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Las protestas y violencia en el norte ante la proliferación de migrantes ilegales, sobre todo desde Venezuela, abre la interrogante. ¿Hay solución para este problema? Y si bien ha habido una modernización de la institucionalidad y ‘más orden’ a largo plazo, siguen siendo más las preguntas que las respuestas.

‘Algún dato, algún trámite. Consulte por ayuda’. Es lo que vocean tres venezolanas en el centro de Santiago. Justo en la puerta del Servicio de Extranjería y Migraciones.

Pocos son los que se acercan. A los que sí lo hacen, los toman de la mano y los llevan a una oficina, antigua, donde en el vidrio se lee: ‘Pasaportes, visas, fotos, certificados’.

Minutos después, salen. Y es que casi ninguno de los trámites se hace ahí. Los migrantes, legales, entran, y después de recibir información, salen a buscar un computador.

Es un gran contraste con lo que pasaba hace cinco años, cuando las filas de extranjeros daban la vuelta a la manzana.

Pero también es un gran contraste con lo que ocurre hoy a pocas cuadras, más cerca de Ahumada. Ahí abundan los extranjeros vendiendo mercadería. Incluso se ven en los semáforos, donde caminan entre los autos, pidiendo ayuda. O en Tarapacá, donde acampan en las plazas y recorren cientos y hasta miles de kilómetros a pie.

¿La diferencia? Estos últimos son, en su mayoría, migrantes ilegales.

Representan hoy el gran desafío de este gobierno, y de los que vienen, en la materia. Esto, pues, si bien desde 2010 ha habido un proceso de modernización de la institucionalidad –con hitos destacados y otros polémicos–, hay una pregunta básica abierta: ¿Qué quiere hacer el país, la sociedad, con quienes ingresan desde otras naciones?

Es una interrogante que tiene carácter social, jurídico y hoy, incluso, electoral.

ORIGEN COMPLEJO

Por estos días, el director del Servicio de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, se prepara para, lo que se anticipa, será una pelea para aumentar el presupuesto del sector.

Todo esto bajo un lema común, casi una letanía: ‘Hay que ordenar la casa’.

La idea tiene más de diez años. De cuando el Presidente Piñera le encargó al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al comienzo de 2010, que creara una ley de migraciones que reemplazara la vigente –de 1974– y ‘ordenara’ el sistema. Un sistema que, dicen, consistía en una acumulación infinita de solicitudes y papeles que, muchas veces, terminaban extraviados o incluso, como recuerdan funcionarios, ‘comidos por ratones’.

Ese proceso llegaría a puerto 11 años después, en abril de este año, con la promulgación de la ley. ‘Una de las pocas leyes que estaban en el programa y que salió bajo nuestros términos’, dice Bellolio.

Pero, entremedio, pasó mucha agua bajo el puente. Todo un océano se podría decir.

La primera ola comenzó en 2017, cuando atraídos por el buen pasar económico de Chile y, de acuerdo al gobierno actual, por la ‘desidia’ de la administración anterior llegaron al país miles de haitianos.

Luego vendría la crisis venezolana. Y Chile no estaba preparado.

En concreto, entre 2017 y 2018 llegaron 130 mil haitianos y 300 mil venezolanos. El sistema colapsó.

Uno de los hitos en este período fue el famoso ‘Cucutazo’ en el que, de acuerdo a la oposición, al asistir y apoyar a la disidencia venezolana en la frontera con Colombia, el Presidente Piñera dio la señal de que las puertas estaban ‘abiertas de par en par’.

Hoy el Gobierno dice que eso no es cierto y que la mayor parte del flujo ya había llegado antes. Lo que sí consta, según cifras oficiales, es que en 2018, luego que se estableciera la Visa de Responsabilidad Democrática, esta se les otorgó a 70 mil migrantes venezolanos. Tras eso, han ingresado 80 mil más.

Hoy, en el Gobierno dicen que, dentro de todo, hay un poco más de orden. Por ejemplo, no se ingresa sin ellas, o con visa de turismo. Asimismo, cuando la ley comience a funcionar, los que hayan ingresado como turistas y estén trabajando deberán regularizarse o podrían ser expulsados.

En lo referente a los ilegales, el panorama es distinto.

‘CHILE DE ELEGIR’

Era diciembre de 2018 cuando surgió a gran escala la polémica por las diferencias entre los conceptos de migración. Ese mes, a última hora, el Gobierno decidió no firmar el Pacto de Migraciones de la ONU que inicialmente iba a aprobar con reparos.

La principal razón fue que la declaración no diferenciaba entre migrantes en regla de los que no.

De ahí en adelante, se transformó en un tema político, aún no resuelto.

Mientras, el tipo de migración cambió. Si antes los extranjeros que llegaban a Chile eran profesionales, buscando trabajo, hoy son gente pobre que busca sobrevivir.

