Señor Director:
Hay en Chile una corriente de solidaridad con Venezuela en medio de su grave crisis política. Poco valor tiene una declaración de solidaridad si no se encarna en las instituciones y en el cuidado de las personas afectadas, como es el caso de Alejandro, adolescente venezolano que en 2022 llegó a Chile con 16 años y sin compañía de su familia, tras caminar durante más de veinte días por Colombia y Perú.
Luego de perder sus documentos en un asalto ingresó irregularmente por Arica. Hoy completa su educación media en el Liceo Politécnico de Tarapacá y trabaja los fines de semana en una feria libre para ganar su sustento.
Considerando estas circunstancias, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió su reclamo contra la resolución que disponía su expulsión, reconociendo que la autoridad administrativa solo había considerado su ingreso irregular, pero no, como lo establece la Ley de Migración, el tratarse de un adolescente, no venir acompañado, la carencia de antecedentes penales, su arraigo social y su buena conducta. Lamentablemente, hace pocos días, la Corte Suprema revocó esta sentencia y confirmó su inminente expulsión.
Si Alejandro hubiese delinquido no lamentaríamos una expulsión, pues la seguridad pública es también un derecho humano fundamental. Pero este no es el caso. ¿De qué sirve el visado humanitario si no se aplica cuando más se necesita? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes no acompañados se encuentran expuestos a la expulsión, ante la omisión de autoridades a cargo de regularizarlos de acuerdo a la Ley de Migraciones?
En vísperas de un nuevo día de la Solidaridad, en que agradecemos a Dios la vida de San Alberto Hurtado, hacemos un llamado para que la lucidez del Buen Samaritano apure la aplicación de la legislación humanitaria en el cuidado de la niñez más vulnerada y que Chile pueda tomar la mano que el niño Alejandro vino a buscar aquí.
