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A raíz de la crisis humanitaria en el norte del país, Waleska Ureta conversó con The Clinic con respecto al rol del Gobierno en esta materia y el discurso que ha tomado frente a la migración. “Esto no es una migración que sea por gusto de las personas, que es turística, ni nada por el estilo. Es una migración forzada”, señala.

Ropas, colchones, incluso coches de guaguas migrantes fueron lanzados a las llamas. Lo ocurrido el pasado viernes, en el marco de la manifestación llamada “No + migrantes” en la ciudad de Iquique, desató una serie de reacciones y críticas de organismos de DD.HH. nacionales e internacionales.

En entrevista con The Clinic, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, se refirió a estos hechos de violencia, la falta de políticas adecuadas frente a la crisis humanitaria y los discursos que influyen en la estigmatización de los migrantes y la xenofobia. Y advierte: lo ocurrido en Iquique era algo que se veía venir.

-Con respecto a la crisis humanitaria que se ha evidenciado en las últimas semanas, ¿era esto algo que se veía venir? ¿Por qué?

-Sí. Esto se veía venir hace un tiempo ya. Tenemos un alto flujo migratorio por las crisis regionales en el año 2016 y 2017 y hoy estamos frente a un flujo que se relaciona con el ingreso por pasos no habilitados por el cierre de fronteras por la crisis sanitaria. La migración no ha cesado. Todo eso hace que la migración se precarice, donde las personas tienen que recorrer de manera muy riesgosa varios países para llegar hasta acá. Y está la situación irregular hoy, lo cual en Chile es finalmente no existir. Si no tienes RUT no puedes acceder a un trabajo formal, a un contrato de arriendo. Por lo tanto, están a merced de estas personas que tienen que ver con la trata, con los abusos. Por ejemplo, si trabajan formalmente en algún lugar, no les pagan el sueldo y la persona queda desprovista de todo tipo de derechos. No pueden optar a contratos de arriendo, están pagando muchísimo dinero por un espacio indigno con hacinamiento. Entonces, es una situación bastante compleja la que estamos viviendo y que radica en las causas de las crisis humanitarias que se están viviendo, sobre todo en Venezuela y Haití, que obviamente hace que las personas tengan que salir en una migración forzada. Esto no es una migración que sea por gusto de las personas, que es turística, ni nada por el estilo. Es una migración forzada, en donde las personas dejan sus vidas, sus casas, los niños los colegios, sus amigos, familiares para poder buscar subsistencia y seguridad en otros lugares. Es una situación bastante urgente la que estamos viviendo hoy. 

-¿Cómo evalúan la acción de las autoridades frente a la crisis y los hechos de violencia más recientes en contra de los migrantes en el norte del país?

-Nosotros hace mucho tiempo, no solamente ahora, venimos diciendo que la política que se ha implementado ha estado basada en la militarización, que no aporta en nada para esta crisis humanitaria. Las expulsiones colectivas, que no solamente para nosotros, sino que para otras organizaciones, los organismos internacionales, la Corte Suprema, son expulsiones ilegales porque son expulsiones colectivas, en donde las personas no han tenido la posibilidad de tener un debido proceso. Son sanciones administrativas, lo que no quiere decir que su proceso se haya revisado de manera individual y que hayan tenido la posibilidad de defenderse. Esas expulsiones colectivas también han llevado a que, frente a la ciudadanía y por toda la puesta en escena mediática también que se ha llevado a cabo con esos procedimientos, se contribuya a la criminalización y estigmatización de las personas migrantes y que se vaya generando un clima de odio y xenofobia que no le aporta en nada al país. Además, las políticas no están orientadas a lo humanitario, para poder acoger la situación que están viviendo estas personas con políticas que se basan en el respeto de los derechos humanos y de atender, finalmente, esta migración forzada, nos llevan a situaciones que tenemos que lamentar, como el desalojo del día viernes, que fueron hecho bastante violentos, donde habían niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. 

-¿Cómo este tipo de respuesta de parte del Gobierno puede influir en una mirada negativa y estigmatizante de la migración?

-Son situaciones en que se va complejizando la convivencia. La cohesión social se ve, de alguna manera, afectada por la falta de política que contribuya a la cohesión, que implique en que esta migración sea más armónica y que está generando estos climas de odiosidad y xenofobia que no queremos volver a vivir. Esperamos que no vuelva a suceder, porque tuvo consecuencias bastante lamentables. Entendemos también, no vamos nunca a justificar los hechos de violencia desde ningún tipo de vista, pero entendemos que cuando no hay políticas idóneas, tanto la población migrante se ve precarizada y vulnerada y también la comunidad local se ve trastocada con esto. 

-¿Qué esperan que se haga de aquí en adelante frente a la crisis? 

-Nosotros creemos que hay puntos que son importantes de considerar para poder resolver este tema. Uno tiene que ver con las relaciones diplomáticas internacionales, donde los países de la región debiesen articularse desde el punto de vista humanitario en cómo acuerdan un plan de trabajo mancomunado que permita enfrentar a nivel regional la crisis que viven algunos países, de manera que esto sea armónico para todos estos países y que, en el fondo, esto pueda hacerse cargo de lo que están viviendo las personas. Lo segundo, tiene que ver con la utilización de los instrumentos jurídicos y diplomáticos que Chile tiene para hacerse cargo de situaciones como esta. Y ahí, nosotros creemos que la Ley de Refugio debiese aplicarse en este contexto. El artículo 42 de la ley plantea que en situaciones como esta, de grupos migratorios, se puede aplicar esta ley que le da la posibilidad a las personas de estar en proceso de análisis de su situación como refugiados y eso les da protección internacional. Lo tercero, tiene que ver con la coordinación que el gobierno central debiese hacer con los gobiernos subnacionales. El Ejecutivo debiera hacer articulación y coordinación con las municipalidades, convocando a otros actores de la sociedad civil como las ONG, la academia, para que juntos podamos resolver estas situaciones, pero tiene que haber una articulación del gobierno central. Todos queremos una migración segura, ordenada y regular, entonces desde ahí es importante que las políticas sean idóneas, si no, vamos a seguir perpetuando el círculo de la irregularidad y la exclusión de las personas migrantes. 

-En ese sentido, ¿la política migratoria actual es suficiente?

-Para esta situación no hay política. A nuestro parecer, la política ha sido la expulsión. El Plan Colchane, para nosotros, es sinónimo de las expulsiones colectivas. Nosotros creemos que no ha habido una real política por parte de la autoridad central frente a esta situación migratoria. Ha habido un abandono de las gobernaciones, desde los municipios, que han tenido que enfrentar de manera atomizada y muy solos esta situación, acompañados por la sociedad civil, pero nosotros como sociedad civil tenemos recursos escasos. Esta es una situación que desborda a cualquier municipio, a cualquier organización. Por eso es importante una articulación a nivel central.

-¿Cómo se puede combatir la xenofobia y avanzar para promover el proceso de inclusión de las y los migrantes en Chile?

–Los procesos de inclusión tienen directa relación con los procesos de regularización de las personas migrantes. Y eso, en la situación que estamos ahora, porque la autorización de visas es muy escasa, el Estado no está otorgando una cantidad de visas o de reconocimientos de refugio que estén a la altura de las situaciones graves que estamos viviendo a nivel regional. Desde ahí, el primer paso es enfrentar esto desde lo humanitario. Y en paralelo, estar mirando cómo con los instrumentos jurídicos Chile puede hacer procesos de regularización para que las personas puedan insertarse en el país, sobre todo para poder trabajar y tener un reconocimiento en el país. 

-Por último, ¿debería pensarse esta problemática como una crisis humanitaria en lugar de una crisis migratoria?

