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“Necesito escapar de Chile. Eso es lo único que me importa”. 

Es mediodía del viernes 17 de septiembre. Faltan pocas horas para que Pierre Cenatus tome el autobús que lo llevará desde la ciudad de Santiago a Iquique, al norte de Chile. 

Desde allí, pretende trasladarse hasta la frontera con Perú y salir ilegalmente. 

¿Su destino final? No lo sabe. Pero idealmente Estados Unidos o cualquier otro país donde pueda obtener un permiso de residencia. 

El haitiano de 28 años lleva sus últimos 7 viviendo en Chile. Llegó en 2014, huyendo de su natal Haití, sumida en una profunda crisis tras el terremoto de 2010, y buscando un sueño: conseguir trabajo, justicia y un hogar donde formar una familia.

El mismo sueño lo compartían miles de otros haitianos que por esos años hicieron lo mismo y que fueron parte de la fuerte ola migratoria que llegó a este país sudamericano. 

Solo desde 2010 hasta 2017, el ingreso de haitianos a Chile aumentó de apenas 988 personas al año a 110.166, según cifras recopiladas por el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) con información de la Policía de Investigaciones (PDI).

La presencia de los caribeños le cambió el look a las ciudades chilenas más importantes, donde -para extrañeza de muchos- se podía ver gente negra (y hablando otro idioma) caminando por sus calles. 

Pierre Cenatus consiguió trabajo en la construcción. Para ganar algunos pesos extras, también se dedicaba a vender dulces en la noche en el comercio ambulante. En total, lograba juntar unos 400.000 pesos mensuales (US$510).

Y, aunque al comienzo la situación pintaba para bien, el “sueño chileno” comenzó a derrumbarse de a poco hasta que en 2018 no logró renovar su permiso de residencia. Esto, sumado a la pandemia y a las escasas opciones laborales, hicieron que su situación se volviera insostenible. 

Y hoy está dispuesto a todo con tal de salir de allí.

Así, con un grupo de 24 haitianos (y 2.150 dólares en el bolsillo) emprendió un viaje lleno de incertidumbres.

“Sé de los peligros que hay en el camino pero estoy dispuesto a arriesgarme porque aquí también vivo con miedo constante. Es lo mismo”, afirma a BBC Mundo. 

“Necesito cambiar, buscar un futuro mejor, un lugar más seguro. Quiero trabajar, casarme y tener hijos pero acá no tengo seguridad”, agrega. 

Más salidas que entradas

Así como Pierre Cenatus fue uno más de los miles de haitianos que llegaron a Chile en la última década, hoy tampoco es el único que quiere salir de esta nación. 

Es, de hecho, parte de una tendencia que viene dándose desde 2019, cuando por primera vez desde 2010 se registraron más salidas de haitianos que entradas: 10.478 versus 7.515.

Desde entonces, y hasta la fecha, la situación no ha cambiado. De acuerdo con el gobierno de Chile, en lo que va de este año, ya han salido más de 3.500haitianos.

Algunas organizaciones de ayuda de migrantes dicen que esas cifras incluso pueden estar subvaloradas pues no tienen en cuenta a quienes salen por pasos irregulares. Algo que, debido al cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus (y a que muchos tienen una situación migratoria irregular), ha aumentado considerablemente. 

Pero ¿qué lleva a los haitianos a tomar la decisión de abandonar Chile y emprender un viaje que muchas veces es costoso, agotador y, por si fuera poco, peligroso? 

El “sueño americano”

En los últimos días se han visto dramáticas imágenes de unos 13 mil migrantes haitianos varados en un precario e improvisado campamento bajo un puente que conecta la ciudad de Del Río, en Texas, con Ciudad Acuña, en México.

A la espera de que sus peticiones sean procesadas por las autoridades estadounidenses, muchos han terminado sufriendo persecuciones de la Patrulla Fronteriza. 

Pero para sorpresa de muchos, la mayoría de estos ciudadanos no viene directamente de Haití, sino de Chile y Brasil. Así lo confirmó este miércoles el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Y es que la falta de oportunidades, sumado a los problemas para conseguir un estatus legal en estos países latinoamericanos, han generado que los haitianos vuelvan a mirar a Estados Unidos como un lugar de oportunidades.

Aún más: con el cambio de gobierno de Donald Trump a Joe Biden -y, con ello, la flexibilización de sus políticas migratorias- muchos ciudadanos caribeños han decidido emprender largos viajes desde estos países hasta EE.UU. 

“Hemos detectado que muchos de los haitianos (que salen de Chile) quieren buscar oportunidades en América del Norte. Y eso tiene que ver con la nueva política que adoptó el presidente Biden, quien dio señales de que iban a ser abiertos a recibir migración y eso ha significado un flujo importante”, dice a BBC Mundo el subsecretario del Interior del gobierno de Chile, Juan Francisco Galli. 

Por su parte, la directora de la organización Servicio Jesuita a Migrantes (que ha trabajado de cerca con los haitianos en Chile durante estos últimos años), Waleska Ureta, afirma que la migración a Estados Unidos tiene un “arraigo cultural”.

“Estados Unidos es una referencia para ellos, es el sueño americano, por la cercanía, el desarrollo económico. Desde chicos que les inculcan que allá hay una posibilidad de proyecto de vida, de trabajo”, dice a BBC Mundo. 

“Y ahora con Biden se cree que se abre una nueva posibilidad de trabajo, de poder ir a hacer vida a ese país donde históricamente ha sido un referente, con grandes colonias de haitianos”, agrega.

Problemas con la regularización

Pero más allá del “sueño americano”, lo cierto es que los haitianos enfrentan dificultades importantes en Chile que también los lleva a querer salir de ahí. 

Uno de ellos (quizás el más importante) es la dificultad para regularizar su situación migratoria.

Con el objetivo de “ordenar la casa”, el presidente Sebastián Piñera promulgó una nueva ley de migraciones que comenzó a regir en Chile el 20 de abril pasado. 

Entre otras cosas, bajo esta legislación se les permite regularizar sus papeles a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia.

Para ello, cuentan con un plazo máximo de 180 días (el que se vence el próximo 17 de octubre). El problema es que entre los requisitos que se piden hay una serie de papeleos que, a juicio de los propios haitianos, son imposibles de adquirir. Por ejemplo, el certificado de antecedentes de Haití. 

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“Yo no tengo cómo conseguir el certificado de antecedentes de Haití porque no estoy allá entonces es imposible. Llevo 7 años acá y no entiendo por qué me piden esos papeles si no he vuelto a Haití… No hay una voluntad de ayudarnos. De las 50 personas que trabajaban conmigo, todas se fueron por eso”, cuenta Pierre Cenatus. 

“Tenemos miedo porque pensamos que nos van a querer deportar después del 17 de octubre. Toda la comunidad habla de eso… Así que no vamos a esperar, mejor nos vamos todos antes“, agrega. 

El no tener los papeles al día genera una serie de adversidades para estas personas.

“Si alguien está irregular en Chile no puede acceder a trabajos formales, a arriendos formales, lo que abre un abanico de abusos”, dice Waleska Ureta. 

La misma opinión tiene William Perre, vocero de la comunidad haitiana en Chile. 

“Si el extranjero no tiene carnet de identidad, no le dan trabajo. Se ve obligado a trabajar de manera irregular y ahí empiezan los engaños”, explica a BBC Mundo. 

A esto se suma que en 2018 Chile decidió establecer un visto consular a todos los haitianos que quisieran ingresar al país. 