‘La sociedad venezolana migra con la promesa de traducirse en oportunidades de trabajo, en remesas que pueden aliviar la precaria situación económica familiar, en posibilidad de comer tres veces al día y recibir alguna atención a la salud’, dice Mariela Ramírez, líder de la ONG venezolana Foro Cívico.

Al mismo tiempo, y más con la pandemia, los ingresos ilegales aumentaron, sobre todo de familias venezolanas que cruzan a diario por pasos no habilitados de Tarapacá y se instalan en las plazas de Huara, Colchane e Iquique. Una crisis humanitaria que, para muchos, no está bien resuelta.

‘Las políticas migratorias, las herramientas y los tipos de visados que ha implementado este gobierno son tan restrictivos que de una u otra manera fuerzan a las personas que salen por necesidad a optar por otras vías que son irregulares’, dice Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, quien además critica la tardanza en la entrega de visas que haría que miles de migrantes ‘trabajen de forma clandestina’.

‘Se requiere que las personas que han ingresado en estas situaciones vulnerables tengan acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, y que estos espacios sirvan para generar redes de apoyo. Dado que son personas que requieren protección internacional, es esencial que se inicie un proceso de regularización para ellas’, dicen desde el Servicio jesuita a Migrantes.

‘Justamente, por tratarse de una migración reciente, no lograron establecer las redes, soportes necesarios para enfrentar los efectos socioeconómicos del covid-19’, dice Víctor Flores, coordinador de la OIM para la Macrozona Norte.

Es una opinión que varios comparten, como por ejemplo los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste, así como buena parte de los parlamentarios de oposición.

En el Gobierno, piensan distinto.

‘¿Les vamos a prometer visa a todos los que entren? ¿Tenemos que recibir a todos los que no tengan trabajo? Porque si es así, vamos a tener que adaptarnos, a que bajen los salarios, a que haya menos empleo. A que haya más conflictos. Ahí hay una decisión país que tomar, que no corresponde solo al Gobierno, sino que se debe ver en la campaña presidencial, en la Convención Constitucional y en los tribunales. Y los chilenos deben elegir’, dice Bellolio.

En este contexto, se propone trabajar, desde un punto de vista comunicacional, una política que ‘regule las expectativas’ de los migrantes, pues, según creen varios en el Gobierno, Chile ‘ya no da abasto’.

La oposición y las organizaciones sociales no son, eso sí, las únicas que piden que cambie el sistema. Fuentes de gobierno que piden reserva cuentan que desde el mundo del agro hay mucha presión para facilitar la entrada de irregulares, con el objetivo de ‘tener más mano de obra’.

Es en este contexto en que, desde el Ejecutivo, son varias las voces que creen que lo indicado sería motivar un ‘acuerdo nacional’ sobre migraciones, para no dejar las decisiones al arbitrio de cualquiera sea el próximo gobierno.

Sin embargo, los problemas no son solo de índole política.

UN CONTINENTE SIN COORDINACIÓN

Tras más de 3 años de espera, en 2021, el Gobierno logró sortear el obstáculo del Poder Legislativo en materia de migración y aprobar la ley. Sin embargo, hoy sigue chocando con el Poder Judicial.

Lo anterior, dado que la Corte Suprema, específicamente la Segunda Sala, ha dictado varios fallos que han paralizado procesos de expulsión de migrantes que han entrado de forma ilegal, y esto, debido a que han considerado que los acusados ‘no han tenido debido proceso’, ‘no han tenido condiciones para presentar una buena defensa’ o ‘no tienen antecedentes penales en el país’.

Pero hay otra dificultad: la casi total ausencia de coordinación internacional.

Sobre esto, fuentes de Cancillería relatan que la mayoría de los países del continente no tiene interés en tratar el tema en los foros internacionales. De hecho, recientemente Chile asumió la presidencia pro tempore en la Conferencia Sudamericana de Migración y ha tratado de poner varias veces en agenda una discusión sobre el éxodo venezolano. Hasta ahora, no ha sido aceptado.

Sí ha habido conversaciones con las autoridades de Perú y Bolivia. Pero si bien en el caso de los primeros hay una coordinación que ‘ha funcionado’, el segundo país no ha tomado medidas concretas. ‘Simplemente pasan’, dicen desde Teatinos 180.

¿Se puede así evitar que aumente aun más la migración?

En La Moneda no están muy convencidos.

Fuente: El Mercurio

Waleska Ureta enfatizó en la importancia de “que el Estado reconozca que estamos en una crisis humanitaria” y, a partir de esa afirmación, tomar acciones en las que –si es necesario– se discuta “la detención de las expulsiones colectivas e ilegales”.