–Es una crisis humanitaria para nosotros. Aquí hay personas que están migrando forzadamente de sus países porque están enfrentando una crisis humanitaria, que tiene que ver con una crisis política, económica, social, de todo tipo. Va vulnerando derechos. No estamos hablando de personas que vienen a buscar una mejora en la calidad de vida, aquí son personas que vienen a poder vivir, subsistir, acá donde sus países de origen no están pudiendo. Es una crisis humanitaria desde ese punto de vista, donde no hay garantía de derechos básicos y fundamentales de las personas.

Fuente: The Clinic

Fue una imagen desoladora y que dio vueltas al mundo.

Colchones, frazadas, ropa, juguetes infantiles e incluso pañales pertenecientes a un grupo de venezolanos fueron quemados este sábado en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, en el marco de una manifestación contra los migrantes.

El ataque, que llevó a que la ONU expresara su preocupación por la “violencia y xenofobia” contra migrantes en el país, generó una fuerte controversia en medio de una delicada situación que viven algunas ciudades chilenas tras el fuerte aumento de extranjeros indocumentados que están llegando a este país sudamericano.

La mayoría de los migrantes arriban de Venezuela o Haití buscando una oportunidad, pero ante la imposibilidad de regularizar su situación, sumado a la falta de trabajo y una fallida inclusión social, terminan viviendo en campamentos improvisados en las calles.

¿Qué está pasando en Chile con los migrantes? ¿Cómo se soluciona un problema tan complejo como este y qué tanto apoyo recibió el ataque de Iquique entre los mismos chilenos?

Para responder estas y otras preguntas, en BBC Mundo hablamos con Carlos Figueroa, director de incidencia y estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización que ha sido clave en la ayuda y el estudio del fenómeno migratorio en Chile.

¿Cuál es su evaluación de lo que sucedió en Iquique este fin de semana?

Lo que sucedió fue la acumulación de un proceso de mala gestión de una migración que viene sucediendo en Chile desde el año 2017 en adelante.

Una migración que es fundamentalmente venezolana, que viene escapando de un conflicto, y que por no llevar adelante una adecuada gestión, ocupando los instrumentos legales que tiene Chile para acoger, se terminan produciendo roces de convivencia que generan malestar en la población.

Eso ha sido amplificado por un discurso poco certero de las autoridades chilenas para referirse a la migración desde un punto de vista criminal y no desde un punto de vista humanitario, lo que ha conducido al odio, a la estigmatización, y a un aumento de una mala convivencia.

Algunas personas que apoyaron la marcha y el discurso antimigrante relacionan a los extranjeros con la delincuencia. Lo mismo sucede en otros países de América Latina. Sin embargo, las cifras contradicen esta afirmación pues, en el caso de Chile, diversos estudios señalan que los migrantes relacionados con la delincuencia no llegan al 3%… ¿Por qué existe esta percepción?

Uno de las grandes respuestas que dio el Estado de Chile a esta ola de migrantes fueron las expulsiones. Y en estas expulsiones se generó un relato de que quienes estaban llegando por pasos no habilitados eran traficantes o violadores o criminales. Eso fue generando una percepción pública que asocia la migración con el crimen. Y eso es absolutamente falso.

Es cierto que hay casos particulares de trata de personas, de tráfico, pero son las menos respecto a la migración que ha llegado. Los datos hablan de un porcentaje muy bajo de personas migrantes que cometen delitos, más bajo incluso que la proporción chilena. No hay ningún dato ni estudio que asocie a los migrantes con la delincuencia en una proporción mayor a la de los chilenos.

Gran parte de las personas que están ingresando a Chile están escapando de un conflicto, buscan ayuda humanitaria. Y esa voz no ha sido escuchada, más bien denegada. Para tener una buena convivencia, es poco deseable el discurso de las autoridades de asociar la migración al crimen.

¿Cómo se soluciona un problema tan complejo como este?

Hay distintas aristas. Primero, la solución pasa por el diálogo político diplomático internacional para abordar el origen de esta migración. Y ese es un aspecto relevante de conversación con Perú, Argentina, Colombia, Ecuador.

Porque muchos de los países de Sudamérica hemos recibido una migración muy fuerte de Venezuela y se requiere de un diálogo político para coordinar acciones, gestionar ayuda humanitaria en conjunto y establecer medidas concretas. Por ejemplo, el caso de Colombia que creó un estatuto especial para los venezolanos, para 1.700.000 venezolanos. Esos son ejemplos que internacionalmente puede ayudar para encontrar una salida pacífica al conflicto.

Y por otra parte, en el área interna, existe la necesidad de conducir este problema desde un punto de vista humanitario, lo cual implica que el nivel central, es decir el Estado de Chile, proporcione recursos para que los gobiernos locales establezcan albergues, generen espacios básicos de subsistencia y controles sanitarios, entre otras cosas. Es decir, establecer un camino que impida que las personas terminen en la calle, que es algo fundamental porque eso es lo que empieza a rozar la convivencia.

Por último, también es importante que Chile ocupe los instrumentos que tiene hoy: reconocer como refugiados a quienes son refugiados. El año pasado Chile reconoció a 7 personas como refugiadas y hubo más de 18 mil venezolanos que solicitaron el refugio.

Diversas personas y organizaciones en Chile han rechazado los hechos de violencia ocurridos en Iquique. ¿Cuál es la sensación que hay en este país al respecto?

Las regiones del norte de Chile viven con la migración desde hace más de 100 años, de una migración constante peruana, boliviana, de República Dominicana, Cuba, Haití y Venezuela, entre otros. Es decir, hemos tenido distintos momentos de migración y te diría que son pocas veces las que uno ve este tipo de reacciones tan violentas.

Y muchas personas han salido a condenar este hecho porque no se sienten parte de esta violencia, incluso las personas que tienen malestar con la situación que se está dando en algunas calles del norte de Chile. La gran mayoría de Chile no comparte la violencia xenofóbica y racista del grupo que quemó las pertenencias de los migrantes.

Muchas personas se sienten avergonzadas y dolidas por esos hechos que ocurrieron en el norte de Chile.

Pero también hay quienes apoyan el discurso antimigrante. ¿Cuán preocupante es lo que sucedió en Iquique este fin de semana y cómo refleja esta polarización?

Tenemos que preocuparnos ante estas señales porque, aunque son escasas, significan que algo no estamos haciendo bien.

No podemos desconocer la importancia de estos hechos que dañan no solo la imagen de Chile sino que nos dañan como sociedad. Esta idea de que es más importante ser chileno que ser de otra nacionalidad nos empieza a deshumanizar.

También requiere de una voluntad grande de las autoridades que han fomentado discursos de criminalización que no han ayudado a este clima.

¿Hay discriminación en Chile contra los migrantes?

Creo que sí. Especialmente cuando se trata de migrantes que son pobres o que tienen una característica distinta a la que tiene el chileno de sí mismo. Ya sea de raza, color de piel o costumbre.

No hemos asimilado bien todavía el hecho de que Chile pertenece a un mundo global, y que la migración es un hecho consumado y que es positivo para las sociedades tenerlo. Aún tenemos muchos prejuicios y tenemos que abrir la mente para convivir con personas que son distintas. Es saber convivir en la diferencia.

Y eso es algo que no solo tiene que trabajar Chile sino muchos otros países… lo que ocurre en Turquía o en España con África, todos los países tienen un desafío importante de trabajar que requiere una visión generosa. Una visión más de mundo.

Y ¿qué países pueden ser un ejemplo en la inclusión de migrantes?

Un país lo hace bien: Alemania. Ha tenido una política de apertura a la migración, con canales concretos de regularización y de inclusión.