Pero debido a la precaria situación de Haití, con una inestabilidad política y económica que solo ha ido en aumento, la migración no se frenó completamente y muchos decidieron continuar yendo a Chile de manera irregular y sin posibilidad de restablecer su situación migratoria. 

El subsecretario Galli, sin embargo, asegura que miles de haitianos han podido acceder efectivamente a permisos de residencia. 

“Nosotros hemos llevado a cabo dos procesos de regularización extraordinaria. A fines del 2020, de los más de 180 mil ciudadanos haitianos, que representaban un 13% de la población migrante de nuestro país, casi 70 mil residen en Chile con permanencia definitiva, es decir, están de forma regular”, dice. 

“No creo que el origen de las dificultades esté ahí”, agrega.

No obstante lo anterior, Galli advierte que quienes “no pueden cumplir la ley porque no cumplen con los requisitos, como que no tengan sus antecedentes penales, naturalmente no han podido ni podrán regularizarse”. 

“Y si no pueden regularizar su situación, van a tener que salir de Chile”, añade. 

Fallida inclusión

Otro de los factores importantes que ha determinado la salida de los haitianos de Chile tiene que ver con la inclusión. 

Debido a la barrera idiomática y cultural, entre otras cosas, esta comunidad ha enfrentado graves problemas a la hora de incorporarse a la vida de los chilenos. 

“Según nuestra data y los testimonios de personas que atendemos, creemos que hay una fallida inclusión social de las personas haitianas en Chile. Y esto tiene que ver en parte con el racismo, con la discriminación. Hay discriminación laboral e institucional”, dice Waleska Ureta. 

“No hay una comprensión de la cultura haitiana en términos de la crianza, de sus prácticas culturales y eso va mermando su inclusión en el sistema”, agrega. 

El haitiano residente en Chile, Djimy Delice, coincide con Ureta. 

“En Chile se ha dado el fenómeno del anti-haitianismo. Y esto se debe a distintas razones, los mismos haitianos que no manejan el idioma, y un país que se cree más blanco y más limpio que los migrantes”, dice a BBC Mundo.

Delice es coordinador de la comunidad haitiana en la quinta región y conoce de primera mano a muchos de sus compatriotas que han decidido salir del país. 

“El haitiano en Chile es un sujeto indeseado. Y eso se puede ver en lo grueso de la política pública… porque se piensa en el haitiano como una carga”, dice. 

Para el sociólogo y experto en migraciones, Luis Eduardo Thayer, la fallida inclusión les afecta principalmente en la incapacidad de conseguir trabajo. 

“La situación del mercado laboral es muy difícil y para las personas de Haití, el no tener recursos en el corto plazo para pagar la inversión que hicieron para venir y mandar recursos a su país, es muy complicado. Están en una situación de necesidad urgente. Y por eso también deciden irse a otros lados”, señala a BBC Mundo. 

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que en Chile también se han establecido importantes y extensos programas de ayudas para con esta comunidad. 

En algunos municipios, por ejemplo, se imparten clases de español de forma gratuita para ellos. 

La chilena Pía Montenegroles enseñó a los haitianos español durante casi un año y estuvo vinculada a organizaciones de ayuda. 

“¿Ha habido ayuda? Sí. Pero nunca va a ser suficiente, más aún para un pueblo como el haitiano, que viene con muchas falencias de distinto tipo”, dice a BBC Mundo. 

“A ellos les cuesta más que a cualquier otro grupo migratorio al no manejar el idioma. Entonces en organismos como el Registro Civil o el Departamento de Extranjería y Migración contrataron personas que hablaban creole para guiarlos en la tramitación de sus papeles”, explica. 

Altas expectativas y pandemia

Para Pía Montenegro otro de los grandes problemas tiene que ver con las altas expectativas con las que los haitianos llegaron a Chile. 

“Es lo mismo que le pasa a la gente del sueño americano, que creen que su vida va a cambiar pero resulta que tienen que trabajar el doble, limpiar pisos, hacer el trabajo duro para quizás salir adelante en unos años más”, dice. 

“Ellos pensaban que iban a llegar acá y que se iban a volver millonarios. Pero incluso así, con todos los problemas, muchos me decían que estaban mejor acá que allá (en Haití)”, agrega. 

Esas altas expectativas se complicaron aún más después del estallido social de octubre de 2019 en Chile y con la pandemia de coronavirus.

“Las principales fuentes de empleo disponibles para estos ciudadanos, algunas de ellas informales, se acabaron”, dice el subsecretario Galli. 

Pierre Cenatus vivió esta dificultad en carne propia. 

“Nunca más pude salir a la calle a vender. Fue muy difícil… otros compañeros me ayudaron con comida porque como no tenía documentos, no pude tener ayuda social”, dice.

“No hay vuelta atrás”

Tras una semana viajando, Pierre Cenatus ya está en Colombia. 

Pronto se adentrará en el peligroso tapón de Darién, la selva fronteriza de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá que muchos migrantes atraviesan bajo la extorsión de coyotes y grupos paramilitares que controlan la zona.

Dice que no sabe si podrá seguir respondiendo mis mensajes. Que es probable que le roben su teléfono. 

Cuando me despido, se le quiebra la voz. 

“No tengo miedo”, me dice entonces, con evidente angustia. 

“Volver a Chile o Haití son infiernos para mí. Prefiero morir en el camino”.

Fotos: GETTY IMAGES / BBC News Mundo

Fuente: BBC News Mundo

El objetivo principal será recuperar los espacios públicos en la ciudad de Iquique.

Tras la reunión que sostuvo el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, donde la primera autoridad regional solicitó hacerse cargo de la coordinación con las organizaciones de migrantes, el pasado martes comenzó a funcionar la mesa de trabajo para recuperar los espacios públicos y abordar la crisis migratoria que afecta a las vecinas y vecinos de Iquique. 

La mesa, encabezada por el Gobierno Regional, está integrada por la Delegación Presidencial Regional, el municipio de Iquique, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (ONU – OIM), el Programa Refugio de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), el Instituto Nacional de Derechos Humanos Tarapacá (INDH), la Agencia ONU para Refugiados (ACNUR), World Vision (la Asociación Internacional de Cristianos), el Hogar de Cristo, la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Tarapacá, entre otras organizaciones. 

‘El 26 de agosto le entregué todos los antecedentes al Presidente Piñera acerca de la grave situación que ocurre en nuestra región y la urgencia de que el gobierno interviniera en terreno. El 1° de septiembre viajó el ministro de Defensa y el subsecretario del Interior y estuvieron en la frontera en Colchane. Este 14 de septiembre y luego de solicitarle al gobierno de Chile que permitiera al gobierno regional colaborar, a pesar de no tener las competencias, finalmente estamos reunidos con organizaciones del más alto nivel para hacernos parte de un problema que lleva meses sin avance y que hoy dio luces de que podemos recuperar nuestros espacios públicos’, explicó el Gobernador Carvajal.

TRABAJO 

La autoridad agregó que se establecieron cuatro puntos de trabajo: La recuperación del espacio público y la relocalización temporal de los ciudadanos migrantes mientras se define su destino final; Crear un sistema integrado de apoyo para definir una estrategia regional ante un nuevo flujo migratorio; Levantar una campaña comunicacional que llame a evitar los discursos xenófobos o de violencia en la población regional y en los medios de comunicación; y Generar investigaciones, junto a las universidades, sobre la caracterización de esta nueva población migrante que se integra a la región. 

‘Hemos ofrecido a las organizaciones e instituciones que hoy nos acompañaron, el lugar físico para trabajar, para que nos orienten sobre la mejor estrategia a seguir, pues son ellos quienes han estado día a día con los migrantes y son los indicados para establecer la forma y el lugar para proceder en la recuperación de nuestros espacios públicos’, puntualizó Carvajal.