El Ejecutivo anunció una serie de medidas para enfrentar la crisis migratoria en el norte de Chile, entre las cuales se contempla el levantamiento de domos y la apertura de módulos transitorios de estadía. 

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, valoró en CNN Chile los anuncios del Gobierno, pero criticó la tardanza en el actuar.

“El tema de los albergues es una respuesta de primera entrada (…) que debe sostenerse en el tiempo”, señaló, al mismo tiempo que aseguró que la crisis humanitaria que se vive en el norte es “una de las más grandes que tiene la región”.

La directora apuntó a los inmigrantes venezolanos y la importancia de que se discuta la arista asociada al refugio, que –a su juicio– es mucho más sostenible.

“Va a resolver más profundamente el tema. (…) Necesitan tener permisos o visas y, en este caso –por la situación de Venezuela– acogerlos como personas con posibilidades de reconocerse como refugiados. Nosotros creemos que esa debiese ser una de las respuesta más resolutivas de la situación”.

Ureta enfatizó en la importancia de “que el Estado reconozca que estamos en una crisis humanitaria” y, a partir de esa afirmación, tomar acciones en las que, de ser necesario, se discuta “la detención de las expulsiones colectivas e ilegales”, que, a su juicio, han contribuido en la estigmatización de la población extranjera.

Consultada por los anuncios relativos a reforzar la frontera para contrarrestar el flujo migratorio, la jefa del SJM hizo hincapié en que “la migración va a seguir“, pues no se trata de un fenómeno turístico o de otro tipo, sino que atiende a una reacción de “subsistencia”.

Fuente: CNN Chile.

• El próximo jueves 30 de septiembre, a las 9 de la mañana, se realizará el seminario “Constitución y Pobreza”, que será inaugurado por la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Miriam Henríquez.
• La experta comentará las propuestas constitucionales para garantizar los derechos de los más pobres y excluidos del país, que fueron elaboradas por nueve oenegés en el documento “Constitución y Pobreza: Apuntes para una Constitución Inclusiva”, las que luego serán detalladas por sendos representantes de las organizaciones autoras del texto.
• Invitan: Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo.

Guiados por la convicción de que la pobreza en sus distintas formas es una grave vulneración de los derechos humanos y que, por lo tanto, realizar todos los esfuerzos colectivos necesarios para superarla es un deber ético ineludible, nueve importantes organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su experiencia y trabajo directo con poblaciones vulnerables, se unieron para redactar el documento “Constitución y Pobreza: Apuntes para una Constitución Inclusiva”, el que tiene como objetivo contribuir al diálogo constitucional por medio de propuestas  para mejorar el bienestar de los grupos de personas especialmente excluidos en Chile.

Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo pusieron a disposición de la Convención Constitucional este documento el pasado 7 de septiembre, y entregaron recomendaciones basadas en evidencia con respecto a cuáles son las disposiciones mínimas y mecanismos de garantía que debiese considerar la nueva Constitución, en términos de reconocer derechos sociales y proteger a los “grupos de especial protección constitucional”

Para analizar en profundidad estas propuestas, el próximo jueves 30 de septiembre, se realizará, a las 9 de la mañana, el seminario “Constitución y Pobreza”, que será inaugurado la decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, quien comentará las propuestas constitucionales para garantizar los derechos de los grupos más vulnerables. El evento será transmitido a través del canal de streaming de la Universidad Alberto Hurtado y se puede acceder directamente desde www.uahurtado.cl

Hay siete panelistas invitados a debatir si es posible que la nueva constitución reconozca los derechos sociales de los más vulnerables y  a qué grupos de especial protección constitucional debería contemplar: Paulo Egenau, director social de Hogar de Cristo, Danilo Núñez, director ejecutivo de INFOCAP, Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate, Pía Palacios, directora del Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, Luis Roblero sj capellán Espacio Mandela, Waleska Ureta, directora nacional Servicio Jesuita a Migrantes y Nicolás Rojas, director Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado.

Invitamos a conectarse y a seguir este importante seminario en el siguiente link: www.uahurtado.cl

En una nueva edición de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con la presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrante, Macarena Rodríguez, con quien abordó la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile, y la manifestación que terminó con las pertenencias de inmigrantes quemadas. 

Respecto al ataque ocurrido el sábado en la Plaza Brasil de Iquique, que terminó con 16 familias venezolanas afectadas por la quema de sus objetos personales, Rodríguez afirmó que lo ocurrido correspondía a “actos de xenofobia que no son parte de nuestra idiosincrasia y esperemos no vuelvan a repetirse”.

En esta línea, la abogada se refirió a la crisis migratoria que vive el país, señalando que “hay que enfrentar de manera local el tema, porque aquí lo que ocurre es que nos hemos tapado los ojos, (…) cuando no lo enfrentamos de manera seria es que ocurren situaciones como esta”. 