Hay países que tienen una costumbre migratoria más asentada y que les permite sortear mejor las dificultades del camino. Porque tampoco es un camino fácil el construir países abiertos a la migración pero se puede lograr en la medida que uno elabora discursos y prácticas para construir la imagen de que Chile no va a dejar de ser Chile por recibir migrantes. Ni es más importante ser chileno que ser persona.

En las últimas semanas hemos visto una fuerte crisis migratoria de haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. Muchos de ellos provienen de Chile y Brasil. ¿Cómo ve esta problemática y cuál es la responsabilidad de Chile en ello?

La reacción que hubo en el estado de Texas, con personas que fueron tratadas como animales por la guardia, refleja otro de los países de la región que vive una situación crítica hace tiempo. Y eso generó una migración importante a distintas partes del continente.

En Chile hubo una respuesta diversa, surgieron varios problemas de inclusión, bastante discriminación. Hubo factores culturales, el idioma generó trabas en el proceso de inclusión y discriminación a la hora de encontrar trabajo o la convivencia en las calles. Y también dificultades en el proceso de regularización. Y todas estas cosas contribuyeron al fracaso.

Fuente: BBC Mundo.

“De continuar con las actuales políticas migratorias se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes”, asegura un comunicado de 24 ONG.

Un diverso grupo de organizaciones sociales en Chile publicó este domingo (26.09.2021) un comunicado emplazando al Gobierno de Sebastián Piñera a cambiar su política migratoria luego de que el 25 de septiembre una marcha antiinmigración en el norte del país terminara en violentos ataques contra la población extranjera.

“De continuar con las actuales políticas migratorias se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia (…) Es urgente un cambio de timón en las políticas del Gobierno”, asegura el comunicado firmado por 24 organizaciones.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Iquique -1.400 kilómetros al norte de Santiago-, cuando un grupo de personas chilenas que participó en una multitudinaria manifestación de marcado tono antiinmigrante quemó carpas, frazadas, juguetes y colchones que eran utilizados por extranjeros que pernoctaban en espacios públicos a la espera de una solución a su situación migratoria.

“Actos como estos atentan contra la construcción de una sociedad humana, acogedora e inclusiva, y pasan a llevar el derecho a una vida digna y segura para todas y todos”, declaran las organizaciones firmantes. Además, en el documento se hace referencia al desalojo policial que la noche del 24 de septiembre tuvo lugar en la Plaza Brasil, espacio ubicado en pleno centro de la ciudad norteña donde se asentaron decenas de familias migrantes venezolanas.

“Durante el desalojo de la ex Plaza Brasil, fuimos testigos de golpes a menores de edad y mujeres embarazadas, sin entregar una posibilidad que albergara a quienes fueron desalojados y agredidos. Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, a velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, señala la publicación.

“Reiteramos nuestro rechazo a las expulsiones de migrantes que han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos”, agrega la fuente.

A la fecha son alrededor de 3.500 personas migrantes -según habitantes- las que se encuentran varadas en las calles de Iquique, gran parte de ellas luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.

La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero -entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos- quedan atrapadas sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles. Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados, lo que supone 40 % de todo 2020.

Fuente: DW.com

Más de 24 organizaciones migrantes, pro migrantes y de la sociedad civil se pronuncian frente a la crisis migratoria en el norte del país, rechazando los hechos de violencia  y llamando al gobierno a asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la migración.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación de Venezolanos de Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes, el Hogar de Cristo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y TECHO, entre otros, rechazan la violencia con la que se ha actuado en el desalojo de la ex Plaza Brasil de Iquique y condenan también los hechos de violencia de la marcha ocurrida este sábado en la ciudad. 

Asimismo, hacen un llamado al Gobierno a establecer una política responsable y con enfoque de Derechos Humanos, para no seguir complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. “Nadie quiere que  se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia frente a las personas migrantes”, dice la declaración.

Las organizaciones hicieron hincapié en que las expulsiones de migrantes impulsadas por el gobierno “han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos” y manifiestan su rechazo a la continuidad de estas. 

De manera urgente, llaman a “un cambio de timón en las políticas del gobierno que sea inclusivo, participativo, humanitario e internacional”, buscando generar un espacio de entendimiento y de diálogo que encauce el fenómeno migratorio.

Adjuntamos Declaración completa.

Este sábado un grupo de personas quemó las carpas que utilizaban los inmigrantes para pernoctar. “El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo”, dijo Felipe González.

El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, calificó este sábado como de “inadmisible humillación” el ataque incendiario contra las pertenencias de un grupo de migrantes este sábado durante una marcha contra la inmigración irregular en Chile.

El suceso tuvo lugar al término de una multitudinaria marcha que convocó alrededor de 5.000 personas en Iquique, cuando un grupo de manifestantes quemó las carpas que eran utilizadas por extranjeros para pernoctar en plazas y playas.

“Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal”, escribió González en Twitter respecto a estos hechos.

“El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo”, continuó.

En declaraciones a Efe, el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, condenó también la violencia de esta marcha “acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario”.

“Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, agregó.

A la fecha, son alrededor de 3.500 migrantes —según algunos vecinos— los que se encuentran varados en las calles de Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.

La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos, quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40% que en todo 2020.

Fuente: CNN Chile.

Carlos Figueroa dijo en CNN Chile que el momento actual en la materia es “muy complejo”, con “un ingreso por pasos no habilitados que no habíamos visto en años”. El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes cuestionó los desalojos de espacios públicos si no existe un lugar donde situar a los extranjeros.

A raíz de la llegada de cientos de migrantes a la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, se vive en la zona lo que muchos han catalogado como una “crisis humanitaria”.

El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Carlos Figueroa, explicó en Noticias Express de CNN Chile que “es un momento muy complejo, que se viene dando desde 2017 con una fuerte movilización humana o forzada de personas que vienen fundamentalmente escapando de Venezuela”.

El cierre de fronteras, asociado a las restricciones sanitarias por el COVID-19, y algunas políticas gubernamentales, “han resultado en un ingreso por pasos no habilitados que no habíamos visto en años, con cifras históricas”, aseguró.

Figueroa criticó que durante esta mañana se realizó un desalojo en la plaza Brasil, en Iquique, donde había muchos migrantes asentados con carpas y sin servicios básicos a disposición: “la solución del desalojo de lugares públicos, sin tener una solución de llegada, finalmente lo que hace es perpetuar un círculo de pobreza y ocupación de lugares públicos sin una solución real”.

En paralelo, el directivo del SJM apuntó a una estrategia en que el foco sea la creación especial de un estatuto humanitario: “los últimos tres años no hemos sido capaces de plantear una solución de esa envergadura, que permita ocupar los instrumentos que tiene hoy Chile, de refugio y de visas específicas“.

Consultado sobre si el país cuenta con la capacidad suficiente para seguir recibiendo más migrantes, Figueroa mencionó que “el 7,5% de la población de Chile es una población migrante y, por lo tanto, claro que tenemos la capacidad, sobre todo si se trata de personas que vienen solicitando refugio o asilo“.

Ante la denuncia de algunos vecinos de Colchane, que han acusado haber sido víctimas de robos por parte de migrantes, aludió a la falta de recursos por parte de la autoridad central y los deficientes instrumentos de política migratoria.

Finalmente, Figueroa argumentó que el conflicto migratorio “es necesario abordarlo como un plan humanitario y no como una respuesta de seguridad”.

Fuente: CNN Chile.

“Necesito escapar de Chile. Eso es lo único que me importa”. 

Es mediodía del viernes 17 de septiembre. Faltan pocas horas para que Pierre Cenatus tome el autobús que lo llevará desde la ciudad de Santiago a Iquique, al norte de Chile. 

Desde allí, pretende trasladarse hasta la frontera con Perú y salir ilegalmente. 