DATOS 

Víctor Flores, encargado de la zona norte de la OIM, señaló que ‘esta es una iniciativa ejemplar, que las máximas autoridades de la región hayan convocado y, liderados por el gobernador regional, a distintas organizaciones internacionales y de la sociedad civil, para abordar un desafío inédito desde el punto de vista de los flujos migratorios. Este es el camino adecuado para abordar una situación de carácter multidimensional, no solo en beneficio de las personas refugiadas y migrantes, sino también de la comunidad de acogida, en particular de Iquique’. 

Según los datos de la última Encuesta de Migración Venezolana de la OIM (marzo 2021), del 100% de ingresos, solo un 18% se queda en Iquique, en contraste al 61% que tiene a Santiago como destino final. Por otra parte, un 5% recae en Puerto Montt y un 3%, a Antofagasta. Estos datos indican que el problema no es solamente de la región de Tarapacá, sino más bien, un asunto país.

Foto: El Longuino.
Fuente: El Longuino. De Alto Hospicio.

El Proyecto de intervención comunitaria desde la perspectiva de la niñez, “Protagonistas sin Fronteras” realizó recientemente una actividad bautizada como “Mi país”. En la instancia las niñas y niños participantes crearon un collage en el que pudieron plasmar los derechos y características que tendría su país ideal, espacio al que además le dieron nombres como Mundo Mágico o el País del Respeto y la Educación.

Como insumo para la actividad se llevó a cabo una presentación previa que incluyó las consignas de la Convención de derechos de niños y niñas promovida por UNICEF y adaptada en una lámina por Defensoría de la Niñez; además, a través de una narración, se buscó estimular la imaginación y con ello, la interiorización de los conceptos presentados y, a partir de esto, la creación de los países de ensueño.

Contamos con la asistencia presencial a este encuentro de un total de 15 niñas y niños, quienes se reunieron en el Centro Comunitario Ignacio Vergara en la comuna de Estación Central.

“Buscamos sensibilizar con respecto a los derechos del niño y la niña y sus cuatro principios rectores, asimismo visibilizar las creaciones de niñas y niños del proyecto, las que -a nuestro juicio- reflejan de muy buena forma sus opiniones frente a sus derechos y los elementos importantes que debieran estar presentes en una nación”, explicó Alma Garrido, profesional voluntaria.

A su turno Edén Román, Responsable de Intervención Familiar en el Servicio Jesuita a Migrantes, subrayó que “quisimos destacar igualmente el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, porque la actividad se basó en ese principio en que las voces de niñas y niños cuentan, para soñar juntos y juntas el país que queremos.

Protagonistas sin Fronteras busca promover el liderazgo colaborativo y la convivencia intercultural como parte fundamental del desarrollo integral de los niños y niñas. Esta iniciativa del Servicio Jesuita a Migrantes y América Solidaria, incluye este año a 40 niños y niñas de entre 6 y 12 años y sus familias.

Por primera vez en años las cifras de migrantes que han salido del país supera a las de ingreso, y son los haitianos los que lideran ese desplazamiento en busca del ‘sueño americano’. La historia de Shella Jean y su esposo, es un reflejo de este fenómeno. Presionados por la falta de inclusión social, recrudecida por las nuevas exigencias de regulación migratoria, emprendieron un viaje de Rengo a Tapachula, México, donde permanecen atascados a la espera de continuar su periplo hacia Estados Unidos. En el trayecto, superaron semanas de viaje en bus, cruces por pasos no habilitados, y la caminata por la selva del Darién, uno de los lugares más peligrosos del continente. ‘Vimos cadáveres de personas heridas que no pudieron seguir’, dice Shella, todavía choqueada por una experiencia que espera valga la pena.

Conocí a Shella Jean en Puerto Príncipe, Haití, en julio del 2017. La primera vez que la vi estaba parada junto a una bencinera bajo un sol abrasador y ruido de bocinas. Recuerdo su cara: los ojos achinados, los labios gruesos y las cejas finas como dos hebras de hilo. Shellame llevó hasta su casa. Subimos una calle empinada y de piedras, hasta que llegamos a una habitación de cemento, que por el día era comedor y por la noche el dormitorio donde dormía junto a su madre, una prima y el sobrino que debía traer a Chile para reunirlo con sus padres. Esto último era la misión que le encomendaron sus familiares, pero también su deseo de comenzar una vida nueva, lejos de la miseria y las escasas oportunidades.

Ese año, Shella Jean fue uno de los 105 mil haitianos que ingresaron al país, según datos de la PDI. El año en que más inmigrantes de la isla vinieron a Chile, en una especie de fiebre estimulada, en parte, por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump, y que puso freno al principal destino migratorio de los haitianos; y también por el rumor del ‘sueño chileno’, extendido por la primera oleada de haitianos llegados a Chile tras el terremoto de Haití del año 2010, y por el furor de prestamistas y agencias de viaje que se reprodujeron como callampas ofreciendo viajes, e incluso parte de la documentación necesaria, para ingresar al país como turistas. La mayoría de esos vuelos eran realizados por la cuestionada aerolínea Latin American Wings (LAW), extinta en 2018, tras una serie de acusaciones sobre escándalos administrativos y clientes estafados.

A un viejo Boeing de esa aerolínea subimos con Shella esa tarde de julio en Puerto Príncipe. Al llegar, su sobrino se encontró con sus padres, que llevaban algunos meses en Chile y se fundieron en un abrazo. Desde entonces, con Shella mantuvimos contacto esporádico por WhatsApp. Así supe que a las pocas semanas de llegar, buscó su propio destino y se fue a Talca con una amiga. Hace algunas semanas hablamos otra vez. Le pregunté si conocía algún compatriota suyo con intenciones de migrar de Chile a Estados Unidos, alertado por el creciente flujo de haitianos detectado en pasos no habilitados del norte, en tránsito a Perú y Bolivia, pero con un destino común: el del ‘sueño americano’.

Varios organismos y gobiernos han hecho eco del fenómeno. No sólo en Chile, donde la Subsecretaría de Interior ya da cuenta de un aumento de un 81 por ciento de haitianos que han abandonado el país por pasos habilitados. Sino también en ONG preocupadas por la peligrosidad de la ruta, que expone a hombres, mujeres y niños a largos tramos en bus, falta de comida, y a una caminata de seis días por la frontera que separa Colombia de Panamá conocida como el Tapón del Darién: 108 kilómetros de selva donde los migrantes deben abrirse paso entre vegetación, animales salvajes y bandas de criminales.

Shella vio el mensaje. No demoró en contestar:

-Yo, amigo -me respondió-. No estoy en Chile. Llegué a México ahora. Voy a Estados Unidos.

Un sueño por otro
Shella Jean tiene 33 años y está en Tapachula junto a su marido, un ex trabajador de Agrosuper llamado Herby Charles, de 25, y su hija que acaba de cumplir un año.

Tapachula es la primera ciudad de ingreso para los migrantes a México, en la frontera con Guatemala. El Instituto Nacional de Migración (INAMI) de ese país ya cifra en 147 mil los indocumentados atascados en ese lugar, de los cuales 18.883 haitianos han ingresado solicitudes de asilo humanitario a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), convirtiéndose en la segunda comunidad más numerosa, superada solo por la hondureña. Conseguir el carnet de refugiados es la única manera de moverse libremente y avanzar hacia la frontera con Estados Unidos, sin ser deportados a Guatemala.