Asimismo, y luego de que diversas organizaciones civiles organizaran el traslado de inmigrantes hacia el centro del país, la presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrante, afirmó que “hay que apoyar los traslados a otras regiones, pero aquí el tema de fondo es enfrentar la situación de manera seria y entregarles un estatus migratorio de manera que en Iquique o cualquier otra región, ellos puedan optar a un trabajo”.

De esta forma, Rodríguez cuestionó la gestión del Gobierno en esta materia, indicando que “el éxodo masivo de Venezuela no se administra de esta manera, y tampoco tiene efectos llamada, esto es consecuencia de la grave situación que tienen en su país de origen”.

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Escuchar la entrevista aquí:
https://www.tele13radio.cl/podcast/fm/macarena-rodriguez-presidenta-del-directorio-del-sjm-por-protesta?msvid=615300fe838d4008218021c9

Fuente: Teletrece Radio

A raíz de la crisis humanitaria en el norte del país, Waleska Ureta conversó con The Clinic con respecto al rol del Gobierno en esta materia y el discurso que ha tomado frente a la migración. “Esto no es una migración que sea por gusto de las personas, que es turística, ni nada por el estilo. Es una migración forzada”, señala.

Ropas, colchones, incluso coches de guaguas migrantes fueron lanzados a las llamas. Lo ocurrido el pasado viernes, en el marco de la manifestación llamada “No + migrantes” en la ciudad de Iquique, desató una serie de reacciones y críticas de organismos de DD.HH. nacionales e internacionales.

En entrevista con The Clinic, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, se refirió a estos hechos de violencia, la falta de políticas adecuadas frente a la crisis humanitaria y los discursos que influyen en la estigmatización de los migrantes y la xenofobia. Y advierte: lo ocurrido en Iquique era algo que se veía venir.

-Con respecto a la crisis humanitaria que se ha evidenciado en las últimas semanas, ¿era esto algo que se veía venir? ¿Por qué?

-Sí. Esto se veía venir hace un tiempo ya. Tenemos un alto flujo migratorio por las crisis regionales en el año 2016 y 2017 y hoy estamos frente a un flujo que se relaciona con el ingreso por pasos no habilitados por el cierre de fronteras por la crisis sanitaria. La migración no ha cesado. Todo eso hace que la migración se precarice, donde las personas tienen que recorrer de manera muy riesgosa varios países para llegar hasta acá. Y está la situación irregular hoy, lo cual en Chile es finalmente no existir. Si no tienes RUT no puedes acceder a un trabajo formal, a un contrato de arriendo. Por lo tanto, están a merced de estas personas que tienen que ver con la trata, con los abusos. Por ejemplo, si trabajan formalmente en algún lugar, no les pagan el sueldo y la persona queda desprovista de todo tipo de derechos. No pueden optar a contratos de arriendo, están pagando muchísimo dinero por un espacio indigno con hacinamiento. Entonces, es una situación bastante compleja la que estamos viviendo y que radica en las causas de las crisis humanitarias que se están viviendo, sobre todo en Venezuela y Haití, que obviamente hace que las personas tengan que salir en una migración forzada. Esto no es una migración que sea por gusto de las personas, que es turística, ni nada por el estilo. Es una migración forzada, en donde las personas dejan sus vidas, sus casas, los niños los colegios, sus amigos, familiares para poder buscar subsistencia y seguridad en otros lugares. Es una situación bastante urgente la que estamos viviendo hoy. 

-¿Cómo evalúan la acción de las autoridades frente a la crisis y los hechos de violencia más recientes en contra de los migrantes en el norte del país?

-Nosotros hace mucho tiempo, no solamente ahora, venimos diciendo que la política que se ha implementado ha estado basada en la militarización, que no aporta en nada para esta crisis humanitaria. Las expulsiones colectivas, que no solamente para nosotros, sino que para otras organizaciones, los organismos internacionales, la Corte Suprema, son expulsiones ilegales porque son expulsiones colectivas, en donde las personas no han tenido la posibilidad de tener un debido proceso. Son sanciones administrativas, lo que no quiere decir que su proceso se haya revisado de manera individual y que hayan tenido la posibilidad de defenderse. Esas expulsiones colectivas también han llevado a que, frente a la ciudadanía y por toda la puesta en escena mediática también que se ha llevado a cabo con esos procedimientos, se contribuya a la criminalización y estigmatización de las personas migrantes y que se vaya generando un clima de odio y xenofobia que no le aporta en nada al país. Además, las políticas no están orientadas a lo humanitario, para poder acoger la situación que están viviendo estas personas con políticas que se basan en el respeto de los derechos humanos y de atender, finalmente, esta migración forzada, nos llevan a situaciones que tenemos que lamentar, como el desalojo del día viernes, que fueron hecho bastante violentos, donde habían niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. 