¿Su destino final? No lo sabe. Pero idealmente Estados Unidos o cualquier otro país donde pueda obtener un permiso de residencia. 

El haitiano de 28 años lleva sus últimos 7 viviendo en Chile. Llegó en 2014, huyendo de su natal Haití, sumida en una profunda crisis tras el terremoto de 2010, y buscando un sueño: conseguir trabajo, justicia y un hogar donde formar una familia.

El mismo sueño lo compartían miles de otros haitianos que por esos años hicieron lo mismo y que fueron parte de la fuerte ola migratoria que llegó a este país sudamericano. 

Solo desde 2010 hasta 2017, el ingreso de haitianos a Chile aumentó de apenas 988 personas al año a 110.166, según cifras recopiladas por el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) con información de la Policía de Investigaciones (PDI).

La presencia de los caribeños le cambió el look a las ciudades chilenas más importantes, donde -para extrañeza de muchos- se podía ver gente negra (y hablando otro idioma) caminando por sus calles. 

Pierre Cenatus consiguió trabajo en la construcción. Para ganar algunos pesos extras, también se dedicaba a vender dulces en la noche en el comercio ambulante. En total, lograba juntar unos 400.000 pesos mensuales (US$510).

Y, aunque al comienzo la situación pintaba para bien, el “sueño chileno” comenzó a derrumbarse de a poco hasta que en 2018 no logró renovar su permiso de residencia. Esto, sumado a la pandemia y a las escasas opciones laborales, hicieron que su situación se volviera insostenible. 

Y hoy está dispuesto a todo con tal de salir de allí.

Así, con un grupo de 24 haitianos (y 2.150 dólares en el bolsillo) emprendió un viaje lleno de incertidumbres.

“Sé de los peligros que hay en el camino pero estoy dispuesto a arriesgarme porque aquí también vivo con miedo constante. Es lo mismo”, afirma a BBC Mundo. 

“Necesito cambiar, buscar un futuro mejor, un lugar más seguro. Quiero trabajar, casarme y tener hijos pero acá no tengo seguridad”, agrega. 

Más salidas que entradas

Así como Pierre Cenatus fue uno más de los miles de haitianos que llegaron a Chile en la última década, hoy tampoco es el único que quiere salir de esta nación. 

Es, de hecho, parte de una tendencia que viene dándose desde 2019, cuando por primera vez desde 2010 se registraron más salidas de haitianos que entradas: 10.478 versus 7.515.

Desde entonces, y hasta la fecha, la situación no ha cambiado. De acuerdo con el gobierno de Chile, en lo que va de este año, ya han salido más de 3.500haitianos.

Algunas organizaciones de ayuda de migrantes dicen que esas cifras incluso pueden estar subvaloradas pues no tienen en cuenta a quienes salen por pasos irregulares. Algo que, debido al cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus (y a que muchos tienen una situación migratoria irregular), ha aumentado considerablemente. 

Pero ¿qué lleva a los haitianos a tomar la decisión de abandonar Chile y emprender un viaje que muchas veces es costoso, agotador y, por si fuera poco, peligroso? 

El “sueño americano”

En los últimos días se han visto dramáticas imágenes de unos 13 mil migrantes haitianos varados en un precario e improvisado campamento bajo un puente que conecta la ciudad de Del Río, en Texas, con Ciudad Acuña, en México.

A la espera de que sus peticiones sean procesadas por las autoridades estadounidenses, muchos han terminado sufriendo persecuciones de la Patrulla Fronteriza. 

Pero para sorpresa de muchos, la mayoría de estos ciudadanos no viene directamente de Haití, sino de Chile y Brasil. Así lo confirmó este miércoles el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Y es que la falta de oportunidades, sumado a los problemas para conseguir un estatus legal en estos países latinoamericanos, han generado que los haitianos vuelvan a mirar a Estados Unidos como un lugar de oportunidades.

Aún más: con el cambio de gobierno de Donald Trump a Joe Biden -y, con ello, la flexibilización de sus políticas migratorias- muchos ciudadanos caribeños han decidido emprender largos viajes desde estos países hasta EE.UU. 

“Hemos detectado que muchos de los haitianos (que salen de Chile) quieren buscar oportunidades en América del Norte. Y eso tiene que ver con la nueva política que adoptó el presidente Biden, quien dio señales de que iban a ser abiertos a recibir migración y eso ha significado un flujo importante”, dice a BBC Mundo el subsecretario del Interior del gobierno de Chile, Juan Francisco Galli. 

Por su parte, la directora de la organización Servicio Jesuita a Migrantes (que ha trabajado de cerca con los haitianos en Chile durante estos últimos años), Waleska Ureta, afirma que la migración a Estados Unidos tiene un “arraigo cultural”.

“Estados Unidos es una referencia para ellos, es el sueño americano, por la cercanía, el desarrollo económico. Desde chicos que les inculcan que allá hay una posibilidad de proyecto de vida, de trabajo”, dice a BBC Mundo. 

“Y ahora con Biden se cree que se abre una nueva posibilidad de trabajo, de poder ir a hacer vida a ese país donde históricamente ha sido un referente, con grandes colonias de haitianos”, agrega.

Problemas con la regularización

Pero más allá del “sueño americano”, lo cierto es que los haitianos enfrentan dificultades importantes en Chile que también los lleva a querer salir de ahí. 

Uno de ellos (quizás el más importante) es la dificultad para regularizar su situación migratoria.

Con el objetivo de “ordenar la casa”, el presidente Sebastián Piñera promulgó una nueva ley de migraciones que comenzó a regir en Chile el 20 de abril pasado. 

Entre otras cosas, bajo esta legislación se les permite regularizar sus papeles a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia.

Para ello, cuentan con un plazo máximo de 180 días (el que se vence el próximo 17 de octubre). El problema es que entre los requisitos que se piden hay una serie de papeleos que, a juicio de los propios haitianos, son imposibles de adquirir. Por ejemplo, el certificado de antecedentes de Haití. 

• ¿El fin del “sueño chileno”?: los migrantes que luchan por permanecer en un país que les cierra las puertas

“Yo no tengo cómo conseguir el certificado de antecedentes de Haití porque no estoy allá entonces es imposible. Llevo 7 años acá y no entiendo por qué me piden esos papeles si no he vuelto a Haití… No hay una voluntad de ayudarnos. De las 50 personas que trabajaban conmigo, todas se fueron por eso”, cuenta Pierre Cenatus. 

“Tenemos miedo porque pensamos que nos van a querer deportar después del 17 de octubre. Toda la comunidad habla de eso… Así que no vamos a esperar, mejor nos vamos todos antes“, agrega. 

El no tener los papeles al día genera una serie de adversidades para estas personas.

“Si alguien está irregular en Chile no puede acceder a trabajos formales, a arriendos formales, lo que abre un abanico de abusos”, dice Waleska Ureta. 

La misma opinión tiene William Perre, vocero de la comunidad haitiana en Chile. 

“Si el extranjero no tiene carnet de identidad, no le dan trabajo. Se ve obligado a trabajar de manera irregular y ahí empiezan los engaños”, explica a BBC Mundo. 

A esto se suma que en 2018 Chile decidió establecer un visto consular a todos los haitianos que quisieran ingresar al país. 

Pero debido a la precaria situación de Haití, con una inestabilidad política y económica que solo ha ido en aumento, la migración no se frenó completamente y muchos decidieron continuar yendo a Chile de manera irregular y sin posibilidad de restablecer su situación migratoria. 

El subsecretario Galli, sin embargo, asegura que miles de haitianos han podido acceder efectivamente a permisos de residencia. 

“Nosotros hemos llevado a cabo dos procesos de regularización extraordinaria. A fines del 2020, de los más de 180 mil ciudadanos haitianos, que representaban un 13% de la población migrante de nuestro país, casi 70 mil residen en Chile con permanencia definitiva, es decir, están de forma regular”, dice. 

