso de servicios básicos de salud (más de 650.000 atenciones en 2022) y la participación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educacional (276.033 estudiantes migrantes en 2024, 7,7% del total nacional). “Este proceso de incorporación progresiva a los servicios sociales plantea implicancias significativas para las políticas públicas y las decisiones de inversión. Es fundamental reconocer que los déficits en infraestructura y cobertura de los servicios sociales no son causados solo por la migración, ni se presentan de igual manera en todo Chile, pero sí se ven develados y tensionados por esta, lo que hace urgente avanzar en respuestas contundentes, sostenidas y de largo plazo”, agregó Eissmann.

Se cuadruplicó el voto migrante en la región Metropolitana

Finalmente, el Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile 2024, da cuenta de la mayor participación electoral de las personas extranjeras. El padrón electoral migrante en Chile creció de 414.921 inscritos en las elecciones de 2021 a 786.470 en 2024, lo que representa un aumento del 89,6%. Las inscripciones de venezolanos aumentaron de 10.260 a 174.857, reflejando el mayor crecimiento relativo del período, pasando de representar el 2,5% del padrón total migrante de la elección presidencial del 2021 al 22,2% en el 2024. La otra nacionalidad que experimentó un aumento durante este período fue Haití, que pasó de 7.595 personas a 76.481, pasando de representar el 1,9% al 9,7%. Por el contrario, si bien la nacionalidad peruana aumentó 42.070 inscritos entre 2021 y 2024, disminuyó 11,7 puntos porcentuales su representación del total del padrón electoral migrante.

Por otra parte, entre 2021 y 2024 las regiones que experimentaron el mayor crecimiento en la participación electoral de personas extranjeras en Chile fueron la Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta, tanto en términos absolutos como porcentuales. La región Metropolitana lideró el aumento neto, pasando de 58.658 votantes extranjeros en la primera vuelta de 2021 a 311.756 en las municipales de 2024, lo que representa un incremento de 253.098 personas y un alza porcentual de 2% a 6,2% del total regional. Tarapacá, por su parte, mostró el mayor crecimiento proporcional, pasando del 5,4% al 12,6% en la participación extranjera en el padrón electoral, con un aumento neto de 20.466 votantes. Finalmente, Antofagasta también registró un incremento, sumando 37.844 votantes más y un alza en su participación regional de 3,8% a 11,3%.

Revisa el Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile 2024

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25 de Mayo, 2026

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5 de Mayo, 2026

Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

La Fundación En Todo Amar y Servir (ETAS) es la entidad creada por la Compañía de Jesús para conectar sus diversos proyectos y obras de acción social con fuentes de financiamiento local sustentable.

A ETAS les mueve la inmensa urgencia de que un mínimo, al menos, de bienestar se extienda a un gran número de personas que hoy viven en condición de gran precariedad.

Por eso, durante el mes de julio está realizando una colecta virtual para ayudar al trabajo que realiza el Servicio Jesuita a Migrantes.

La meta es reunir al menos $5.000.000 para seguir cambiando historias, a través de la atención sociojurídica, protección de la niñez y promoción de una buena convivencia entre chilenos y migrantes que impulsa el SJM.

Dona ahora

Fundación Todo Amar y Servir
Rut: 65.048.342-1
Banco de Chile
Cuenta Corriente: 00-881-03730-03
Asunto: Colecta SJM
captacion.socios@entodoamaryservir.cl

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25 de Mayo, 2026

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5 de Mayo, 2026

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Diversas organizaciones sociales, clínicas jurídicas y defensoras de derechos humanos plantearon la necesidad que se garantice efectivamente el permiso de residencia humanitario para niños, niñas y adolescentes migrantes, establecido por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, sin discriminación por nacionalidad ni requisitos imposibles de cumplir.

Este visado, que nació como una política pública en 2017 bajo el Plan “Chile te recibe” y fue consolidado legalmente en 2022, ha sido una herramienta crucial para asegurar el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, y la protección social para miles de niños migrantes. A junio de 2023, más de 28.500 niños, niñas y adolescentes habían accedido a este permiso de residencia temporal humanitario.