-¿Cómo este tipo de respuesta de parte del Gobierno puede influir en una mirada negativa y estigmatizante de la migración?

-Son situaciones en que se va complejizando la convivencia. La cohesión social se ve, de alguna manera, afectada por la falta de política que contribuya a la cohesión, que implique en que esta migración sea más armónica y que está generando estos climas de odiosidad y xenofobia que no queremos volver a vivir. Esperamos que no vuelva a suceder, porque tuvo consecuencias bastante lamentables. Entendemos también, no vamos nunca a justificar los hechos de violencia desde ningún tipo de vista, pero entendemos que cuando no hay políticas idóneas, tanto la población migrante se ve precarizada y vulnerada y también la comunidad local se ve trastocada con esto. 

-¿Qué esperan que se haga de aquí en adelante frente a la crisis? 

-Nosotros creemos que hay puntos que son importantes de considerar para poder resolver este tema. Uno tiene que ver con las relaciones diplomáticas internacionales, donde los países de la región debiesen articularse desde el punto de vista humanitario en cómo acuerdan un plan de trabajo mancomunado que permita enfrentar a nivel regional la crisis que viven algunos países, de manera que esto sea armónico para todos estos países y que, en el fondo, esto pueda hacerse cargo de lo que están viviendo las personas. Lo segundo, tiene que ver con la utilización de los instrumentos jurídicos y diplomáticos que Chile tiene para hacerse cargo de situaciones como esta. Y ahí, nosotros creemos que la Ley de Refugio debiese aplicarse en este contexto. El artículo 42 de la ley plantea que en situaciones como esta, de grupos migratorios, se puede aplicar esta ley que le da la posibilidad a las personas de estar en proceso de análisis de su situación como refugiados y eso les da protección internacional. Lo tercero, tiene que ver con la coordinación que el gobierno central debiese hacer con los gobiernos subnacionales. El Ejecutivo debiera hacer articulación y coordinación con las municipalidades, convocando a otros actores de la sociedad civil como las ONG, la academia, para que juntos podamos resolver estas situaciones, pero tiene que haber una articulación del gobierno central. Todos queremos una migración segura, ordenada y regular, entonces desde ahí es importante que las políticas sean idóneas, si no, vamos a seguir perpetuando el círculo de la irregularidad y la exclusión de las personas migrantes. 

-En ese sentido, ¿la política migratoria actual es suficiente?

-Para esta situación no hay política. A nuestro parecer, la política ha sido la expulsión. El Plan Colchane, para nosotros, es sinónimo de las expulsiones colectivas. Nosotros creemos que no ha habido una real política por parte de la autoridad central frente a esta situación migratoria. Ha habido un abandono de las gobernaciones, desde los municipios, que han tenido que enfrentar de manera atomizada y muy solos esta situación, acompañados por la sociedad civil, pero nosotros como sociedad civil tenemos recursos escasos. Esta es una situación que desborda a cualquier municipio, a cualquier organización. Por eso es importante una articulación a nivel central.

-¿Cómo se puede combatir la xenofobia y avanzar para promover el proceso de inclusión de las y los migrantes en Chile?

–Los procesos de inclusión tienen directa relación con los procesos de regularización de las personas migrantes. Y eso, en la situación que estamos ahora, porque la autorización de visas es muy escasa, el Estado no está otorgando una cantidad de visas o de reconocimientos de refugio que estén a la altura de las situaciones graves que estamos viviendo a nivel regional. Desde ahí, el primer paso es enfrentar esto desde lo humanitario. Y en paralelo, estar mirando cómo con los instrumentos jurídicos Chile puede hacer procesos de regularización para que las personas puedan insertarse en el país, sobre todo para poder trabajar y tener un reconocimiento en el país. 

-Por último, ¿debería pensarse esta problemática como una crisis humanitaria en lugar de una crisis migratoria?

–Es una crisis humanitaria para nosotros. Aquí hay personas que están migrando forzadamente de sus países porque están enfrentando una crisis humanitaria, que tiene que ver con una crisis política, económica, social, de todo tipo. Va vulnerando derechos. No estamos hablando de personas que vienen a buscar una mejora en la calidad de vida, aquí son personas que vienen a poder vivir, subsistir, acá donde sus países de origen no están pudiendo. Es una crisis humanitaria desde ese punto de vista, donde no hay garantía de derechos básicos y fundamentales de las personas.

Fuente: The Clinic

Fue una imagen desoladora y que dio vueltas al mundo.

Colchones, frazadas, ropa, juguetes infantiles e incluso pañales pertenecientes a un grupo de venezolanos fueron quemados este sábado en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, en el marco de una manifestación contra los migrantes.