“No creo que el origen de las dificultades esté ahí”, agrega.

No obstante lo anterior, Galli advierte que quienes “no pueden cumplir la ley porque no cumplen con los requisitos, como que no tengan sus antecedentes penales, naturalmente no han podido ni podrán regularizarse”. 

“Y si no pueden regularizar su situación, van a tener que salir de Chile”, añade. 

Fallida inclusión

Otro de los factores importantes que ha determinado la salida de los haitianos de Chile tiene que ver con la inclusión. 

Debido a la barrera idiomática y cultural, entre otras cosas, esta comunidad ha enfrentado graves problemas a la hora de incorporarse a la vida de los chilenos. 

“Según nuestra data y los testimonios de personas que atendemos, creemos que hay una fallida inclusión social de las personas haitianas en Chile. Y esto tiene que ver en parte con el racismo, con la discriminación. Hay discriminación laboral e institucional”, dice Waleska Ureta. 

“No hay una comprensión de la cultura haitiana en términos de la crianza, de sus prácticas culturales y eso va mermando su inclusión en el sistema”, agrega. 

El haitiano residente en Chile, Djimy Delice, coincide con Ureta. 

“En Chile se ha dado el fenómeno del anti-haitianismo. Y esto se debe a distintas razones, los mismos haitianos que no manejan el idioma, y un país que se cree más blanco y más limpio que los migrantes”, dice a BBC Mundo.

Delice es coordinador de la comunidad haitiana en la quinta región y conoce de primera mano a muchos de sus compatriotas que han decidido salir del país. 

“El haitiano en Chile es un sujeto indeseado. Y eso se puede ver en lo grueso de la política pública… porque se piensa en el haitiano como una carga”, dice. 

Para el sociólogo y experto en migraciones, Luis Eduardo Thayer, la fallida inclusión les afecta principalmente en la incapacidad de conseguir trabajo. 

“La situación del mercado laboral es muy difícil y para las personas de Haití, el no tener recursos en el corto plazo para pagar la inversión que hicieron para venir y mandar recursos a su país, es muy complicado. Están en una situación de necesidad urgente. Y por eso también deciden irse a otros lados”, señala a BBC Mundo. 

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que en Chile también se han establecido importantes y extensos programas de ayudas para con esta comunidad. 

En algunos municipios, por ejemplo, se imparten clases de español de forma gratuita para ellos. 

La chilena Pía Montenegroles enseñó a los haitianos español durante casi un año y estuvo vinculada a organizaciones de ayuda. 

“¿Ha habido ayuda? Sí. Pero nunca va a ser suficiente, más aún para un pueblo como el haitiano, que viene con muchas falencias de distinto tipo”, dice a BBC Mundo. 

“A ellos les cuesta más que a cualquier otro grupo migratorio al no manejar el idioma. Entonces en organismos como el Registro Civil o el Departamento de Extranjería y Migración contrataron personas que hablaban creole para guiarlos en la tramitación de sus papeles”, explica. 

Altas expectativas y pandemia

Para Pía Montenegro otro de los grandes problemas tiene que ver con las altas expectativas con las que los haitianos llegaron a Chile. 

“Es lo mismo que le pasa a la gente del sueño americano, que creen que su vida va a cambiar pero resulta que tienen que trabajar el doble, limpiar pisos, hacer el trabajo duro para quizás salir adelante en unos años más”, dice. 

“Ellos pensaban que iban a llegar acá y que se iban a volver millonarios. Pero incluso así, con todos los problemas, muchos me decían que estaban mejor acá que allá (en Haití)”, agrega. 

Esas altas expectativas se complicaron aún más después del estallido social de octubre de 2019 en Chile y con la pandemia de coronavirus.

“Las principales fuentes de empleo disponibles para estos ciudadanos, algunas de ellas informales, se acabaron”, dice el subsecretario Galli. 

Pierre Cenatus vivió esta dificultad en carne propia. 

“Nunca más pude salir a la calle a vender. Fue muy difícil… otros compañeros me ayudaron con comida porque como no tenía documentos, no pude tener ayuda social”, dice.

“No hay vuelta atrás”

Tras una semana viajando, Pierre Cenatus ya está en Colombia. 

Pronto se adentrará en el peligroso tapón de Darién, la selva fronteriza de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá que muchos migrantes atraviesan bajo la extorsión de coyotes y grupos paramilitares que controlan la zona.

Dice que no sabe si podrá seguir respondiendo mis mensajes. Que es probable que le roben su teléfono. 

Cuando me despido, se le quiebra la voz. 

“No tengo miedo”, me dice entonces, con evidente angustia. 

“Volver a Chile o Haití son infiernos para mí. Prefiero morir en el camino”.

Fotos: GETTY IMAGES / BBC News Mundo

Fuente: BBC News Mundo

El objetivo principal será recuperar los espacios públicos en la ciudad de Iquique.

Tras la reunión que sostuvo el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, donde la primera autoridad regional solicitó hacerse cargo de la coordinación con las organizaciones de migrantes, el pasado martes comenzó a funcionar la mesa de trabajo para recuperar los espacios públicos y abordar la crisis migratoria que afecta a las vecinas y vecinos de Iquique. 

La mesa, encabezada por el Gobierno Regional, está integrada por la Delegación Presidencial Regional, el municipio de Iquique, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (ONU – OIM), el Programa Refugio de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), el Instituto Nacional de Derechos Humanos Tarapacá (INDH), la Agencia ONU para Refugiados (ACNUR), World Vision (la Asociación Internacional de Cristianos), el Hogar de Cristo, la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Tarapacá, entre otras organizaciones. 

‘El 26 de agosto le entregué todos los antecedentes al Presidente Piñera acerca de la grave situación que ocurre en nuestra región y la urgencia de que el gobierno interviniera en terreno. El 1° de septiembre viajó el ministro de Defensa y el subsecretario del Interior y estuvieron en la frontera en Colchane. Este 14 de septiembre y luego de solicitarle al gobierno de Chile que permitiera al gobierno regional colaborar, a pesar de no tener las competencias, finalmente estamos reunidos con organizaciones del más alto nivel para hacernos parte de un problema que lleva meses sin avance y que hoy dio luces de que podemos recuperar nuestros espacios públicos’, explicó el Gobernador Carvajal.

TRABAJO 

La autoridad agregó que se establecieron cuatro puntos de trabajo: La recuperación del espacio público y la relocalización temporal de los ciudadanos migrantes mientras se define su destino final; Crear un sistema integrado de apoyo para definir una estrategia regional ante un nuevo flujo migratorio; Levantar una campaña comunicacional que llame a evitar los discursos xenófobos o de violencia en la población regional y en los medios de comunicación; y Generar investigaciones, junto a las universidades, sobre la caracterización de esta nueva población migrante que se integra a la región. 

‘Hemos ofrecido a las organizaciones e instituciones que hoy nos acompañaron, el lugar físico para trabajar, para que nos orienten sobre la mejor estrategia a seguir, pues son ellos quienes han estado día a día con los migrantes y son los indicados para establecer la forma y el lugar para proceder en la recuperación de nuestros espacios públicos’, puntualizó Carvajal.

DATOS 

Víctor Flores, encargado de la zona norte de la OIM, señaló que ‘esta es una iniciativa ejemplar, que las máximas autoridades de la región hayan convocado y, liderados por el gobernador regional, a distintas organizaciones internacionales y de la sociedad civil, para abordar un desafío inédito desde el punto de vista de los flujos migratorios. Este es el camino adecuado para abordar una situación de carácter multidimensional, no solo en beneficio de las personas refugiadas y migrantes, sino también de la comunidad de acogida, en particular de Iquique’. 