Shella y su familia aún no logran ingresar la solicitud. Cuenta que llevan algunos días viviendo en una habitación vacía donde sus únicas pertenencias son una almohada y la frazada que ponen en el suelo para dormir. Desde ahí reconstruye su vida en Chile y las razones de su salida. Dice que en la misma empresa agrícola de packing donde trabajaba en Talca, conoció a un hombre llamado Samuel. Shella dice que se enamoró de Samuel y que cuando este le propuso irse con él a Rosario, una localidad cercana a la comuna de Rengo, en la sexta región, aceptó a ojos cerrados. Sin embargo, la relación se hundió rápidamente tras una serie de episodios de maltrato psicológico. Shella cuenta que Samuel no la dejaba trabajar y la mantenía en una habitación dedicada a las labores domésticas. La única razón por la que no la golpeaba, dice Shella, era por el miedo que su pareja le tenía a carabineros. De un día para otro y sin aviso, Samuel la abandonó.

-En el invierno me dejó sola -cuenta Shella-. Nunca más volvió. Ahí empezó mi dolor, porque llegó un momento en que no podía pagar mi arriendo, y no podía comer porque cuando empieza el frío en Rosario no hay mucho trabajo en el campo. Solo tenía un poco de plata que guardé para mandarle a mi mamá y tuve que gastarla en comida.

La comunidad la ayudó a mantenerse, mientras realizaba trabajos pequeños con los que pagaba la habitación. Hasta que llegó Herby Charles, un haitiano de ojos grandes, sonrisa desplegada y dientes separados, que venía de Santiago en busca de trabajo. Herby arrendó una habitación en la misma casa donde vivía Shella. Ahí se conocieron. Ahí se enamoraron. Con cinco meses de embarazo, Shella y Herby se casaron en abril del 2020 en el registro civil de Rengo, donde vivían desde el 2019, en una casa compartida pero más grande. Herby Charles trabajaba como aseador industrial en Agrosuper. Según Shella, si se esforzaba con las horas extras, el sueldo de su marido rondaba los 600 mil pesos mensuales. La pandemia, asegura Shella, no los afectó económicamente: Herby siguió trabajando con un permiso único colectivo.

Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudio del Servicio Jesuita a Migrantes cree que es importante desterrar esta creencia: que la mayoría de los haitianos se han ido de Chile exclusivamente por la crisis económica provocada por el coronavirus.

-Esta migración a Estados Unidos se viene dando de antes de la pandemia -dice Carlos Figueroa-. Por supuesto, no es lo mismo ser un migrante que un chileno en un contexto en el que hay ayudas sociales a las que no pueden acceder. Pero este fenómeno que hemos podido detectar responde a causas multifactoriales. Primero, la promesa del ‘sueño americano’ se vive mucho en Haití, que queda muy cerca de Estados Unidos, así que por ese lado no es raro que ahora se lo planteen, esperando que la administración de Joe Biden sea más afín a la migración que la de Donald Trump. Segundo, por la desesperanza de algunas personas que vieron en Chile frustradas sus expectativas y su proceso de inclusión, en parte por el racismo en Chile, pero también por la dificultad en el acceso a derechos.

Herby Charles toma el teléfono de Shella en la habitación en Tapachula. Cuenta que la travesía de emigrar a Estados Unidos comenzó cuando varios de sus amigos y haitianos emprendieron ese viaje. Él mismo tiene a su hermana, un sobrino y a un primo viviendo en Florida luego de migrar desde Brasil. Ellos le dijeron que lo recibirían si se animaban a viajar. Herby dice que la decisión la tomaron en mayo de este año luego de sopesar un tema clave: la regularización migratoria 2021 exigida por el Gobierno de Chile a todos los migrantes que ingresaron por pasos habilitados antes de marzo del 2020 y que se encuentren en calidad de irregular. Una de las exigencias para cumplir con esa regulación es contar con un certificado de antecedentes. Carlos Figueroa, del SJM explica lo que significa ese requerimiento para los ciudadanos haitianos.

-Si yo como chileno quiero ir a Estados Unidos, me piden un papel de antecedentes penales y me meto al sitio del Registro Civil y lo descargo gratuitamente -dice Carlos para ejemplificar-. Pero en Haití para obtener el mismo certificado se tiene que iniciar un proceso judicial de manera presencial. Para hacerlo desde acá tengo que mandar un poder, y para mandar ese poder tengo que tener plata y contar con la voluntad de otra persona que vaya por mí a iniciar este trámite, que, además, demora tiempo. Eso genera una sensación de frustración, porque los deja en una situación de irregularidad que no tienen otros países.

-Muchos haitianos nunca estuvieron bien en Chile -dice Herby Charles desde Tapachula-. Muchos no encontraron un buen trabajo y vivían mal. Mi problema era no poder tener papel de residencia. Estuve 4 años sin papel, imagínate. Sin papel no puedes proyectar una familia, aunque trabajaras como yo lo hacía. En Estados Unidos tampoco es fácil, lo sé, pero al menos se gana más plata.

En junio de este año Herby Charles renunció a su trabajo. Cuenta que su jefe lo miró extrañado. Le preguntó si era por un problema de dinero. Que si era eso podía subirle el sueldo. Pero Herby le mintió: le dijo que no. Que tenía que irse urgente a Haití para ver a su madre.

-Mi jefe estaba mal, porque todos los haitianos se fueron del trabajo -dice Herby Charles-. Se fueron para ir a Estados Unidos.

El viaje lo prepararon rápidamente. Shella Jean soñaba de pequeña con este momento: emprender rumbo al país de las oportunidades. El verdadero, a su juicio. Entonces Herby tomó lo ahorrado en el último año, compraron pasajes de avión hasta Arica, bolsos y una carpa. En la casa donde vivían solo recibieron palabras de apoyo, a pesar de las noticias: que la ruta es peligrosa. Que los que no pierden la vida en el Darién salen de la selva deseando no haber vivido jamás esa experiencia.

-Ustedes eran conscientes de eso, ¿no?

-Sí. Pero no creía. Los haitianos somos así. Cuando hablaba con los que habían pasado la selva me decían que no fuera, que era muy difícil, y yo pensaba: ‘ah, lo que tú quieres es que yo no vaya, que no ocupe tu lugar’. Después de estar más cerca de la muerte que de la vida ya no pienso así.

El infierno
Shella Jean me cuenta que cruzaron a Perú las tres de la madrugada. Guiados por coyotes que contrataron en Arica, gracias al dato de una mujer chilena, llegaron a Tacna luego de más dos horas de caminata a través del desierto. En una mochila Shella Jean llevaba carne frita, pollo frito, papas y galletas. Su intención era no gastar dinero hasta llegar a Ecuador. El viaje tomó casi 24 horas, y luego otras 20 para llegar a la frontera. Ahí, dice Shella, pagó 120 dólares (casi 100 mil pesos) a un guía para que los cruzara hacia Ecuador en un taxi. Esa noche durmieron en un hotel. Al día siguiente, subieron a otro bus para emprender un viaje de 40 horas con rumbo al municipio de La Paz, al norte de Colombia. El Darién estaba cerca.

-Fue muy difícil todo el paso por Colombia -me dice Shella por WhatsApp-. Gastamos mucho dinero en guías. A la mañana de llegar a La Paz nos llevaron a Necoclí.