Sin embargo, la realidad actual muestra un preocupante retroceso. Niños y niñas venezolanos han visto truncado su proceso de regularización debido a la imposibilidad material de obtener documentos de identidad exigidos por la autoridad migratoria chilena, tales como pasaportes o cédulas emitidas en su país de origen. Esta situación se ha agudizado desde julio de 2024, tras el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela y el cierre de los servicios consulares venezolanos en territorio nacional.

La normativa vigente, en particular los artículos 41 de la Ley N° 21.325 y 45 del Decreto Supremo N° 177, contempla mecanismos alternativos para acreditar la identidad de los niños, y explícitamente establece que la ausencia de pasaporte o cédula no debe impedir el otorgamiento de la visa. Pese a ello, el Servicio Nacional de Migraciones ha procedido a archivar solicitudes de niños venezolanos, en una práctica que organizaciones califican como ilegal, arbitraria y contraria tanto al derecho nacional como a tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este contexto, el Servicio Jesuita a Migrantes, junto a la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, ha interpuesto un recurso de amparo en favor de 27 niños y niñas venezolanos cuyas solicitudes fueron archivadas de forma injustificada. Esta acción busca que se reconozca su derecho a regularizarse y acceder a la protección estatal que les corresponde.

Además de la vía judicial, las organizaciones hacen un llamado urgente al Ejecutivo a adoptar una solución definitiva que permita la regularización de estos niños, eliminando requisitos imposibles de cumplir y reconociendo la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan. Proponen avanzar hacia una aplicación efectiva del visado humanitario sin exclusiones, tal como lo permite y exige el marco jurídico actual.

“No descansaremos en usar todas las herramientas legales disponibles para que ningún niño o niña se quede atrás. Pero también sabemos que esto requiere voluntad política y decisiones administrativas claras que prioricen el interés superior del niño por sobre formalidades imposibles”, señalaron desde las organizaciones.

La regularización de la infancia migrante no sólo es un mandato legal y ético: es una inversión en el futuro del país y en la dignidad de quienes ya son parte de nuestra sociedad.

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25 de Mayo, 2026

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5 de Mayo, 2026

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Cada 20 de junio aumenta la urgencia y necesidad de poner en el centro de las decisiones y articulaciones de protección a las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas que buscan protección. El contexto mundial y regional de este año 2025 confirma esta urgencia y necesidad.

Varias obras de la Compañía de Jesús que les acompañamos en diversos lugares de la región latinoamericana y caribeña, compartimos sus mensajes y llamados:

Las personas que necesitan protección internacional en la región LAC proceden de diversos países, especialmente de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Haití y Honduras. Son jóvenes, niñas, mujeres, personas LGBTIQ+, adultas mayores, personas desplazadas por desastres sociales y ambientales. En sus desplazamientos se enfrentan a riesgos, violaciones de sus derechos humanos y muchos peligros.

Los constantes cambios en los procesos para sus solicitudes y reconocimiento de condición de refugio, y el aumento de una cultura deshumanizante que quiere criminalizarles y descartales elevan las barreras que les impiden ejercer sus derechos.

Independientemente de su nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, religión u otras características, todas las personas son sujetas de derechos. Esta conmemoración permite insistir y procurar acciones que prioricen las necesidades y proyectos de vida de quienes migran forzosamente, especialmente sus derechos a solicitar asilo y a la movilidad sin barreras y discriminaciones.

Cada vez es más crucial que las personas con necesidad de protección internacional en la región latinoamericana y caribeña sean el centro de las decisiones políticas de los Estados y de las articulaciones necesarias para protegerlas, teniendo presentes las nuevas realidades y diversas causas que les obligan a desplazarse, tales como violencias, conflictos armados internos, narcotráfico, crisis sociopolíticas, económicas y/o ambientales, discriminaciones y despojos, entre otras.

Nadie decide ser una persona refugiada, pero todas y todos podemos decidir proteger. Por ello, es necesaria una acción efectiva y en cooperación, para unir esfuerzos, afrontar los desafíos presentes y futuros de los desplazamientos forzados en la región, buscando la transformación de las causas estructurales que obligan a las personas a desplazarse en busca de condiciones de vida dignas y en paz.

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25 de Mayo, 2026

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5 de Mayo, 2026

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Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a fines de 2024 había 42,7 millones de personas refugiadas en el mundo, quienes huyen de sus países debido a persecución, violencia generalizada, conflictos internos, agresión extranjera o violación masiva de los derechos.