Según los datos de la última Encuesta de Migración Venezolana de la OIM (marzo 2021), del 100% de ingresos, solo un 18% se queda en Iquique, en contraste al 61% que tiene a Santiago como destino final. Por otra parte, un 5% recae en Puerto Montt y un 3%, a Antofagasta. Estos datos indican que el problema no es solamente de la región de Tarapacá, sino más bien, un asunto país.

Foto: El Longuino.
Fuente: El Longuino. De Alto Hospicio.

El Proyecto de intervención comunitaria desde la perspectiva de la niñez, “Protagonistas sin Fronteras” realizó recientemente una actividad bautizada como “Mi país”. En la instancia las niñas y niños participantes crearon un collage en el que pudieron plasmar los derechos y características que tendría su país ideal, espacio al que además le dieron nombres como Mundo Mágico o el País del Respeto y la Educación.

Como insumo para la actividad se llevó a cabo una presentación previa que incluyó las consignas de la Convención de derechos de niños y niñas promovida por UNICEF y adaptada en una lámina por Defensoría de la Niñez; además, a través de una narración, se buscó estimular la imaginación y con ello, la interiorización de los conceptos presentados y, a partir de esto, la creación de los países de ensueño.

Contamos con la asistencia presencial a este encuentro de un total de 15 niñas y niños, quienes se reunieron en el Centro Comunitario Ignacio Vergara en la comuna de Estación Central.

“Buscamos sensibilizar con respecto a los derechos del niño y la niña y sus cuatro principios rectores, asimismo visibilizar las creaciones de niñas y niños del proyecto, las que -a nuestro juicio- reflejan de muy buena forma sus opiniones frente a sus derechos y los elementos importantes que debieran estar presentes en una nación”, explicó Alma Garrido, profesional voluntaria.

A su turno Edén Román, Responsable de Intervención Familiar en el Servicio Jesuita a Migrantes, subrayó que “quisimos destacar igualmente el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, porque la actividad se basó en ese principio en que las voces de niñas y niños cuentan, para soñar juntos y juntas el país que queremos.

Protagonistas sin Fronteras busca promover el liderazgo colaborativo y la convivencia intercultural como parte fundamental del desarrollo integral de los niños y niñas. Esta iniciativa del Servicio Jesuita a Migrantes y América Solidaria, incluye este año a 40 niños y niñas de entre 6 y 12 años y sus familias.

Por primera vez en años las cifras de migrantes que han salido del país supera a las de ingreso, y son los haitianos los que lideran ese desplazamiento en busca del ‘sueño americano’. La historia de Shella Jean y su esposo, es un reflejo de este fenómeno. Presionados por la falta de inclusión social, recrudecida por las nuevas exigencias de regulación migratoria, emprendieron un viaje de Rengo a Tapachula, México, donde permanecen atascados a la espera de continuar su periplo hacia Estados Unidos. En el trayecto, superaron semanas de viaje en bus, cruces por pasos no habilitados, y la caminata por la selva del Darién, uno de los lugares más peligrosos del continente. ‘Vimos cadáveres de personas heridas que no pudieron seguir’, dice Shella, todavía choqueada por una experiencia que espera valga la pena.

Conocí a Shella Jean en Puerto Príncipe, Haití, en julio del 2017. La primera vez que la vi estaba parada junto a una bencinera bajo un sol abrasador y ruido de bocinas. Recuerdo su cara: los ojos achinados, los labios gruesos y las cejas finas como dos hebras de hilo. Shellame llevó hasta su casa. Subimos una calle empinada y de piedras, hasta que llegamos a una habitación de cemento, que por el día era comedor y por la noche el dormitorio donde dormía junto a su madre, una prima y el sobrino que debía traer a Chile para reunirlo con sus padres. Esto último era la misión que le encomendaron sus familiares, pero también su deseo de comenzar una vida nueva, lejos de la miseria y las escasas oportunidades.

Ese año, Shella Jean fue uno de los 105 mil haitianos que ingresaron al país, según datos de la PDI. El año en que más inmigrantes de la isla vinieron a Chile, en una especie de fiebre estimulada, en parte, por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump, y que puso freno al principal destino migratorio de los haitianos; y también por el rumor del ‘sueño chileno’, extendido por la primera oleada de haitianos llegados a Chile tras el terremoto de Haití del año 2010, y por el furor de prestamistas y agencias de viaje que se reprodujeron como callampas ofreciendo viajes, e incluso parte de la documentación necesaria, para ingresar al país como turistas. La mayoría de esos vuelos eran realizados por la cuestionada aerolínea Latin American Wings (LAW), extinta en 2018, tras una serie de acusaciones sobre escándalos administrativos y clientes estafados.

A un viejo Boeing de esa aerolínea subimos con Shella esa tarde de julio en Puerto Príncipe. Al llegar, su sobrino se encontró con sus padres, que llevaban algunos meses en Chile y se fundieron en un abrazo. Desde entonces, con Shella mantuvimos contacto esporádico por WhatsApp. Así supe que a las pocas semanas de llegar, buscó su propio destino y se fue a Talca con una amiga. Hace algunas semanas hablamos otra vez. Le pregunté si conocía algún compatriota suyo con intenciones de migrar de Chile a Estados Unidos, alertado por el creciente flujo de haitianos detectado en pasos no habilitados del norte, en tránsito a Perú y Bolivia, pero con un destino común: el del ‘sueño americano’.

Varios organismos y gobiernos han hecho eco del fenómeno. No sólo en Chile, donde la Subsecretaría de Interior ya da cuenta de un aumento de un 81 por ciento de haitianos que han abandonado el país por pasos habilitados. Sino también en ONG preocupadas por la peligrosidad de la ruta, que expone a hombres, mujeres y niños a largos tramos en bus, falta de comida, y a una caminata de seis días por la frontera que separa Colombia de Panamá conocida como el Tapón del Darién: 108 kilómetros de selva donde los migrantes deben abrirse paso entre vegetación, animales salvajes y bandas de criminales.

Shella vio el mensaje. No demoró en contestar:

-Yo, amigo -me respondió-. No estoy en Chile. Llegué a México ahora. Voy a Estados Unidos.

Un sueño por otro
Shella Jean tiene 33 años y está en Tapachula junto a su marido, un ex trabajador de Agrosuper llamado Herby Charles, de 25, y su hija que acaba de cumplir un año.

Tapachula es la primera ciudad de ingreso para los migrantes a México, en la frontera con Guatemala. El Instituto Nacional de Migración (INAMI) de ese país ya cifra en 147 mil los indocumentados atascados en ese lugar, de los cuales 18.883 haitianos han ingresado solicitudes de asilo humanitario a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), convirtiéndose en la segunda comunidad más numerosa, superada solo por la hondureña. Conseguir el carnet de refugiados es la única manera de moverse libremente y avanzar hacia la frontera con Estados Unidos, sin ser deportados a Guatemala.

Shella y su familia aún no logran ingresar la solicitud. Cuenta que llevan algunos días viviendo en una habitación vacía donde sus únicas pertenencias son una almohada y la frazada que ponen en el suelo para dormir. Desde ahí reconstruye su vida en Chile y las razones de su salida. Dice que en la misma empresa agrícola de packing donde trabajaba en Talca, conoció a un hombre llamado Samuel. Shella dice que se enamoró de Samuel y que cuando este le propuso irse con él a Rosario, una localidad cercana a la comuna de Rengo, en la sexta región, aceptó a ojos cerrados. Sin embargo, la relación se hundió rápidamente tras una serie de episodios de maltrato psicológico. Shella cuenta que Samuel no la dejaba trabajar y la mantenía en una habitación dedicada a las labores domésticas. La única razón por la que no la golpeaba, dice Shella, era por el miedo que su pareja le tenía a carabineros. De un día para otro y sin aviso, Samuel la abandonó.