Necoclí, en la costa norte de Colombia, es el último paso antes de adentrarse en la selva. Ahí Shella y los demás migrantes subieron a unas micros que los llevaron hasta el corregimiento de Capurganá, donde la carretera Panamericana es interrumpida abruptamente por las 570 mil hectáreas de selva que separan Colombia de Panamá. Fue una semana de viaje y esperas hasta llegar al Tapón del Darién. Shella Jean, su esposo Herby Charles, la hija de ambos, se abrieron paso en la selva. Los acompañaba un grupo de 30 migrantes, la mayoría haitianos provenientes de Chile, unos pocos cubanos y africanos. Coyotes colombianos, dice Shella, los guiaron.

-Solo recuerdo el miedo -dice Herby Charles al teléfono-. Pensaba en que mi hija no tenía la culpa de lo que estábamos viviendo y que no me habría perdonado nunca si le pasaba algo, porque ella estaba bien en Chile. Fueron seis días de caminata. Llovía todo el tiempo. Íbamos con la ropa mojada desde la mañana hasta la noche. En un momento estaba tan extenuado que mi hija se me cayó de los brazos y tuve que pagarle a un guía para que la llevara. Yo no tenía fuerzas y mi esposa tampoco. La comida se nos acabó a los pocos días y lo único que tomábamos eran unas vitaminas en polvo que mezclábamos con agua.

Durante las noches, me cuenta Shella, se oía el rugido de jaguares que merodeaban las carpas y durante el día debían esquivar las serpientes e insectos que surgían en el camino. El paso más complejo fue la llamada ‘montaña de la muerte’. Tres horas de subida y tres de bajada por caminos estrechos que dan a un barranco. Son comunes las historias de migrantes que vieron caer a otros al vacío en ese lugar. Shella y Herby no lo vieron, pero sí los cuerpos de migrantes fallecidos repartidos a lo largo de todo el camino que transitaron por el Darién.

-Vimos cadáveres de personas heridas que no pudieron seguir y se murieron -me dice Shella, al teléfono-. Cuerpos de haitianos, de cubanos, africanos, comidos por animales. Lloré mucho, sufrí mucho. Algunos se atrevían y se acercaban para revisar los cuerpos y ver si tenían plata o algún documento con el que pudieran avisarle a familiares.

Exhaustos, y a pocos kilómetros del primer refugio improvisado para migrantes de la localidad de Bajo Chiquito, en Panamá, el grupo de Shella y Herby fueron asaltados por un grupo de siete panameños. La situación es común. Grupos de delincuentes ya reconocen las rutas de los migrantes y esperan su llegada para quitarles todas sus pertenencias. Shella recuerda lo que vivió ese día:

-Nos apuntaron con armas -dice Shella-. A nosotros nos robaron la plata y los anillos de matrimonio. Luego nos desnudaron a todos para ver si teníamos plata escondida. Fue humillante. A una niña de 14 años la violaron frente a sus padres.

Lo único que no perdieron, agrega su esposo Herby Charles, fue el celular. Antes de entrar a la selva, Herby quebró la mica que cubría la pantalla para en caso de robo decir que no servía para nada. Sin fuerzas, sin ánimo, el camino continuó. Con su hija enferma y con fiebre, llegaron al refugio de Bajo Chiquito. Desde ese lugar cientos de migrantes fueron deportados a Colombia, luego de protagonizar violentas protestas exigiendo continuar con su periplo a Estados Unidos a pesar del cierre de fronteras por la pandemia. Shella y Herby tuvieron más suerte. Con la frontera abierta, Shella cuenta que solo debieron pagar a 40 dólares a un funcionario del refugio para que acelerara su registro en el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SERNAFRONT) y los dejara salir para tomar un bus a Costa Rica. Según el Gobierno de Panamá, 20.114 haitianos han transitado por el país en lo que va del año. Pero no es la única cifra en aumento: 2.833 chilenos también lo han hecho. Carlos Figueroa, del Servicio Jesuita a Migrantes, supone que ese es el número hijos de haitianos que nacidos en Chile.

Como la hija de Shella y Herby.

Como la menor violada en la selva, que, según ellos, también venía de Chile.

La espera
Los días en Tapachula pasan lento. Shella cuenta que el tránsito de Costa Rica a México fue el más sencillo, pero también el más caro. En total, dice, han gastado 4 mil dólares desde que salieron de Chile, y aún les queda camino por delante. Sin dinero, la única forma de solventar el viaje es con ayuda de familiares. Su propia madre, dice Shella, ha debido enviarle dinero desde Haití para ayudarla. Más encima, dice, los precios se han disparado. Según ella apenas les alcanza el dinero para comprar arroz y frijoles, y pollo para freír. Llevan en Tapachula más de un mes, esperando obtener el carnet de refugiados, que se ha convertido en un dolor de cabeza no solo para ellos, sino también para el gobierno mexicano. Wilner Metelus, sociólogo y presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, explica el problema:

-La COMAR es la que decide si la persona puede conseguir la calidad de refugiado o no -dice con voz pausada Wilner desde México, donde vive hace 20 años-. Pero esa institución hoy no tiene capacidad de dar respuesta a los 147 mil inmigrantes que hay en la ciudad. Hay algunos que llevan meses esperando, y algunos recibieron cita para iniciar el trámite recién en marzo del 2022.

Esta situación, agrega Wilner, está provocando un embotellamiento que amenaza con colapsar una ciudad pequeña y sin los servicios suficientes para recibir a todos esos migrantes. Tapachula pertenece al estado de Chiapas, el más pobre de México, y organizaciones activistas ya registran acciones discriminatorias en contra de los haitianos por parte de mexicanos que ven amenazados sus puestos de trabajo. Para Wilner, el gobierno mexicano está violando los derechos de estos migrantes al no dejarlos transitar libremente hacia su destino. Hay 36 mil policías de la guardia nacional mexicana resguardan Tapachula controlando que los migrantes no salgan de la ciudad. Y según Wilner, esto es solo una acción para demostrarle al gobierno de Estados Unidos que están colaborando con ellos. Consultado por ‘Sábado’, el INAMI declaró no contar con un vocero habilitado para participar de este reportaje.

El llamado de Wilner Metelus para los haitianos en Tapachula y en Chile es dramático. A los primeros les pide que aguanten: hace dos meses un bus con 51 haitianos que salió de Tapachula hacia la ciudad de Acuña, en la frontera con Estados Unidos, se volcó a mitad de camino y 18 haitianos fueron secuestrados luego de haber sido dados de alta en el hospital. Los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) hablan de 20 mil indocumentados secuestrados al año por el crimen organizado.

A los haitianos en Chile les pide calma:
-Por favor no tomen la ruta para llegar a México -dice Wilner, elevando la voz-. En este momento la situación está muy difícil. No hay oportunidad para un haitiano en la frontera sur. No para llegar a Estados Unidos. Hermanos, busquen cualquier opción en el país hermano de Chile y aguanten.

En Tapachula, Herby Charles sabe que esas palabras no convencerán a sus compatriotas. Dice que los haitianos son así: necesitan estar de cara a la muerte para recién creer en ella. Si por él fuera, dice, no volvería a repetir el viaje. Sobre todo, por su hija, y por las noticias que llegan desde el norte, en Ciudad Acuña: en febrero de este año una menor de dos años fue encontrada con vida en la ribera del río Bravo, que separa México de Estados Unidos. Entre sus ropas, la policía encontró su certificado de nacimiento y su país de origen: Chile. Semanas después fue reunida con sus padres en Estados Unidos, a quienes la niña se les soltó de las manos cuando cruzaban el río. En junio de este año, otra menor no tuvo la misma suerte: su cuerpo fue encontrado flotando en el río, con signos de haber sido atacada por cocodrilos.