El ataque, que llevó a que la ONU expresara su preocupación por la “violencia y xenofobia” contra migrantes en el país, generó una fuerte controversia en medio de una delicada situación que viven algunas ciudades chilenas tras el fuerte aumento de extranjeros indocumentados que están llegando a este país sudamericano.

La mayoría de los migrantes arriban de Venezuela o Haití buscando una oportunidad, pero ante la imposibilidad de regularizar su situación, sumado a la falta de trabajo y una fallida inclusión social, terminan viviendo en campamentos improvisados en las calles.

¿Qué está pasando en Chile con los migrantes? ¿Cómo se soluciona un problema tan complejo como este y qué tanto apoyo recibió el ataque de Iquique entre los mismos chilenos?

Para responder estas y otras preguntas, en BBC Mundo hablamos con Carlos Figueroa, director de incidencia y estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización que ha sido clave en la ayuda y el estudio del fenómeno migratorio en Chile.

¿Cuál es su evaluación de lo que sucedió en Iquique este fin de semana?

Lo que sucedió fue la acumulación de un proceso de mala gestión de una migración que viene sucediendo en Chile desde el año 2017 en adelante.

Una migración que es fundamentalmente venezolana, que viene escapando de un conflicto, y que por no llevar adelante una adecuada gestión, ocupando los instrumentos legales que tiene Chile para acoger, se terminan produciendo roces de convivencia que generan malestar en la población.

Eso ha sido amplificado por un discurso poco certero de las autoridades chilenas para referirse a la migración desde un punto de vista criminal y no desde un punto de vista humanitario, lo que ha conducido al odio, a la estigmatización, y a un aumento de una mala convivencia.

Algunas personas que apoyaron la marcha y el discurso antimigrante relacionan a los extranjeros con la delincuencia. Lo mismo sucede en otros países de América Latina. Sin embargo, las cifras contradicen esta afirmación pues, en el caso de Chile, diversos estudios señalan que los migrantes relacionados con la delincuencia no llegan al 3%… ¿Por qué existe esta percepción?

Uno de las grandes respuestas que dio el Estado de Chile a esta ola de migrantes fueron las expulsiones. Y en estas expulsiones se generó un relato de que quienes estaban llegando por pasos no habilitados eran traficantes o violadores o criminales. Eso fue generando una percepción pública que asocia la migración con el crimen. Y eso es absolutamente falso.

Es cierto que hay casos particulares de trata de personas, de tráfico, pero son las menos respecto a la migración que ha llegado. Los datos hablan de un porcentaje muy bajo de personas migrantes que cometen delitos, más bajo incluso que la proporción chilena. No hay ningún dato ni estudio que asocie a los migrantes con la delincuencia en una proporción mayor a la de los chilenos.

Gran parte de las personas que están ingresando a Chile están escapando de un conflicto, buscan ayuda humanitaria. Y esa voz no ha sido escuchada, más bien denegada. Para tener una buena convivencia, es poco deseable el discurso de las autoridades de asociar la migración al crimen.

¿Cómo se soluciona un problema tan complejo como este?

Hay distintas aristas. Primero, la solución pasa por el diálogo político diplomático internacional para abordar el origen de esta migración. Y ese es un aspecto relevante de conversación con Perú, Argentina, Colombia, Ecuador.

Porque muchos de los países de Sudamérica hemos recibido una migración muy fuerte de Venezuela y se requiere de un diálogo político para coordinar acciones, gestionar ayuda humanitaria en conjunto y establecer medidas concretas. Por ejemplo, el caso de Colombia que creó un estatuto especial para los venezolanos, para 1.700.000 venezolanos. Esos son ejemplos que internacionalmente puede ayudar para encontrar una salida pacífica al conflicto.

Y por otra parte, en el área interna, existe la necesidad de conducir este problema desde un punto de vista humanitario, lo cual implica que el nivel central, es decir el Estado de Chile, proporcione recursos para que los gobiernos locales establezcan albergues, generen espacios básicos de subsistencia y controles sanitarios, entre otras cosas. Es decir, establecer un camino que impida que las personas terminen en la calle, que es algo fundamental porque eso es lo que empieza a rozar la convivencia.

Por último, también es importante que Chile ocupe los instrumentos que tiene hoy: reconocer como refugiados a quienes son refugiados. El año pasado Chile reconoció a 7 personas como refugiadas y hubo más de 18 mil venezolanos que solicitaron el refugio.

Diversas personas y organizaciones en Chile han rechazado los hechos de violencia ocurridos en Iquique. ¿Cuál es la sensación que hay en este país al respecto?

Las regiones del norte de Chile viven con la migración desde hace más de 100 años, de una migración constante peruana, boliviana, de República Dominicana, Cuba, Haití y Venezuela, entre otros. Es decir, hemos tenido distintos momentos de migración y te diría que son pocas veces las que uno ve este tipo de reacciones tan violentas.

