La escuela puede convertirse en el mejor espacio de acogida para un niño o niña en situación de vulnerabilidad, como puede ser un migrante o refugiado. Lamentablemente, el proyecto de ley aprobado por el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados y que seguirá su tramitación en el Senado, los ubica en una segunda categoría al momento de acceder a este derecho, al establecerse una prioridad respecto de niños chilenos.
En base a los resultados de la Casen 2022, un 29,5% de los hogares migrantes cuenta con al menos uno de sus integrantes mayor de edad con menos años de escolaridad que los establecidos por ley y un 6,5% con al menos una persona edad entre 4 y 18 años de edad que no está asistiendo a un establecimiento educacional.
Según la última estimación oficial, de fines de 2022, en Chile hay un total de 210.521 niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes menores de 19 años. La gran mayoría de ellos hará su vida en Chile y será parte del país que seguiremos construyendo todas y todos los que habitamos este territorio. ¿Queremos dejar a un alto número de la población sin educación?
La educación es fundamental para construir una mejor sociedad, sana y cohesionada, y para que las personas puedan llevar vidas productivas, acceder a empleo, entre otros aspectos. En vez de priorizar entre niños, el foco debe estar en exigirle a la política pública que la escuela, factor protector y de inclusión, pueda acoger a todo niño y niña para el ejercicio de su derecho a la educación, por el bien de ellos y el de todos.
Otra de las normas aprobadas indica que en casos de ingreso al país de niñez no acompañada, se debe, en primer lugar, ordenar la salida de dichos niños, y solo en su defecto, su permanencia. Es importante no olvidar que la niñez migrante no acompañada en muchos países posee herramientas de protección complementaria, comprendiendo su especial vulnerabilidad y las necesidades de protección.
No se entiende que frente al interés transversal que hay sobre los niños, niñas y adolescentes no acompañados que cruzan la frontera, se esté avanzando en deshacernos de las herramientas para recibir la protección a la cual no han accedido en su vida.
Las propuestas respecto de sanciones a quienes trasladen a quienes ingresaron por paso no habilitado o a quienes arrienden no teniendo estatus migratorio, exponen a niños, niñas y adolescentes que llegan al país con sus grupos familiares o solos, a caer en manos de grupos que se esconden en la clandestinidad para ofrecer el acceso informal a transporte o vivienda.
Este proyecto de ley posee múltiples problemas respecto de la población migrante y refugiada, Sin embargo, respecto de la niñez migrante es fundamental que haya, en lo que queda de tramitación, un enfoque coherente con estándares internacionales e internos, en los que hemos avanzado los últimos años, como es la ley de garantías. Avanzar en este tipo de políticas que relativiza el acceso a derechos, debe alertarnos y alarmarnos a todos quienes habitamos este territorio. No podemos olvidar que estos niños, niñas y adolescentes, quienes ya habitan en nuestro país, muchos desde su primera infancia, serán parte de la sociedad que construyamos como país en el futuro. El que puedan desarrollarse adecuadamente accediendo a sus derechos fundamentales augura que puedan ser personas que contribuyan a hacer de Chile un mejor lugar.