Shella Jean, por su parte, y a pesar del miedo, solo quiere salir de Tapachula y seguir adelante. Antes de despedirse dice que está cansada de dormir en el suelo y de no contar con las comodidades que tenía en Chile: un refrigerador, una cocina, una cama. Los días, agrega, se los pasa esperando, gastando sus últimos dólares en pañales y comida, o navegando en internet cuando consigue una señal de wifi que le permite hablar por WhatsApp o actualizar sus redes sociales. Hace algunos días lo hizo. Subió una imagen a Facebook: un águila calva sobre la bandera de Estados Unidos.

Citas destacadas:
‘Llovía todo el tiempo. Íbamos con la ropa mojada. Estaba tan extenuado que mi hija se me cayó de los brazos y tuve que pagarle a un guía para que la llevara’, dice Herby Charles.

‘Nos apuntaron con armas. Nos robaron la plata y los anillos de matrimonio. Nos desnudaron para ver si teníamos plata escondida. Fue humillante’, dice Shella.

Foto: Ilustración Francisco Javier Lea.
Fuente: Por Arturo Galarce/ El Mercurio 11 Septiembre 2021  Sábado p.  4-5 Suplemento 

La directora ejecutiva del SJM se refirió a la cifra histórica de personas que han ingresado al país por pasos no habilitados. “Son números bien dramáticos que nos tienen que preocupar y ocupar”, sostuvo.

Un nuevo informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), realizado con datos de la Policía de Investigaciones (PDI), reveló que, entre enero y julio de 2021, 23.673 personas han ingresado al país por pasos no habilitados.

En conversación con CNN Chile, Waleska Ureta, directora ejecutiva del SJM, reconoció que esta cifra “es bastante dramática, ya que nos muestra un récord en los ingresos por pasos no habilitados este año”.

La experta recalcó el hecho de que esta medición considera solo los primeros siete meses del 2021. “Ya estamos en más de 23 mil personas y el 2020, durante todo el año, cerramos en 16.900 personas aproximadamente”.

“Estamos hablando de mitad de año con un número mayor de ingresos (…) en comparación al 2020 que ya era la cifra más alta que teníamos históricamente. Entonces, son datos bien dramáticos que nos tienen que preocupar y ocupar“, añadió.

Las crisis vividas en países como Venezuela y Haití han propiciado esta alta migración. “Estas personas migran forzadamente y eso es muy importante recalcarlo siempre, porque no es migrar por turismo o gusto, es porque en sus países se están vulnerando derechos o no se puede subsistir”, afirmó Ureta.

El actuar del Gobierno

La directora ejecutiva del SJM explicó que en Chile existen diferentes instrumentos diplomáticos, tales como la Visa de Responsabilidad Democrática o la ley de refugio, que permitirían “tener una migración segura, ordenada y regular”. “Sin embargo, solo hay un 14% de otorgamiento de las visas“, dijo.

“Nosotros no lo entendemos, porque se supone que la Visa de Responsabilidad Democrática tenía que ver con el tema venezolano (…) Tenemos instrumentos legales y diplomáticos que podemos usar como estas visas y la ley de refugio, pero no las estamos utilizando“, añadió.

Ureta enfatizó que “los ingresos por pasos no habilitados siguen existiendo y las expulsiones en aviones que se tienen planificados (…) tampoco resuelven el tema”. Para la experta, deben tomarse acciones desde el enfoque del derecho “con una política que acoja la crisis humanitaria que se está viviendo”.

Fuente: CNN Chile.

Nueve importantes organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su experiencia y trabajo directo con poblaciones vulneradas, se articularon para desarrollar el documento ‘Constitución y Pobreza’ el que tiene como objetivo contribuir al diálogo constitucional por medio de propuestas para mejorar el bienestar de poblaciones especialmente excluidas en Chile. Para ello, se presenta un diagnóstico de las principales brechas en el cumplimiento de derechos humanos en áreas transversales del bienestar y en relación a grupos especialmente vulnerables.

La realidad y las demandas de mujeres madres de familia; niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar; personas en situación de calle, personas migrantes, con discapacidad y privadas de libertad; pueblo mapuche, entre otros grupos específicos, están contenidas en el texto que será recibido este martes 8 de septiembre a las 4 de la tarde por Elisa Loncon, presidente de la Convención Constitucional de Chile, institución representativa creada para la redacción del proyecto de Constitución que será sometida a plebiscito en el marco del proceso constituyente en curso.

Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo, trabajaron en la propuestas que serán entregadas a Elisa Locón este martes y posteriormente expuestas en el ampliado de la Comisión Descentralización, Equidad y Justicia Territorial a fines de este mes.

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo; Vicente Stiepovich, director social de Techo-Chile; acompañados de una alumna Escuela de Reingreso Betania, de La Granja, y de la dirigente vecinal del Cerro 18, Lo Barnechea, Melany Salas, entregaron el trabajo a la presidenta Loncon.

El director ejecutivo del Hogar de Cristo explica el propósito de la alianza: ‘Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos socioeconómicos más privilegiados y los más desventajados, lo cual implica que los grupos especialmente vulnerables descritos en este documento sean parte de las discusiones en pos de la Nueva Constitución, y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva carta magna. Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación a recursos imprescindibles’. Juan Cristóbal Romero destaca que la razón del estallido social se explica en ‘una suerte de lógica de la postergación de los grupos más pobres y vulnerables, a quienes no se les hace partícipes de la solución de sus problemas. No se les pregunta, no se les oye, no se les considera. Creemos que este es el momento histórico de hacerlo’.

Foto: Techo Chile
Fuente: El Heraldo

Hoy tocamos un tema delicado, sobre el ingreso de migrantes por zonas no habilitadas en la fronteras. Para saber más del tema revisa esta nota.

Hoy en Un País Generoso, tenemos una conversación muy interesante con un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país.

Se trata de las cifras récord de ingresos por pasos no habilitados hacia Chile. Por eso nos acompaña hoy Carlos Figueroa, Director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.

Un tema delicado

Este fenómeno es en especial muy delicado, ya que estos pasos no habilitados significan un peligro para los migrantes. Ya que estas zonas de ingreso no están habilitados y suponen poner en riesgo la vida de los migrantes.

Por lo mismo, conversamos en esta tarde con Carlos Figueroa, Director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.

A través de un estudio que realizó Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, se grafica que estamos en una cifra récord de ingresos irregulares a Chile ¿Cómo se hizo este estudio?

«Más que un estudio solicitamos a PDI el numero de personas que ingresan a chile. Este registro corresponde a personas que luego de pasar la frontera sin permiso se autodenuncian. Todo para poder obtener de manera legal su estadía en Chile«, señala Carlos Figueroa.

Y el hecho de autodenunciarse ¿Cuánto les juega en contra ese hecho?

«Es el punto de partida de un proceso de regularización. Es necesario que estos ingresos siga con una autodenuncia«, comenta el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes. «Pero hay un contratiempo, el tema de las expulsiones de migrantes. Muchas de las personas expulsadas y migrantes que ya están en Chile tienen miedo a ser expulsados. Ahora, muchos migrantes no se están autodenunciando por temor a la expulsión», enfatiza Figueroa.

Pero aparece una pregunta de inmediato ¿Esta es la ruta que tiene que seguir el migrante indocumentado?

«Te propongo otra ruta. Intentar ingresar de manera regular y eso se tiene que promover«, declara Carlos Figueroa. «La migración con papeles tiene la ventaja de beneficios en contra del abuso de los migrantes. Mientras más regular sea la migración, mejor«.

La respuesta del por qué del ingreso irregular

Cuando se sabe de los casos de ingresos regulares, una pregunta sale a flote de inmediato ¿Por qué se opta por lo irregular en lugar de un ingreso documentado?