Y muchas personas han salido a condenar este hecho porque no se sienten parte de esta violencia, incluso las personas que tienen malestar con la situación que se está dando en algunas calles del norte de Chile. La gran mayoría de Chile no comparte la violencia xenofóbica y racista del grupo que quemó las pertenencias de los migrantes.

Muchas personas se sienten avergonzadas y dolidas por esos hechos que ocurrieron en el norte de Chile.

Pero también hay quienes apoyan el discurso antimigrante. ¿Cuán preocupante es lo que sucedió en Iquique este fin de semana y cómo refleja esta polarización?

Tenemos que preocuparnos ante estas señales porque, aunque son escasas, significan que algo no estamos haciendo bien.

No podemos desconocer la importancia de estos hechos que dañan no solo la imagen de Chile sino que nos dañan como sociedad. Esta idea de que es más importante ser chileno que ser de otra nacionalidad nos empieza a deshumanizar.

También requiere de una voluntad grande de las autoridades que han fomentado discursos de criminalización que no han ayudado a este clima.

¿Hay discriminación en Chile contra los migrantes?

Creo que sí. Especialmente cuando se trata de migrantes que son pobres o que tienen una característica distinta a la que tiene el chileno de sí mismo. Ya sea de raza, color de piel o costumbre.

No hemos asimilado bien todavía el hecho de que Chile pertenece a un mundo global, y que la migración es un hecho consumado y que es positivo para las sociedades tenerlo. Aún tenemos muchos prejuicios y tenemos que abrir la mente para convivir con personas que son distintas. Es saber convivir en la diferencia.

Y eso es algo que no solo tiene que trabajar Chile sino muchos otros países… lo que ocurre en Turquía o en España con África, todos los países tienen un desafío importante de trabajar que requiere una visión generosa. Una visión más de mundo.

Y ¿qué países pueden ser un ejemplo en la inclusión de migrantes?

Un país lo hace bien: Alemania. Ha tenido una política de apertura a la migración, con canales concretos de regularización y de inclusión.

Hay países que tienen una costumbre migratoria más asentada y que les permite sortear mejor las dificultades del camino. Porque tampoco es un camino fácil el construir países abiertos a la migración pero se puede lograr en la medida que uno elabora discursos y prácticas para construir la imagen de que Chile no va a dejar de ser Chile por recibir migrantes. Ni es más importante ser chileno que ser persona.

En las últimas semanas hemos visto una fuerte crisis migratoria de haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. Muchos de ellos provienen de Chile y Brasil. ¿Cómo ve esta problemática y cuál es la responsabilidad de Chile en ello?

La reacción que hubo en el estado de Texas, con personas que fueron tratadas como animales por la guardia, refleja otro de los países de la región que vive una situación crítica hace tiempo. Y eso generó una migración importante a distintas partes del continente.

En Chile hubo una respuesta diversa, surgieron varios problemas de inclusión, bastante discriminación. Hubo factores culturales, el idioma generó trabas en el proceso de inclusión y discriminación a la hora de encontrar trabajo o la convivencia en las calles. Y también dificultades en el proceso de regularización. Y todas estas cosas contribuyeron al fracaso.

Fuente: BBC Mundo.

“De continuar con las actuales políticas migratorias se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes”, asegura un comunicado de 24 ONG.

Un diverso grupo de organizaciones sociales en Chile publicó este domingo (26.09.2021) un comunicado emplazando al Gobierno de Sebastián Piñera a cambiar su política migratoria luego de que el 25 de septiembre una marcha antiinmigración en el norte del país terminara en violentos ataques contra la población extranjera.

“De continuar con las actuales políticas migratorias se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia (…) Es urgente un cambio de timón en las políticas del Gobierno”, asegura el comunicado firmado por 24 organizaciones.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Iquique -1.400 kilómetros al norte de Santiago-, cuando un grupo de personas chilenas que participó en una multitudinaria manifestación de marcado tono antiinmigrante quemó carpas, frazadas, juguetes y colchones que eran utilizados por extranjeros que pernoctaban en espacios públicos a la espera de una solución a su situación migratoria.

“Actos como estos atentan contra la construcción de una sociedad humana, acogedora e inclusiva, y pasan a llevar el derecho a una vida digna y segura para todas y todos”, declaran las organizaciones firmantes. Además, en el documento se hace referencia al desalojo policial que la noche del 24 de septiembre tuvo lugar en la Plaza Brasil, espacio ubicado en pleno centro de la ciudad norteña donde se asentaron decenas de familias migrantes venezolanas.

“Durante el desalojo de la ex Plaza Brasil, fuimos testigos de golpes a menores de edad y mujeres embarazadas, sin entregar una posibilidad que albergara a quienes fueron desalojados y agredidos. Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, a velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, señala la publicación.

