Recientemente se presentó un proyecto para la creación de centros de internación de extranjeros con el fin de ejecutar órdenes de expulsión administrativas. Esta iniciativa busca responder a la creciente preocupación ciudadana sobre la gestión migratoria. Sin embargo, diversas propuestas legislativas avanzan sin un análisis comparado y sin considerar una perspectiva integral y humanitaria.
Es fundamental señalar que la migración irregular, sancionada con órdenes de expulsión administrativas, no debe considerarse una infracción penal, sino una cuestión administrativa. De hecho, el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios prohíbe la sanción penal por infracciones migratorias. La despenalización del ingreso por pasos no habilitados, en la Ley 21.325, actualizó nuestra normativa a estándares internacionales.
La gestión migratoria debe priorizar el respeto a la dignidad humana, no limitarse a medidas punitivas. La experiencia comparada demuestra que los centros de internación, lejos de ser una solución, conllevan graves violaciones de derechos humanos. Además, estos centros generarán un alto costo sin garantizar efectividad de expulsiones. Aunque el proyecto establece un plazo máximo de estadía, el principal obstáculo sigue siendo la coordinación con los países receptores de expulsados.
La migración forzada es un fenómeno complejo que involucra a personas con necesidades diversas. Abordarlo solo dese la detención y expulsión, sin un enfoque humanitario, es ineficiente. Políticas restrictivas suelen aumentar la migración irregular, como lo demuestra la experiencia venezolana. Es esencial replantear la gestión migratoria desde un enfoque de derechos humanos, buscando alternativas legales y seguras para quienes migran en busca de un futuro mejor.