«Hay dos factores. Primero, en este momento, están cerradas las fronteras por el covid, entonces esto incrementa el ingreso irregular. Ya antes de la pandemia, las medidas restrictivas del gobierno generaron un estado de migración irregular. En 2018 el presidente Piñera invitó a venezolanos para ingresar a Chile. De 400 mil visas solo el 14% la pudo obtener», detalla Figueroa sobre el tema.

Finalmente, en este momento hay una explosión de migrantes en el norte de Chile ¿Qué se puede hacer para solucionar el tema de la crisis migratoria en el norte?

«Es fundamental tres temas importantes. La primera es la situación de las personas en la calle. Es necesario que existan albergues para personas que no tienen un refugio. Luego, el inicio de la regularización en carabineros y  poder frenar las expulsiones migratorias. Y finalmente, que el gobierno central aborde contacto con los gobiernos locales para que se logre controlar este fenómeno», finaliza Carlos Figueroa Director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.

*Revisa a versión completa de la entrevista en audio en este link.

Fuente: Rock And Pop.

“Todos queremos una migración segura, ordenada y regular, pero cuando tienes instrumentos para hacerlo y no se utilizan, estamos en problemas”, criticó Walezka Ureta.

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes alertó que este año han ingresado más de 23.000 personas por pasos no habilitados, cifra récord.

Un análisis del Servicio Jesuita a Migrantes alertó que entre enero y julio de este año a Chile han ingresado 23.673 personas extranjeras por pasos no habilitados, cifra que representa un máximo histórico, e incluso proyectó que hasta fin de año puede haber “un número histórico, sin precedentes y preocupante”.

Entre ellas, la principal nacionalidad es la venezolana, con 17.914 ciudadanos.

Es un dato oficial pero, apunta la organización, no es un reflejo totalmente fiel de la realidad. La cifra -obtenida vía Transparencia y entregada por la PDI- se trata personas que se han autodenunciado o que han sido descubiertas y denunciadas, sin embargo, no hay información “de cuántos son en total, porque hay personas que por miedo no se autodenuncian y están invisibilizadas por la institucionalidad”, aclaró Walezka Ureta, directora nacional del SJM, en El Diario de Cooperativa.

En este marco, “creemos que la política del Estado y del Gobierno ha fallado“, cuestionó, remarcando que “todos queremos una migración segura, ordenada y regular, pero cuando tienes instrumentos diplomáticos y políticos para hacerlo, como las visas y la ley de refugio, y no se utilizan, estamos en problemas”.

“En Chile, desde el 2008, cuando empezaron a haber estas medidas administrativas sobre todo para las personas de Venezuela y de Haití, tenemos una tasa de otorgamiento del 14% de visas de responsabilidad democrática creada por la situación de Venezuela, y tenemos menos del 12% de la visa de turismo consular para Haití y Venezuela“, detalló, reprochando que “son cifras bajísimas para un instrumento que se creó para una migración segura, ordenada y regular”.

“Ni hablar de ley de refugio, que en una situación como la de Venezuela el año pasado cerramos con una cifra vergonzosa y lamentable de 10 otorgamientos“, criticó.

Ureta planteó que “organismos internacionales proponen que se haga un esfuerzo mancomunado de los países de la región y no se ha hecho (…) y es importante la articulación interna desde el gobierno central con las autoridades locales, con la academia y la sociedad civil, y tampoco ha existido”.

En ese sentido, resaltó que “las medidas diplomáticas son muy relevantes” para ordenar la migración, a la vez que instó a “la mancomunión con los otros Estados“.

“Ninguna de las personas que ha llegado migra por gusto, cruzar cinco países con hijos, adultos mayores y toda la exposición en el camino, el tráfico de personas, es una migración forzada, y la idea es que los países que están recibiendo esta migración puedan ordenarse entre ellos”, expuso.

Y en Chile, la “situación migratoria irregular ha precarizado aún más la situación de las personas extranjeras dado que la irregularidad tiene que ver con que no tienes los papeles en regla, y eso quiere decir que no tienes RUT, y si no tienes RUT, en Chile no existes“, lamentó.

Fuente: Cooperativa

Las personas que han ingresado a Chile por paso no habilitado sólo desde enero a julio del 2021 ascienden a 23.673, según los datos entregados por la PDI al Servicio Jesuita a Migrantes a través de solicitud de Transparencia. Este aumento, se presenta en el contexto de medidas administrativas que restringen el acceso regular, intensificadas por el cierre de fronteras producto de la pandemia por Covid-19 y la crisis humanitaria y política en Venezuela y en otros países de la región como Haití.

La migración es un fenómeno creciente en Chile, en la región y en el mundo. Las cifras oficiales de migración regular no dan cuenta de la realidad en Chile, pues esconden el sustantivo aumento del ingreso de personas por paso no habilitado (IPNH), constante desde el 2010. En dicho año ingresaron 415 personas, luego el 2015 lo hicieron 1.779, en el 2019  lo hicieron 8.048, el 2020 ingresaron 16.848, para llegar con la cifra récord de 23.673  sólo entre enero y julio de 2021 y que podemos proyectar hasta fin de año con un número histórico, sin precedentes y preocupante (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Registros PDI de ingresos por paso no habilitado por año y nacionalidad

De estos ingresos, los que mayor incremento registran desde el 2019 corresponden a las personas provenientes de Venezuela y Haití, ambos países con crisis políticas y sociales de gran envergadura. En cuanto a las personas provenientes de Venezuela, en el 2018 se registraron 101 IPNH y en 2021 sólo hasta julio van 17.914, mientras que desde Haití se registraron 19 en 2018, llegando a 800 hasta el mes de julio (Ver Gráfico 1). También llama la atención el número de ingresos en ciudadanos bolivianos en el primer semestre 2021 (Ver Tabla 1).

Estos registros, construidos por el Área de Estudios del SJM, a partir de los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI) a través de Transparencia, sólo consideran el registro de personas que se autodenuncian y las que son fiscalizadas (y denunciadas) por la institución, pero no dan cuenta del creciente número de personas que ingresan sin pasar por alguno de estos mecanismos y permanecen “invisibles” para la institucionalidad y políticas del país, sin documentación. Esa cifra, que no ha podido ser sujeta a medición, aumenta de la mano del incremento en las medidas restrictivas con  expulsiones masivas e ilegales, como también por la falta de respuestas institucionales. 

“Desde la experiencia del SJM y organizaciones sociales que abordan la situación de personas migrantes en situación de altísima vulnerabilidad, podemos decir con seguridad que ellas y ellos no caminan cientos de kilómetros desde sus países de origen “por gusto”; muchos, hoy abandonados con sus familia en terminales, calles o plazas en varias de nuestras ciudades, arriesgaron sus vidas para obtener seguridad y/o sobrevivir aquí y hoy buscan reunirse con familiares o encontrar trabajos. Si no enfrentamos esta situación, de manera directa, articulando respuestas regionales y coordinadas que den cauce a esta demanda humanitaria y ocupando los instrumentos que poseemos para el ingreso regular, sólo empeorarán las condiciones de vulnerabilidad y contaremos más personas migrantes fallecidas en el camino”, señala Waleska Ureta, Directora Nacional de SJM. 

Todos queremos una migración segura, ordenada y regular

Para alcanzar una migración segura, regular y ordenada, como es deseo del país y del SJM, es necesario enfrentarla con medidas distintas a las expulsiones, que de manera efectista estigmatizan a las personas migrantes, disminuyen las autodenuncias en la PDI y empeoran la convivencia.