“Reiteramos nuestro rechazo a las expulsiones de migrantes que han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos”, agrega la fuente.

A la fecha son alrededor de 3.500 personas migrantes -según habitantes- las que se encuentran varadas en las calles de Iquique, gran parte de ellas luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.

La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero -entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos- quedan atrapadas sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles. Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados, lo que supone 40 % de todo 2020.

Fuente: DW.com

Más de 24 organizaciones migrantes, pro migrantes y de la sociedad civil se pronuncian frente a la crisis migratoria en el norte del país, rechazando los hechos de violencia  y llamando al gobierno a asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la migración.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación de Venezolanos de Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes, el Hogar de Cristo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y TECHO, entre otros, rechazan la violencia con la que se ha actuado en el desalojo de la ex Plaza Brasil de Iquique y condenan también los hechos de violencia de la marcha ocurrida este sábado en la ciudad. 

Asimismo, hacen un llamado al Gobierno a establecer una política responsable y con enfoque de Derechos Humanos, para no seguir complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. “Nadie quiere que  se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia frente a las personas migrantes”, dice la declaración.

Las organizaciones hicieron hincapié en que las expulsiones de migrantes impulsadas por el gobierno “han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos” y manifiestan su rechazo a la continuidad de estas. 

De manera urgente, llaman a “un cambio de timón en las políticas del gobierno que sea inclusivo, participativo, humanitario e internacional”, buscando generar un espacio de entendimiento y de diálogo que encauce el fenómeno migratorio.

Adjuntamos Declaración completa.

Este sábado un grupo de personas quemó las carpas que utilizaban los inmigrantes para pernoctar. “El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo”, dijo Felipe González.

El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, calificó este sábado como de “inadmisible humillación” el ataque incendiario contra las pertenencias de un grupo de migrantes este sábado durante una marcha contra la inmigración irregular en Chile.

El suceso tuvo lugar al término de una multitudinaria marcha que convocó alrededor de 5.000 personas en Iquique, cuando un grupo de manifestantes quemó las carpas que eran utilizadas por extranjeros para pernoctar en plazas y playas.

“Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal”, escribió González en Twitter respecto a estos hechos.

“El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo”, continuó.

En declaraciones a Efe, el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, condenó también la violencia de esta marcha “acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario”.

“Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, agregó.

A la fecha, son alrededor de 3.500 migrantes —según algunos vecinos— los que se encuentran varados en las calles de Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.

La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos, quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40% que en todo 2020.

Fuente: CNN Chile.

Carlos Figueroa dijo en CNN Chile que el momento actual en la materia es “muy complejo”, con “un ingreso por pasos no habilitados que no habíamos visto en años”. El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes cuestionó los desalojos de espacios públicos si no existe un lugar donde situar a los extranjeros.

A raíz de la llegada de cientos de migrantes a la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, se vive en la zona lo que muchos han catalogado como una “crisis humanitaria”.

El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Carlos Figueroa, explicó en Noticias Express de CNN Chile que “es un momento muy complejo, que se viene dando desde 2017 con una fuerte movilización humana o forzada de personas que vienen fundamentalmente escapando de Venezuela”.

El cierre de fronteras, asociado a las restricciones sanitarias por el COVID-19, y algunas políticas gubernamentales, “han resultado en un ingreso por pasos no habilitados que no habíamos visto en años, con cifras históricas”, aseguró.

Figueroa criticó que durante esta mañana se realizó un desalojo en la plaza Brasil, en Iquique, donde había muchos migrantes asentados con carpas y sin servicios básicos a disposición: “la solución del desalojo de lugares públicos, sin tener una solución de llegada, finalmente lo que hace es perpetuar un círculo de pobreza y ocupación de lugares públicos sin una solución real”.

En paralelo, el directivo del SJM apuntó a una estrategia en que el foco sea la creación especial de un estatuto humanitario: “los últimos tres años no hemos sido capaces de plantear una solución de esa envergadura, que permita ocupar los instrumentos que tiene hoy Chile, de refugio y de visas específicas“.

Consultado sobre si el país cuenta con la capacidad suficiente para seguir recibiendo más migrantes, Figueroa mencionó que “el 7,5% de la población de Chile es una población migrante y, por lo tanto, claro que tenemos la capacidad, sobre todo si se trata de personas que vienen solicitando refugio o asilo“.

Ante la denuncia de algunos vecinos de Colchane, que han acusado haber sido víctimas de robos por parte de migrantes, aludió a la falta de recursos por parte de la autoridad central y los deficientes instrumentos de política migratoria.

Finalmente, Figueroa argumentó que el conflicto migratorio “es necesario abordarlo como un plan humanitario y no como una respuesta de seguridad”.

Fuente: CNN Chile.