Cada cierto tiempo se instala en el debate político el cuestionamiento al acceso a derechos por parte de las personas migrantes y refugiadas, por el supuesto incentivo que generaría para que estos lleguen masivamente al país y también porque quitarían recursos que podrían destinarse a otras necesidades.
Las personas en condición migratoria irregular solo tienen acceso limitado a salud y educación. Junto con esto, se resguarda la protección y el interés superior del niño o niña. No existe evidencia alguna que esto genere un incentivo a la migración hacia Chile.
Además de ser derechos humanos fundamentales, su existencia no solo debe analizarse desde el respeto a las personas migrantes, sino que también de los efectos negativos que podría tener para Chile su restricción en el acceso o eliminación.
¿Dónde estarán los niños y niñas que no puedan acceder a educación? ¿Cómo será su desarrollo y el aporte que podrán hacer a Chile en su vida adulta sin haber tenido acceso a la educación?
En el ámbito de la salud pública, la atención preventiva y acceso oportuno a tratamiento reduce riesgos sanitarios para el país y costos superiores en atención de urgencia por enfermedades no tratadas. Además, una población sana es más productiva.
Estamos de acuerdo con una migración ordenada, segura y regular. Para esto se debe asumir la gestión migratoria con criterio de realidad, evidencias y mirada de largo plazo, considerando, además, el aporte que la población migrante hace en diversos ámbitos, incluida la economía de los países a los cuales se integran, como demuestran diversos estudios.