Como SJM, creemos que parte de las medidas inmediatas que es posible adoptar son aquellas que la actual legalidad entrega al Estado de Chile y que hoy no están subutilizadas: el otorgamiento de las Visas de Reunificación Familiar, las Visas de Responsabilidad Democrática  y el reconocimiento del Refugio (especialmente para Venezolanos). Todas ellas permiten una migración segura, ordenada y regular.

Las visas consulares implementadas desde 2018 hasta hoy, han tenido una baja tasa de aceptación en cuanto al total de solicitudes. Si bien esto se ha intensificado con el cierre de fronteras debido al Covid-19 era algo que se venía dando con anterioridad. Así, a junio 2020, si bien la Visa de Reunificación Familiar para personas haitianas presenta un 84% de aceptación, la Visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos/as expone solo un 14% de aceptación. Las visas consulares de turismo para haitianos, presentan un 12% de otorgamiento en relación al total de solicitudes, y el que se comenzó a exigir desde junio 2019 a personas venezolanas muestra también un 12% de aceptación.

“A corto plazo, corresponde enfrentar la migración como un fenómeno que es permanente y de interés regional, utilizando las herramientas diplomáticas, para generar instancias de coordinación con las autoridades regionales y para compartir acciones conjuntas, de manera que se respeten los derechos humanos de todas las partes y se aborden las causas que están provocando la migración. Asimismo, es imperante que Chile adscriba al Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular. Urge que nos hagamos cargo, como ya lo ha hecho Colombia, de una situación humanitaria que afecta a otros países y que provoca una migración forzada que debe ser entendida como tal. Por último, y frente a la escasa información pública para dar una solución a las consecuencias de la migración irregular, instamos a que el Gobierno convoque a los actores locales a establecer soluciones de corto, mediano y largo plazo para abordar las situaciones humanitarias que conlleva esta migración irregular”, sentenció Waleska Ureta.

Tabla 1. Registros PDI de Ingresos por pasos no habilitados* entre 2010 y julio 2021, según año y nacionalidad.

Fuente: Análisis realizado por el Área de Estudios de SJM a partir de datos solicitados por transparencia a la Policía de Investigaciones (PDI).  
Nota:. * Cifra refleja la cantidad de denunciados a la autoridad administrativa producto de ingreso irregular (infracción artículo N°69 de Ley de Extranjería), ya sea por flagrancia, fiscalizaciones o autodenuncia. Así, el ingreso puede haber sido en una región distinta a la de la denuncia.

Análisis de la Subsecretaría del Interior da cuenta de que en 2021 ingresaron a Chile 2.444 personas de esta nacionalidad, mientras que 3.534 abandonaron el país. El gobierno atribuye esta tendencia a un problema de expectativas.

Si hace algunos años el ingreso de inmigrantes haitianos era una constante, donde algunas aerolíneas hacían hasta cuatro vuelos por mes desde República Dominicana transportando personas desde Haití, hoy, el panorama parece haber cambiado.

Así da cuenta un análisis de la Subsecretaría del Interior, el que revela un explosivo éxodo de personas de esta nacionalidad que estaban avecindadas en Chile. Esto mediante un comparativo de ingresos y salidas del 2021, respecto del año pasado.

El reporte del gobierno que estudia los flujos migratorios durante este año en el país sostiene que “es importante apreciar que los pasajeros haitianos salidos de territorio nacional aumentaron en un 81% este año, en comparación con 2020”.

Si en 2020 ingresaron 2.156 personas de nacionalidad haitiana al país, y salieron 1.953, este año entraron a Chile 2.444 personas, pero decidieron irse 3.534. Es decir, se fueron más de los que llegaron.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explica que “hay varios factores que pueden ser determinantes para este fenómeno, pero estamos viendo que a muchas personas, por falta de información o incluso por información errada, se les dice que las oportunidades son muy amplias en nuestro país. Sin embargo, esas expectativas se ven frustradas para muchos de ellos en Chile”.

Galli cree que “eso pudo haber ocurrido de manera más exageradamente aún por la pandemia. Muchas de estas personas pueden haber tenido trabajos informales, lo que implicó que cuando se tomaron decisiones restrictivas de movilidad o de cuarentenas, sus trabajos se precarizaron aún más”.

Wilmer Petit, expresidente de la organización sociocultural de los haitianos en Chile, lleva cuatro años en el país y cuenta que “muchos están saliendo por el retraso en la obtención de documentos. Hay muchos de quienes dejaron el país que solicitaron su visa definitiva hace más de dos años”.

El análisis estadístico de Interior coincide con el del Servicio jesuita a Migrantes (SJM). Si bien la información del organismo es hasta abril de este año, el flujo migratorio, en relación a las personas de nacionalidad haitiana, también es negativo, algo que no se da con otras nacionalidades.

En ese sentido, la información del SJM registra que en el caso de migrantes colombianos, entre enero y abril de este año ingresaron 32.782 personas y salieron 20.181. Misma tendencia ocurre con bolivianos, peruanos y venezolanos, y esta tendencia se quiebra, justamente, con los migrantes haitianos.

Carlos Figueroa, director de incidencia y estudios en SJM, advierte que las cifras, tanto del gobierno como las propias, “subvaloran las salidas reales de personas que cruzan la frontera. Porque los testimonios más recientes que tenemos es que los aviones que están llegando a Arica, donde van muchas personas de origen haitiano, se bajan en esa ciudad y no necesariamente cruzan por pasos legales saliendo de Chile“.

Además, agrega que en 2019 ingresaron al país 7.515 ciudadanos haitianos y salieron 10.478. Para Figueroa este es un fenómeno que viene desde ese entonces, pero que hoy ha adquirido más fuerza: “La comunidad haitiana ha tenido mayores dificultades de inclusión que personas que provienen de otros países, esto principalmente por el racismo en Chile. La discriminación en el área laboral lleva a situaciones contractuales y laborales bastante peores. Esto, sumado al proceso de inclusión cultural”.

Ingreso ilegal a la baja
Entre septiembre y octubre del 2020 se registró el “peak” más alto de ingreso ilegal de migrantes por el paso Colchane, comuna ubicada en la Región de Tarapacá, en la frontera con Bolivia. Durante esos meses arribaron a suelo chileno 2.489 personas, según cálculos de Interior.

Desde entonces -y especialmente cuando se instaló un control más fuerte con el denominado Plan Colchane, a inicios de este año- comenzó una sostenida baja en el ingreso ilegal de extranjeros.

Así, durante este 2021, en promedio, ingresaron 529 migrantes por pasos ilegales, cada mes, en Colchane, paso que concentró el 90% de la entrada de extranjeros.

El subsecretario Galli valora la baja de ingresos y explica que “dado que hemos informado adecuadamente y aumentado los controles, la cantidad de ingresos ha presentado una tendencia a la baja. Esto se suma a que hemos sido bastante explícitos en manifestar que quienes no cumplan con la regularización oficial deberán enfrentar un proceso de expulsión por vía administrativa”.

REACCIONES

“Se les dice que las oportunidades son muy amplias, pero esas expectativas se ven frustradas”.
JUAN FRANCISCO GALLI, SUBSE. DEL INTERIOR.

“Muchos están saliendo por el retraso en la obtención de documentos”.
WILMER PETIT, CIUDADANO HAITIANO.

“La comunidad haitiana ha tenido mayores dificultades de inclusión, a diferencia de otras”.
CARLOS FIGUEROA, JEFE DE ESTUDIOS DEL SJM.

Fuente: La Tercera