-En el invierno me dejó sola -cuenta Shella-. Nunca más volvió. Ahí empezó mi dolor, porque llegó un momento en que no podía pagar mi arriendo, y no podía comer porque cuando empieza el frío en Rosario no hay mucho trabajo en el campo. Solo tenía un poco de plata que guardé para mandarle a mi mamá y tuve que gastarla en comida.

La comunidad la ayudó a mantenerse, mientras realizaba trabajos pequeños con los que pagaba la habitación. Hasta que llegó Herby Charles, un haitiano de ojos grandes, sonrisa desplegada y dientes separados, que venía de Santiago en busca de trabajo. Herby arrendó una habitación en la misma casa donde vivía Shella. Ahí se conocieron. Ahí se enamoraron. Con cinco meses de embarazo, Shella y Herby se casaron en abril del 2020 en el registro civil de Rengo, donde vivían desde el 2019, en una casa compartida pero más grande. Herby Charles trabajaba como aseador industrial en Agrosuper. Según Shella, si se esforzaba con las horas extras, el sueldo de su marido rondaba los 600 mil pesos mensuales. La pandemia, asegura Shella, no los afectó económicamente: Herby siguió trabajando con un permiso único colectivo.

Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudio del Servicio Jesuita a Migrantes cree que es importante desterrar esta creencia: que la mayoría de los haitianos se han ido de Chile exclusivamente por la crisis económica provocada por el coronavirus.

-Esta migración a Estados Unidos se viene dando de antes de la pandemia -dice Carlos Figueroa-. Por supuesto, no es lo mismo ser un migrante que un chileno en un contexto en el que hay ayudas sociales a las que no pueden acceder. Pero este fenómeno que hemos podido detectar responde a causas multifactoriales. Primero, la promesa del ‘sueño americano’ se vive mucho en Haití, que queda muy cerca de Estados Unidos, así que por ese lado no es raro que ahora se lo planteen, esperando que la administración de Joe Biden sea más afín a la migración que la de Donald Trump. Segundo, por la desesperanza de algunas personas que vieron en Chile frustradas sus expectativas y su proceso de inclusión, en parte por el racismo en Chile, pero también por la dificultad en el acceso a derechos.

Herby Charles toma el teléfono de Shella en la habitación en Tapachula. Cuenta que la travesía de emigrar a Estados Unidos comenzó cuando varios de sus amigos y haitianos emprendieron ese viaje. Él mismo tiene a su hermana, un sobrino y a un primo viviendo en Florida luego de migrar desde Brasil. Ellos le dijeron que lo recibirían si se animaban a viajar. Herby dice que la decisión la tomaron en mayo de este año luego de sopesar un tema clave: la regularización migratoria 2021 exigida por el Gobierno de Chile a todos los migrantes que ingresaron por pasos habilitados antes de marzo del 2020 y que se encuentren en calidad de irregular. Una de las exigencias para cumplir con esa regulación es contar con un certificado de antecedentes. Carlos Figueroa, del SJM explica lo que significa ese requerimiento para los ciudadanos haitianos.

-Si yo como chileno quiero ir a Estados Unidos, me piden un papel de antecedentes penales y me meto al sitio del Registro Civil y lo descargo gratuitamente -dice Carlos para ejemplificar-. Pero en Haití para obtener el mismo certificado se tiene que iniciar un proceso judicial de manera presencial. Para hacerlo desde acá tengo que mandar un poder, y para mandar ese poder tengo que tener plata y contar con la voluntad de otra persona que vaya por mí a iniciar este trámite, que, además, demora tiempo. Eso genera una sensación de frustración, porque los deja en una situación de irregularidad que no tienen otros países.

-Muchos haitianos nunca estuvieron bien en Chile -dice Herby Charles desde Tapachula-. Muchos no encontraron un buen trabajo y vivían mal. Mi problema era no poder tener papel de residencia. Estuve 4 años sin papel, imagínate. Sin papel no puedes proyectar una familia, aunque trabajaras como yo lo hacía. En Estados Unidos tampoco es fácil, lo sé, pero al menos se gana más plata.

En junio de este año Herby Charles renunció a su trabajo. Cuenta que su jefe lo miró extrañado. Le preguntó si era por un problema de dinero. Que si era eso podía subirle el sueldo. Pero Herby le mintió: le dijo que no. Que tenía que irse urgente a Haití para ver a su madre.

-Mi jefe estaba mal, porque todos los haitianos se fueron del trabajo -dice Herby Charles-. Se fueron para ir a Estados Unidos.

El viaje lo prepararon rápidamente. Shella Jean soñaba de pequeña con este momento: emprender rumbo al país de las oportunidades. El verdadero, a su juicio. Entonces Herby tomó lo ahorrado en el último año, compraron pasajes de avión hasta Arica, bolsos y una carpa. En la casa donde vivían solo recibieron palabras de apoyo, a pesar de las noticias: que la ruta es peligrosa. Que los que no pierden la vida en el Darién salen de la selva deseando no haber vivido jamás esa experiencia.

-Ustedes eran conscientes de eso, ¿no?

-Sí. Pero no creía. Los haitianos somos así. Cuando hablaba con los que habían pasado la selva me decían que no fuera, que era muy difícil, y yo pensaba: ‘ah, lo que tú quieres es que yo no vaya, que no ocupe tu lugar’. Después de estar más cerca de la muerte que de la vida ya no pienso así.

El infierno
Shella Jean me cuenta que cruzaron a Perú las tres de la madrugada. Guiados por coyotes que contrataron en Arica, gracias al dato de una mujer chilena, llegaron a Tacna luego de más dos horas de caminata a través del desierto. En una mochila Shella Jean llevaba carne frita, pollo frito, papas y galletas. Su intención era no gastar dinero hasta llegar a Ecuador. El viaje tomó casi 24 horas, y luego otras 20 para llegar a la frontera. Ahí, dice Shella, pagó 120 dólares (casi 100 mil pesos) a un guía para que los cruzara hacia Ecuador en un taxi. Esa noche durmieron en un hotel. Al día siguiente, subieron a otro bus para emprender un viaje de 40 horas con rumbo al municipio de La Paz, al norte de Colombia. El Darién estaba cerca.

-Fue muy difícil todo el paso por Colombia -me dice Shella por WhatsApp-. Gastamos mucho dinero en guías. A la mañana de llegar a La Paz nos llevaron a Necoclí.

Necoclí, en la costa norte de Colombia, es el último paso antes de adentrarse en la selva. Ahí Shella y los demás migrantes subieron a unas micros que los llevaron hasta el corregimiento de Capurganá, donde la carretera Panamericana es interrumpida abruptamente por las 570 mil hectáreas de selva que separan Colombia de Panamá. Fue una semana de viaje y esperas hasta llegar al Tapón del Darién. Shella Jean, su esposo Herby Charles, la hija de ambos, se abrieron paso en la selva. Los acompañaba un grupo de 30 migrantes, la mayoría haitianos provenientes de Chile, unos pocos cubanos y africanos. Coyotes colombianos, dice Shella, los guiaron.

-Solo recuerdo el miedo -dice Herby Charles al teléfono-. Pensaba en que mi hija no tenía la culpa de lo que estábamos viviendo y que no me habría perdonado nunca si le pasaba algo, porque ella estaba bien en Chile. Fueron seis días de caminata. Llovía todo el tiempo. Íbamos con la ropa mojada desde la mañana hasta la noche. En un momento estaba tan extenuado que mi hija se me cayó de los brazos y tuve que pagarle a un guía para que la llevara. Yo no tenía fuerzas y mi esposa tampoco. La comida se nos acabó a los pocos días y lo único que tomábamos eran unas vitaminas en polvo que mezclábamos con agua.