Entre 2017 y 2024, la migración hacia Chile ha estado fuertemente influenciada por crisis políticas, económicas y humanitarias en América Latina, lo que se refleja en el aumento sostenido de población extranjera, la que según el último Censo alcanza 1.608.650 personas.

Sin embargo, entre 2018 y 2024 el acceso a refugio en Chile ha sido muy restringido. De 23.232 solicitudes de asilo, sólo un 2,5 % de ellas fueron acogidas. “Esta baja tasa de reconocimiento se relaciona con cambios legislativos y prácticas administrativas orientadas a limitar el acceso al procedimiento de refugio”, señala Juan Pablo González, jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.

En 2023 se aprobó un nuevo Manual de Procedimiento Administrativo para el Departamento de Refugio que impone a las personas solicitantes de refugio la obligación de presentar la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones por ingreso por paso no habilitado y la constancia de haber agendado una cita con esa institución, todo ello bajo la amenaza de que su solicitud sea considerada desistida si no cumplen con este requisito dentro de un plazo de 10 días hábiles.  “En la práctica, esto deja a las personas solicitantes sin protección, en situación migratoria irregular durante un periodo prolongado”, asegura Gabriela Hilliger, directora jurídica del SJM.

“La actual política pública en materia de refugio en Chile ha tendido a restringir el acceso a la protección internacional, alejándose de los compromisos suscritos y estándares internacionales, lo que ha contribuido al aumento de la irregularidad migratoria y a una desprotección generalizada de personas que huyen de sus países de origen, en un contexto a nivel regional de necesidades urgentes de protección”, agrega la directora nacional, Waleska Ureta.

Propuestas del SJM para gestión del refugio en Chile

A partir de la experiencia del Servicio Jesuita a Migrantes y las recomendaciones que surgieron en el proceso Cartagena +40 (proceso de consultas y adopción de una nueva Declaración y Plan de Acción regional en América Latina y el Caribe, en conmemoración del 40 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados) el SJM realizó una propuesta para abordar los desafíos en protección internacional en Chile.

En primer lugar, plan tea la necesidad de fortalecer el apoyo a las comunidades de acogida como un pilar estructural para la cohesión social y la integración. Esto implica garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, tanto para las personas desplazadas como para las poblaciones locales donde residen los solicitantes y refugiados.

El segundo eje aborda la inclusión económica y la autosuficiencia como fundamentos clave para una integración sostenible. Se proponen medidas que faciliten el acceso al empleo formal, servicios financieros, documentación y procesos de naturalización de quienes han solicitado ser reconocidos como refugiados.

También, promueve la expansión de vías legales de admisión a terceros países como parte de una estrategia de responsabilidad compartida de los desplazamientos forzados en la región. Esto incluye el fortalecimiento de los programas de reasentamiento y patrocinio comunitario, así como la creación o ampliación de vías complementarias como visas humanitarias, laborales, educativas o por reunificación familiar.

A su vez, propone fortalecer los mecanismos regionales de cooperación y seguimiento y aplicar plenamente la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena e incorporada a la Ley N°20.430.

Asimismo, se recomienda fortalecer la independencia de la institucionalidad encargada del refugio, ya que informes oficiales han evidenciado irregularidades y retrasos injustificados en la tramitación de solicitudes, como lo señala el Informe N. º 828 de la Contraloría General de la República (2018-2019).

También, plantea que es fundamental capacitar a las y los funcionarios públicos en estándares internacionales de protección. “En un contexto de alta vulnerabilidad —como los asesinatos de líderes sociales en Colombia, la desintegración del Estado haitiano o las masacres en Bolivia—, la formación del personal en frontera y oficinas de migración a nivel nacional es clave para asegurar que la autoridad no actúe arbitrariamente y pueda cumplir con dar la información y orientación adecuada”, indica el informe.

Finalmente, se propone desvincular la comprensión de la protección internacional desde un enfoque exclusivamente de control migratorio. “Proteger a los refugiados es crucial por razones humanitarias, legales y sociales. Garantizar su seguridad, derechos y bienestar es fundamental para preservar su dignidad y permitirles reconstruir sus vidas”, señala el documento.

Revisa la propuesta completa aquí.

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