Durante las noches, me cuenta Shella, se oía el rugido de jaguares que merodeaban las carpas y durante el día debían esquivar las serpientes e insectos que surgían en el camino. El paso más complejo fue la llamada ‘montaña de la muerte’. Tres horas de subida y tres de bajada por caminos estrechos que dan a un barranco. Son comunes las historias de migrantes que vieron caer a otros al vacío en ese lugar. Shella y Herby no lo vieron, pero sí los cuerpos de migrantes fallecidos repartidos a lo largo de todo el camino que transitaron por el Darién.

-Vimos cadáveres de personas heridas que no pudieron seguir y se murieron -me dice Shella, al teléfono-. Cuerpos de haitianos, de cubanos, africanos, comidos por animales. Lloré mucho, sufrí mucho. Algunos se atrevían y se acercaban para revisar los cuerpos y ver si tenían plata o algún documento con el que pudieran avisarle a familiares.

Exhaustos, y a pocos kilómetros del primer refugio improvisado para migrantes de la localidad de Bajo Chiquito, en Panamá, el grupo de Shella y Herby fueron asaltados por un grupo de siete panameños. La situación es común. Grupos de delincuentes ya reconocen las rutas de los migrantes y esperan su llegada para quitarles todas sus pertenencias. Shella recuerda lo que vivió ese día:

-Nos apuntaron con armas -dice Shella-. A nosotros nos robaron la plata y los anillos de matrimonio. Luego nos desnudaron a todos para ver si teníamos plata escondida. Fue humillante. A una niña de 14 años la violaron frente a sus padres.

Lo único que no perdieron, agrega su esposo Herby Charles, fue el celular. Antes de entrar a la selva, Herby quebró la mica que cubría la pantalla para en caso de robo decir que no servía para nada. Sin fuerzas, sin ánimo, el camino continuó. Con su hija enferma y con fiebre, llegaron al refugio de Bajo Chiquito. Desde ese lugar cientos de migrantes fueron deportados a Colombia, luego de protagonizar violentas protestas exigiendo continuar con su periplo a Estados Unidos a pesar del cierre de fronteras por la pandemia. Shella y Herby tuvieron más suerte. Con la frontera abierta, Shella cuenta que solo debieron pagar a 40 dólares a un funcionario del refugio para que acelerara su registro en el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SERNAFRONT) y los dejara salir para tomar un bus a Costa Rica. Según el Gobierno de Panamá, 20.114 haitianos han transitado por el país en lo que va del año. Pero no es la única cifra en aumento: 2.833 chilenos también lo han hecho. Carlos Figueroa, del Servicio Jesuita a Migrantes, supone que ese es el número hijos de haitianos que nacidos en Chile.

Como la hija de Shella y Herby.

Como la menor violada en la selva, que, según ellos, también venía de Chile.

La espera
Los días en Tapachula pasan lento. Shella cuenta que el tránsito de Costa Rica a México fue el más sencillo, pero también el más caro. En total, dice, han gastado 4 mil dólares desde que salieron de Chile, y aún les queda camino por delante. Sin dinero, la única forma de solventar el viaje es con ayuda de familiares. Su propia madre, dice Shella, ha debido enviarle dinero desde Haití para ayudarla. Más encima, dice, los precios se han disparado. Según ella apenas les alcanza el dinero para comprar arroz y frijoles, y pollo para freír. Llevan en Tapachula más de un mes, esperando obtener el carnet de refugiados, que se ha convertido en un dolor de cabeza no solo para ellos, sino también para el gobierno mexicano. Wilner Metelus, sociólogo y presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, explica el problema:

-La COMAR es la que decide si la persona puede conseguir la calidad de refugiado o no -dice con voz pausada Wilner desde México, donde vive hace 20 años-. Pero esa institución hoy no tiene capacidad de dar respuesta a los 147 mil inmigrantes que hay en la ciudad. Hay algunos que llevan meses esperando, y algunos recibieron cita para iniciar el trámite recién en marzo del 2022.

Esta situación, agrega Wilner, está provocando un embotellamiento que amenaza con colapsar una ciudad pequeña y sin los servicios suficientes para recibir a todos esos migrantes. Tapachula pertenece al estado de Chiapas, el más pobre de México, y organizaciones activistas ya registran acciones discriminatorias en contra de los haitianos por parte de mexicanos que ven amenazados sus puestos de trabajo. Para Wilner, el gobierno mexicano está violando los derechos de estos migrantes al no dejarlos transitar libremente hacia su destino. Hay 36 mil policías de la guardia nacional mexicana resguardan Tapachula controlando que los migrantes no salgan de la ciudad. Y según Wilner, esto es solo una acción para demostrarle al gobierno de Estados Unidos que están colaborando con ellos. Consultado por ‘Sábado’, el INAMI declaró no contar con un vocero habilitado para participar de este reportaje.

El llamado de Wilner Metelus para los haitianos en Tapachula y en Chile es dramático. A los primeros les pide que aguanten: hace dos meses un bus con 51 haitianos que salió de Tapachula hacia la ciudad de Acuña, en la frontera con Estados Unidos, se volcó a mitad de camino y 18 haitianos fueron secuestrados luego de haber sido dados de alta en el hospital. Los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) hablan de 20 mil indocumentados secuestrados al año por el crimen organizado.

A los haitianos en Chile les pide calma:
-Por favor no tomen la ruta para llegar a México -dice Wilner, elevando la voz-. En este momento la situación está muy difícil. No hay oportunidad para un haitiano en la frontera sur. No para llegar a Estados Unidos. Hermanos, busquen cualquier opción en el país hermano de Chile y aguanten.

En Tapachula, Herby Charles sabe que esas palabras no convencerán a sus compatriotas. Dice que los haitianos son así: necesitan estar de cara a la muerte para recién creer en ella. Si por él fuera, dice, no volvería a repetir el viaje. Sobre todo, por su hija, y por las noticias que llegan desde el norte, en Ciudad Acuña: en febrero de este año una menor de dos años fue encontrada con vida en la ribera del río Bravo, que separa México de Estados Unidos. Entre sus ropas, la policía encontró su certificado de nacimiento y su país de origen: Chile. Semanas después fue reunida con sus padres en Estados Unidos, a quienes la niña se les soltó de las manos cuando cruzaban el río. En junio de este año, otra menor no tuvo la misma suerte: su cuerpo fue encontrado flotando en el río, con signos de haber sido atacada por cocodrilos.

Shella Jean, por su parte, y a pesar del miedo, solo quiere salir de Tapachula y seguir adelante. Antes de despedirse dice que está cansada de dormir en el suelo y de no contar con las comodidades que tenía en Chile: un refrigerador, una cocina, una cama. Los días, agrega, se los pasa esperando, gastando sus últimos dólares en pañales y comida, o navegando en internet cuando consigue una señal de wifi que le permite hablar por WhatsApp o actualizar sus redes sociales. Hace algunos días lo hizo. Subió una imagen a Facebook: un águila calva sobre la bandera de Estados Unidos.

Citas destacadas:
‘Llovía todo el tiempo. Íbamos con la ropa mojada. Estaba tan extenuado que mi hija se me cayó de los brazos y tuve que pagarle a un guía para que la llevara’, dice Herby Charles.

‘Nos apuntaron con armas. Nos robaron la plata y los anillos de matrimonio. Nos desnudaron para ver si teníamos plata escondida. Fue humillante’, dice Shella.

Foto: Ilustración Francisco Javier Lea.
Fuente: Por Arturo Galarce/ El Mercurio 11 Septiembre 2021  Sábado p.  4-5 Suplemento